Violencia como costo para la inversión productiva

Qué es

La violencia sostenida —terrorismo, sabotaje, extorsión, usurpación de tierras— no solo destruye activos de manera directa (maquinaria quemada, caminos cortados, cosechas perdidas). Funciona también como un impuesto implícito sobre la inversión: eleva el riesgo percibido de cualquier proyecto en la zona afectada, lo que sube la tasa de descuento que los inversionistas exigen para comprometer capital ahí. Con flujos de caja esperados iguales, un mayor riesgo político reduce el valor presente del proyecto, y proyectos que antes eran rentables dejan de serlo en el margen. Alesina y Perotti (1996) mostraron econométricamente este mecanismo: la inestabilidad sociopolítica no reduce la inversión porque destruya capital de forma directa, sino porque aumenta la varianza de los retornos esperados, y esa incertidumbre castiga la decisión de invertir incluso cuando el retorno promedio esperado no cambia.

Ese impuesto no se paga por igual. Las grandes empresas pueden diversificar geográficamente: si una región se vuelve inviable, trasladan capital, maquinaria y decisiones de plantación a otra jurisdicción —dentro o fuera del país— y siguen operando con su cartera de activos repartida. Las pymes, los contratistas y los intermediarios que dependen de un solo territorio no tienen esa opción de salida: su capital, su clientela y su capital humano están hundidos ahí. El resultado es que la violencia termina operando como un impuesto regresivo dentro de una misma cadena productiva, que golpea más duro a quien menos margen tiene para escapar de él.

Hay una segunda capa, más estructural: la violencia sostenida erosiona la seguridad de los derechos de propiedad, y la seguridad de los derechos de propiedad es la precondición que sostiene cualquier decisión de inversión de largo plazo. Knack y Keefer (1995) documentaron con datos de un panel amplio de países que las medidas de seguridad de los derechos de propiedad y de cumplimiento de contratos explican una parte sustancial de la variación en inversión y crecimiento entre economías, más que variables tradicionales como la escolaridad. Cuando un activo productivo —un predio forestal, un camión, una planta— puede ser incendiado o usurpado sin que exista un mecanismo efectivo de protección o reparación, ese activo deja de rendir como un activo seguro y empieza a rendir, en la práctica, como una opción con riesgo de pérdida total. North (1990) formalizó esta idea dentro de la economía institucional: las instituciones que garantizan derechos de propiedad y bajan los costos de transacción son la base sobre la que se apoya la acumulación de capital; sin ellas, la inversión productiva de largo plazo simplemente no ocurre, o migra hacia jurisdicciones donde sí existen.

El caso más estudiado de este fenómeno es el del País Vasco durante el terrorismo de ETA. Abadie y Gardeazabal (2003), usando la técnica del control sintético —construir una región "gemela" a partir de un promedio ponderado de otras regiones españolas sin terrorismo, para comparar la trayectoria real contra la trayectoria que habría tenido sin violencia—, estimaron que el PIB per cápita vasco quedó cerca de un 10% por debajo de su trayectoria contrafactual durante el período de mayor intensidad terrorista, con una salida de capital medible hacia otras regiones de España. Es el mismo mecanismo que describe el episodio del programa sobre Arauco, aplicado a otra industria y otro país.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 25 de septiembre de 2026 (btm-2026-09-25), sobre la violencia terrorista y el éxodo de la industria forestal en la provincia de Arauco, Cristián Grolmus describió exactamente este mecanismo de salida diferenciada por tamaño de empresa. La violencia sostenida desde alrededor de 2012 —agravada desde 2018 y con un pico en 2022— provocó la salida de las grandes empresas forestales, mayoritariamente hacia Brasil, y el colapso de contratistas, camioneros, turismo y agricultura en Contulmo y en la provincia en general. Grolmus lo resumió así: "las empresas forestales, la mayoría se han ido a Brasil y los productores, los intermediarios, digamos, las pymes, etcétera," quedan expuestos sin la salida que sí tuvieron las grandes compañías. El punto que subraya el episodio es precisamente la asimetría: el golpe recae con más fuerza sobre las pymes y los intermediarios que sobre las grandes empresas, porque estas últimas pueden reubicar su capital hacia otro país mientras que un contratista de Contulmo no tiene dónde reubicarse.

Relación con otros conceptos

Este mecanismo se apoya en la noción de prima de riesgo o tasa de descuento ajustada por riesgo político, la variable a través de la cual la inseguridad se traduce en menos proyectos rentables sin que cambie el retorno esperado bruto. Está también directamente conectado con la seguridad de los derechos de propiedad como precondición institucional de la inversión, y con los costos de transacción que la economía institucional identifica como determinantes de dónde se acumula capital y dónde no. Finalmente, se relaciona con la idea de economías de escala y diversificación de cartera geográfica: la capacidad de una empresa grande para repartir el riesgo entre distintas jurisdicciones es, en el fondo, la misma lógica de diversificación que reduce el riesgo no sistemático de un portafolio financiero, aplicada a activos productivos reales.

Fuentes y lecturas

• Abadie, A. y Gardeazabal, J. (2003), The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country, American Economic Review, 93(1), 113-132.
• Alesina, A. y Perotti, R. (1996), Income Distribution, Political Instability, and Investment, European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
• Knack, S. y Keefer, P. (1995), Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics, 7(3), 207-227.
• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
• Collier, P. y Hoeffler, A. (2004), Greed and Grievance in Civil War, Oxford Economic Papers, 56(4), 563-595.