Asimetría de poder entre el Estado y su proveedor

Qué es

La asimetría de poder entre el Estado y su proveedor describe una relación contractual en que una de las partes concentra al mismo tiempo tres cosas que en un mercado normal están repartidas: es el comprador dominante, escribe las reglas del contrato y administra la potestad de fiscalizar y sancionar a su contraparte. No es una negociación entre iguales, sino un vínculo en el que un lado puede alterar de hecho los términos —pagando tarde, por ejemplo— y el otro solo puede reclamar ante el mismo organismo del que depende su facturación futura.

El primer componente es de manual. Joan Robinson (1933) bautizó monopsonio al mercado con un único comprador, capaz de empujar el precio por debajo del competitivo simplemente restringiendo lo que compra. En varios segmentos —infraestructura vial, alimentación escolar, insumos hospitalarios, servicios informáticos de gobierno— el Estado no es un comprador más: es prácticamente el único al que se le puede vender ese producto.

El segundo componente es más sutil y explica por qué el proveedor no se va aunque le convenga. Es el problema del hold-up, formalizado por Klein, Crawford y Alchian (1978) y desarrollado por Williamson (1985): cuando una parte invierte en activos específicos —certificaciones, personal dedicado, maquinaria que solo sirve para ese contrato— esa inversión queda hundida, y con ella aparecen cuasi-rentas que la contraparte puede apropiarse después, renegociando condiciones que nunca habría aceptado antes de firmar. Grossman y Hart (1986) mostraron que, con contratos necesariamente incompletos, quien conserva el derecho residual de decisión es quien manda en todo lo que el contrato no previó. El plazo efectivo de pago es justamente eso: algo que el papel fija y la práctica decide.

El tercer componente es el que convierte la asimetría en estructura permanente: el mecanismo de sanción exige que lo active la parte débil. Un monopsonista privado que paga tarde puede ser demandado, pierde reputación y arriesga que sus proveedores lo abandonen. Aquí, en cambio, denunciar tiene un costo esperado alto y un beneficio incierto. Hirschman (1970) describió las dos salidas de quien está insatisfecho: exit (irse) y voice (reclamar). El proveedor del Estado tiene ambas bloqueadas —irse significa renunciar al comprador más grande del país; reclamar significa quedar anotado para la próxima licitación—, así que el equilibrio es el silencio. Lo que parece lealtad es una restricción.

La traducción financiera es directa y es lo que hace caro el fenómeno. Un pago que llega a 42 días en vez de 30 es un préstamo forzoso de 12 días a tasa cero. Petersen y Rajan (1997) documentaron que el crédito entre empresas cumple funciones legítimas, pero aquí opera al revés de lo eficiente: el deudor de menor costo de fondeo de toda la economía —el fisco, que se financia a tasa soberana— se financia con el acreedor de mayor costo, la pyme que cubre ese calce girando en una línea comercial o factorizando la factura con descuento. No es solo una transferencia entre partes: es financiamiento asignado a quien peor puede prestarlo, y por eso hay pérdida neta, no solo redistribución.

Y el ahorro del comprador es en buena medida ilusorio. En la teoría de compras públicas de Laffont y Tirole (1993), el oferente incorpora en su precio todo costo esperado, incluido el financiero; quien puede, sube la oferta, y quien está restringido de crédito directamente no se presenta. Menos competencia en la licitación se paga después, en el precio adjudicado.

Cómo lo explicó el programa

En btm-2026-08-17, bajo el tema "El Estado es el peor pagador de Chile y el costo lo asumen los privados", el panel puso los números sobre la mesa: ChileCompra compró US$17.643 millones en 2024 y paga en promedio a 42 días, pese a que la ley 21.131 fija un máximo de 30. Esos 12 días de exceso equivalen a unos $58 mil millones de pesos anuales (cerca de US$60 millones) de costo financiero traspasado a los proveedores.

Pepe Arias apuntó al núcleo del asunto, que no es el atraso sino quién puede exigirle a quién: "hay una simetría gigante entre un señor que te dice o me pagas o te bloqueo... y paga cuando quiere". La observación es exacta como diagnóstico económico. El mismo aparato que puede bloquear la facturación electrónica de una empresa que no entera el IVA —una sanción automática, inmediata y que no requiere juicio— incumple su propio plazo legal de pago sin consecuencia equivalente. La sanción en una dirección está automatizada; en la otra, depende de que la víctima reclame y sobreviva a las represalias comerciales de hacerlo. Esa diferencia en el costo de hacer valer el derecho, no la diferencia de tamaño, es lo que constituye la asimetría.

Relación con otros conceptos

Se apoya directamente en el poder monopsónico y en el poder de negociación de los mercados bilaterales. Su mecánica interna es la de los contratos incompletos y la especificidad de activos, y su consecuencia para la empresa se lee en el capital de trabajo y el ciclo de conversión de efectivo: el plazo de cobro es un componente del capital inmovilizado tan real como el inventario. Conecta con el crédito de proveedores como fuente de financiamiento involuntario, con la restricción de crédito de las pymes (que determina cuánto duele el mismo atraso a distintas empresas) y con la selección adversa en licitaciones, donde el retraso esperado filtra a los oferentes antes de que se abran los sobres. Por último, toca el riesgo de contraparte soberano: la paradoja de que el deudor con menor probabilidad de no pagar es, a la vez, el que peor cumple cuándo paga.

Fuentes y lecturas

• Robinson, J. (1933), The Economics of Imperfect Competition, Macmillan. El origen del concepto de monopsonio.
• Klein, B., Crawford, R. y Alchian, A. (1978), "Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process", Journal of Law and Economics 21(2). El paper seminal del hold-up.
• Williamson, O. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press. Especificidad de activos y gobernanza contractual.
• Hirschman, A. (1970), Exit, Voice, and Loyalty, Harvard University Press. Por qué el descontento se vuelve silencio cuando salir es caro.
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press. El marco estándar de compras públicas.
• Petersen, M. y Rajan, R. (1997), "Trade Credit: Theories and Evidence", Review of Financial Studies 10(3).
• Ley N° 21.131 (2019), Establece pago a treinta días, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.