Difusión de un beneficio público y su tasa de uso

Qué es

La tasa de uso de un beneficio público —take-up rate en la literatura— es la razón entre quienes efectivamente lo usan y quienes tienen derecho a usarlo. El numerador suele estar bien medido, porque el propio programa lo registra: atenciones, solicitudes, causas ingresadas. El denominador casi nunca se observa: hay que construirlo. Ahí se juega todo.

El modelo estándar de participación es simple. Una persona usa el beneficio si el valor esperado que le atribuye supera el costo de obtenerlo, y ese costo tiene tres capas: informacional (enterarse de que el beneficio existe, entender si uno califica), de transacción (formularios, traslados, esperas, tiempo de trabajo perdido) y psicológico (estigma, o el temor a que reclamar deje una marca frente al organismo con el que se está en conflicto). Moffitt (1983) formalizó el tercero; Stigler (1961) había establecido antes que la información es un bien costoso y que buscarla es una decisión económica más.

La capa informacional tiene una propiedad que la distingue de las otras dos: cuando es la que falla, la persona nunca llegó a evaluar el trade-off. No es que haya comparado costo y beneficio y desistido; es que el beneficio no estaba en su conjunto de opciones. Esto rompe el supuesto que permite leer preferencias a partir de conductas. La inferencia de preferencia revelada —"no lo usó, luego no lo valoraba"— exige que la opción estuviera disponible y fuera conocida. Sin difusión, ese supuesto no se cumple, y la baja demanda observada deja de ser evidencia sobre la necesidad.

Currie (2006) documentó que el uso incompleto es la regla y no la excepción en programas sociales, incluso en beneficios de monto alto y trámite acotado. Bhargava y Manoli (2015) aportaron la evidencia más limpia: sobre personas que ya eran elegibles y ya habían sido notificadas, un rediseño de la carta —más clara, más corta, con el monto explícito— elevó de manera sustantiva la tasa de reclamo. Lo que faltaba no era voluntad ni dinero: era comprensión.

Hay un matiz importante y a menudo omitido. Nichols y Zeckhauser (1982) mostraron que la fricción puede ser deliberada: cuando el Estado no observa la necesidad, imponer un costo de acceso funciona como filtro de autoselección, porque solo persevera quien más lo valora. El argumento es sólido, pero tiene una condición de validez estricta: el filtro debe ordenar por necesidad. Un trámite opaco no ordena por necesidad, ordena por sofisticación administrativa —educación, contactos, tiempo disponible, capacidad de leer una web estatal—, que suele correlacionar en la dirección exactamente contraria a la que el programa busca atender. Herd y Moynihan (2018) llamaron a esto carga administrativa y mostraron que opera como política pública encubierta: se decide a quién se atiende sin decidirlo explícitamente en ninguna parte.

De ahí la consecuencia presupuestaria. La difusión no es marketing anexo a un servicio público: es un insumo de producción. Un programa con costo fijo alto y costo marginal bajo por atención tiene, si está infrautilizado, un costo medio por usuario altísimo, y esa cifra se usa después para argumentar que no vale la pena. El circuito se cierra solo: sin difusión hay poco uso, el poco uso se lee como poca necesidad, y la poca necesidad justifica recortar —empezando por la difusión.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 7 de agosto de 2026, en el tema "Un derecho que se desconoce no se ejerce: la falla está en la difusión", Pepe Arias hizo el movimiento más económico posible con el dato más barato que tenía a mano: se usó a sí mismo como observación.

"yo que soy economista, soy una persona relativamente informada, yo no tenía idea que existía esta cuestión"

El argumento no es anecdótico, aunque lo parezca. Arias se ubica en el extremo favorable de la distribución —profesión afín, exposición diaria al tema, hábito de leer normativa— que es exactamente el perfil que el diseño del servicio da por supuesto que se va a enterar. Si ese extremo no se enteró, la cobertura informacional del resto de la distribución difícilmente sea mejor.

Sobre esa base rechazó la comparación fácil: los 6.657 requerimientos en cuatro años no se comparan consigo mismos —contra el año anterior, contra la meta de gestión—, sino contra el universo de personas que tuvieron alguna interacción conflictiva con SII, Aduanas o Tesorería. Es, literalmente, la exigencia de construir el denominador antes de interpretar el numerador. Y el corolario que dejó planteado es el que da nombre al concepto: sin difusión, la baja demanda del servicio se lee equivocadamente como baja necesidad.

Relación con otros conceptos

El fenómeno es una aplicación directa de las asimetrías de información y de los costos de búsqueda: el beneficio existe, pero la información sobre él está mal distribuida y adquirirla cuesta. Se conecta con los errores de focalización, donde la discusión pública suele fijarse en el error de inclusión (quien recibe sin corresponderle, visible y escandalizable) e ignorar el de exclusión (quien corresponde y no recibe, invisible por construcción); la tasa de uso es justamente la medida del segundo. Del lado del comportamiento, emparenta con los defaults y la inercia —la conducta cambia enormemente según qué pasa si uno no hace nada— y con la atención limitada, que trata la saliencia como recurso escaso. Finalmente, toca la estructura de costos de la provisión pública: costo fijo alto y costo marginal bajo implican que el rendimiento social de un peso gastado en difusión puede superar al de un peso gastado en capacidad instalada.

Fuentes y lecturas

• Currie, J. (2006), "The Take-Up of Social Benefits", en Auerbach, Card y Quigley (eds.), Poverty, the Distribution of Income, and Public Policy, Russell Sage Foundation.
• Nichols, A. L. y Zeckhauser, R. J. (1982), "Targeting Transfers through Restrictions on Recipients", American Economic Review 72(2).
• Moffitt, R. (1983), "An Economic Model of Welfare Stigma", American Economic Review 73(5).
• Bhargava, S. y Manoli, D. (2015), "Psychological Frictions and the Incomplete Take-Up of Social Benefits: Evidence from an IRS Field Experiment", American Economic Review 105(11).
• Herd, P. y Moynihan, D. (2018), Administrative Burden: Policymaking by Other Means, Russell Sage Foundation.