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Teoría

Problema principal-agente

Visto en 20 apariciones de los programas.

Qué es

El problema principal-agente aparece cada vez que alguien —el principal— delega una tarea en otro —el agente— cuyas decisiones afectan su bienestar, en un contexto donde los intereses de ambos no coinciden y el principal no observa todo lo que el agente hace. El accionista y el gerente, el ciudadano y el parlamentario, el dueño último de una empresa estatal (el contribuyente) y el ejecutivo que administra la faena: todas son relaciones de agencia.

La formulación económica moderna arranca con Ross (1973), que planteó el asunto como un problema de diseño de contratos bajo información asimétrica, y con Jensen y Meckling (1976), que le pusieron precio. Los costos de agencia son la suma de tres cosas: lo que el principal gasta en monitorear, lo que el agente gasta en dar garantías creíbles de que se portará bien, y la pérdida residual, es decir, el valor que se pierde igual porque ningún contrato alcanza a cerrar la brecha. Ese tercer término es el importante: aun con supervisión diligente y contratos bien escritos, siempre queda plata sobre la mesa. El problema no se elimina, se administra.

Dos fricciones lo sostienen. La primera es el riesgo moral, o acción oculta: el principal observa un resultado, no el esfuerzo. Como el resultado también depende de la suerte —el precio del cobre, la agenda legislativa del momento—, pagar por resultado le traspasa riesgo al agente, y de ahí el trade-off central de toda la literatura, entre potencia del incentivo y seguro. Holmström (1979) mostró que el contrato óptimo debe incorporar cualquier señal que aporte información sobre el esfuerzo, por ruidosa que sea. La segunda fricción es la selección adversa: el principal no conoce el tipo del agente antes de contratarlo, y el mecanismo de selección termina definiendo con quién queda.

Hay un corolario que explica buena parte de lo que se discute en política pública. Holmström y Milgrom (1991) analizaron el caso multitarea: cuando el agente hace varias cosas y solo algunas son medibles, atar la recompensa a lo medible desvía el esfuerzo hacia esa dimensión y deja abandonadas las demás. La conclusión es contraintuitiva y suele ignorarse: cuando lo que de verdad importa es difícil de medir, muchas veces conviene un incentivo de baja potencia —un sueldo fijo— antes que un indicador que se puede inflar sin producir nada.

El caso de la empresa estatal agrega una capa. Berle y Means (1932) describieron la separación entre propiedad y control en la corporación moderna; en el sector público esa separación se estira hasta el límite, porque el principal está diluido en millones de ciudadanos que no pueden vender su participación, no existe un precio de mercado que resuma la calidad de la gestión, y conviven varios principales con objetivos en conflicto —empleo, caja fiscal, desarrollo regional, eficiencia—, lo que debilita cualquier incentivo que se intente instalar.

Cómo lo explicó el programa

El episodio del 29 de julio de 2026 (bdm-2026-07-29) recorrió el problema por dos vías distintas, sin nombrarlo, y llegó a las dos conclusiones canónicas de la teoría.

La primera fue el gasto en asesores de la Cámara de Diputados. Sobre una dieta de $8,2 millones, cada diputado recibe una asignación mensual de $15,3 millones con traspaso libre entre ítems, lo que financia más de mil asesores. Pepe Arias remató el dato con la comparación que ordena todo: «estos mil asesores son más caros que todos los diputados» —más de $1.300 millones mensuales contra los $1.277 millones que cuestan los 155 parlamentarios. La discrecionalidad en el traspaso entre ítems es, en lenguaje de agencia, control sobre el presupuesto sin nadie que soporte la pérdida residual.

De ahí salió el segundo punto, que es multitarea puro: «no hay ninguna correlación entre mayor cantidad de asesores y mayor cantidad de proyectos presentados», señaló Arias — los diputados que lideran en proyectos presentados no aparecen en el ranking de más asesores. El contrapunto del panel es exactamente el que anticipa Holmström y Milgrom: la calidad legislativa se mide ex post y no se puede regular ex ante, así que el único indicador disponible —cantidad de proyectos— es también el más fácil de fabricar. Vale la pena registrar el origen del arreglo: el sistema de asesores nace para suplir la falta de credenciales exigidas a quien postula al Congreso, o sea, es una respuesta a un problema de selección adversa que terminó generando uno de riesgo moral.

La segunda vía fue Codelco, y ahí Willy Díaz dio el diagnóstico en una línea: «el problema de codelco es un problema de gestión no de propiedad». Su propuesta —un socio privado minoritario, del orden de 20 a 30%, con asiento en el directorio— no busca privatizar, sino instalar un monitor con piel en el juego: alguien cuyo propio capital se quema si la disciplina de costos y compras sigue siendo sistemáticamente peor que en las faenas privadas vecinas. Es la solución clásica cuando el principal está diluido: entregarle el rol de supervisor a quien tiene condición de acreedor residual y, por lo tanto, incentivo propio a mirar la letra chica.

Relación con otros conceptos

El problema principal-agente es una aplicación de la información asimétrica, y sus dos formas —riesgo moral cuando lo oculto es la acción, selección adversa cuando lo oculto es el tipo— se cruzan permanentemente, como quedó claro en el origen del sistema de asesores. En la empresa, es el fundamento del gobierno corporativo y de la teoría de los derechos de propiedad: quien recibe el flujo residual es quien tiene el incentivo a vigilar. En el sector público conecta con la teoría de la elección pública y la búsqueda de rentas, que modelan al funcionario y al legislador como agentes con función objetivo propia, y con la captura del regulador. Su primo operativo es la ley de Goodhart: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida — que es precisamente lo que ocurre al evaluar a un diputado por el número de proyectos que presenta.

Fuentes y lecturas

  • Ross, S. A. (1973), «The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem», American Economic Review, 63(2).
  • Jensen, M. C. y Meckling, W. H. (1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure», Journal of Financial Economics, 3(4). DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X
  • Holmström, B. y Milgrom, P. (1991), «Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design», Journal of Law, Economics, & Organization, 7.
  • Milgrom, P. y Roberts, J. (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall (ed. en español: Economía, organización y gestión de la empresa, Ariel).
  • Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1997), «A Survey of Corporate Governance», The Journal of Finance, 52(2).

Apariciones