Centralización de las compras públicas

Qué es

La centralización de las compras públicas consiste en trasladar la decisión de adquirir bienes y servicios desde cada organismo que los usa hacia una unidad compradora única, o hacia un instrumento que agrega la demanda de muchos organismos en un solo contrato. No es una decisión binaria sino un continuo: se puede centralizar el catálogo, el contrato marco, la evaluación técnica, el pago, o el acto de compra completo. En Chile conviven varios grados de ese continuo —la plataforma y los convenios marco administrados por ChileCompra bajo la Ley 19.886, y la compra consolidada de medicamentos e insumos para el sistema público de salud— junto a una enorme masa de compras que sigue decidiéndose en cada servicio.

El argumento a favor descansa en tres economías. Primero, la de escala en el mercado: un comprador que agrega la demanda de cien hospitales negocia un precio unitario que ninguno de ellos obtiene por separado; es poder de monopsonio ejercido a favor del fisco. Segundo, la economía de escala en la capacidad administrativa: licitar bien es caro, exige abogados, ingenieros y analistas de mercado, y un país no tiene ese equipo replicado en cada municipio. Tercero, la estandarización: contratos, bases y criterios de evaluación idénticos reducen el espacio de discrecionalidad donde suele alojarse el favor.

Esa tercera economía es la que conecta con el control de la corrupción, y la evidencia empírica más citada matiza el punto. Bandiera, Prat y Valletti (2009) separaron el sobreprecio del gasto público italiano en desperdicio pasivo —el que nace de la incompetencia y de la falta de incentivos para buscar el mejor precio— y desperdicio activo, el que produce un beneficio privado para quien decide. Encontraron que el grueso del sobrecosto era pasivo, lo que fortalece el caso por una agencia central experta: buena parte del problema no era gente robando, sino gente comprando mal.

Contra eso operan dos costos, uno informacional y otro de economía política. El informacional es el más antiguo de la disciplina: el conocimiento relevante para decidir está disperso y es local, y no existe en forma agregable para una autoridad central, como planteó Hayek (1945). Quien va a usar el insumo sabe qué versión sirve, qué proveedor cumple los plazos y qué especificación aparentemente equivalente en realidad no lo es. Ese saber no sobrevive al viaje hasta un pliego escrito por un tercero. La literatura especializada convierte eso en una regla operativa: centralizar rinde en bienes estandarizados, de compra recurrente y calidad verificable, y rinde mal en bienes complejos, idiosincráticos o cuya calidad se observa recién al usarlos (Dimitri, Piga y Spagnolo, 2006). La misma tensión reaparece en el diseño de contratos entre un principal y un agente con información privada que estudian Laffont y Tirole (1993): mientras más lejos está el principal del terreno, más renta informacional tiene que ceder para conseguir esfuerzo y calidad.

El costo de economía política es el que interesa aquí. Centralizar reduce la cantidad de puntos de decisión capturables, pero aumenta el premio de capturar cada uno. Y el gasto que los interesados están dispuestos a hacer para apropiarse de una renta crece con el tamaño de esa renta, no con el número de ventanillas: es el corazón del análisis de búsqueda de rentas de Tullock (1967) y Krueger (1974). A eso se suma un efecto de diseño de subastas: un contrato único y gigantesco reduce el número de oferentes capaces de servirlo, expulsa a los proveedores chicos y facilita la coordinación entre los pocos que quedan (Klemperer, 2004). Un lote grande no solo concentra el poder del comprador; también concentra el del vendedor.

La dirección neta no está resuelta. Shleifer y Vishny (1993) ofrecen el argumento simétrico: una corrupción descentralizada, donde cada funcionario cobra su coima sin internalizar el efecto de las demás sobre la actividad total, puede resultar más gravosa que una centralizada. La conclusión honesta es que la estructura importa más que el nivel: qué se agrega, en cuántos lotes, con qué transparencia y con qué contrapesos sobre el que decide.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 24 de agosto de 2026 de Buenos Días Mercado, el panel tomó exactamente el segundo costo. Willy Díaz sostuvo que sacar la licitación del ámbito de la institución que compra tiene dos efectos encadenados: se pierde la sensibilidad técnica sobre lo que realmente se necesita —el problema del conocimiento local— y se concentra la decisión en muy pocas manos. Su frase fue directa: "le das un poder gigantesco al que toma toda esta licitación y una fuente de corrupción 150 veces más grande". El punto no es que centralizar sea corrupto per se, sino que la reforma pensada para eliminar corrupción menuda en cientos de organismos puede estar creando un premio único, mucho más grande, para quien logre controlar el proceso agregado.

Relación con otros conceptos

El tema es un cruce de varias familias. Con las economías de escala y el poder de monopsonio, que son el beneficio directo. Con el problema del conocimiento disperso, que fija el límite superior de lo centralizable. Con el problema principal-agente y la asimetría de información, que explican por qué el comprador central paga más caro en calidad lo que ahorra en precio. Con la búsqueda de rentas y la captura del regulador, que describen el riesgo que señaló el panel. Y con el diseño de subastas y la colusión entre oferentes, porque el tamaño del lote determina cuántos competidores reales quedan en la mesa.

Fuentes y lecturas

• Hayek, F. A. (1945), The Use of Knowledge in Society, American Economic Review 35(4).
• Shleifer, A. y Vishny, R. (1993), Corruption, Quarterly Journal of Economics 108(3).
• Bandiera, O., Prat, A. y Valletti, T. (2009), Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment, American Economic Review 99(4).
• Dimitri, N., Piga, G. y Spagnolo, G. (eds.) (2006), Handbook of Procurement, Cambridge University Press.
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Klemperer, P. (2004), Auctions: Theory and Practice, Princeton University Press.