Compra de votos con recursos públicos

Qué es

La compra de votos es el intercambio de un beneficio material por el apoyo electoral de quien lo recibe. Lo que la vuelve un problema económico —y no solo un reproche moral— es de dónde sale ese beneficio: cuando el pago se financia con recursos públicos, quien decide el gasto se queda con todo el retorno político mientras el costo se reparte entre los contribuyentes, incluidos los que votan en contra. Beneficio concentrado, costo difuso; la asimetría clásica de la política distributiva.

La literatura distingue varias formas que se parecen en la superficie y funcionan distinto. La compra de votos individual —el operador territorial que entrega un bien a cambio de una preferencia concreta— exige que alguien pueda verificar el voto, y por eso Stokes (2005) la describe como una inversión de la rendición de cuentas: no es el votante el que fiscaliza al político, es la maquinaria la que fiscaliza al votante. El voto secreto vuelve ese contrato inexigible, lo que empuja el fenómeno hacia formas más baratas de sostener: comprar participación en vez de preferencia (Nichter, 2008), es decir pagarle a quien ya simpatiza para que vaya a votar. Y a nivel agregado, dirigir transferencias a grupos identificables: al núcleo propio, que es más fácil de leer (Cox y McCubbins, 1986), o al votante indeciso, que rinde más por peso gastado (Lindbeck y Weibull, 1987; Dixit y Londregan, 1996).

La versión legal y masiva de todo esto es el ciclo político presupuestario: el gasto se expande antes de la elección y se contrae después. Nordhaus (1975) lo modeló con votantes miopes; Rogoff (1990) mostró que el ciclo sobrevive incluso con votantes racionales, porque el gobernante usa el gasto pre-electoral como señal de competencia y la señal solo es creíble si es costosa —o sea, si distorsiona.

Tres consecuencias económicas, en orden de importancia:

La selección se degrada. Si la ventaja del incumbente no viene de administrar mejor sino de tener la llave de la caja fiscal, la elección deja de cumplir su función de filtro. Se elige capacidad de transferir, no capacidad de gobernar.

El erario se comporta como un recurso común. Cada actor con poder de gasto internaliza el beneficio completo de su transferencia y solo una fracción del costo tributario; el resultado de equilibrio es sobre-gasto, no derroche por error (Weingast, Shepsle y Johnsen, 1981). A eso se suma la disipación por competencia: los recursos que los grupos gastan en posicionarse para recibir la transferencia son pérdida pura (Tullock, 1967; Krueger, 1974).

El costo se difiere. Una transferencia hoy es deuda o impuestos mañana, y el calendario electoral sesga sistemáticamente el gasto hacia el presente. Dornbusch y Edwards (1991) documentaron la versión latinoamericana de esa secuencia —expansión, restricción externa, ajuste— en la que el grupo que la política decía beneficiar termina peor que al inicio.

Un punto que se malinterpreta seguido: el tamaño fiscal de la transferencia no mide su eficacia electoral. Las elecciones se deciden en el margen, así que lo relevante es la razón entre el pago y lo que hace falta para mover al votante indeciso, no la razón entre el pago y el PIB. Y opera sobre un votante que, como argumentó Downs (1957), racionalmente no invierte mucho en informarse: un depósito en la cuenta es legible de inmediato; una reforma con beneficios difusos a diez años, no.

La frontera legal es más fina de lo que sugiere el sentido común. El cohecho electoral —tipificado en Chile en la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios— exige condicionalidad: pagar para que se vote de cierta forma. Un bono universal anunciado en campaña tiene el mismo contenido económico y estatus jurídico opuesto, porque nadie puede verificar el intercambio. De ahí que la disciplina efectiva no venga del derecho penal sino de las instituciones presupuestarias: reglas fiscales, consejos autónomos, restricciones al gasto en período electoral.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 10 de septiembre de 2026 (btm-2026-09-10), bajo el tema «Comprar votos con dinero público», el panel separó exactamente las tres capas del problema.

Primero, descartó la magnitud como el punto central: un billón de dólares en una economía de decenas de billones no es, en sí, una cifra que mueva la aguja macro. El problema, argumentaron, es otro: anunciar públicamente un pago condicionado al voto es comprar votos, y en la mayoría de las democracias eso es cohecho y es delito. Pepe Arias lo dijo sin rodeos: "Eso es corrupción absoluta, eso se llama comprar votos".

Segundo, la frontera legal: es defendible precisamente porque se presentará como un bono, no como una condición. Es el mismo hueco que describe la teoría —la condicionalidad inexigible convierte el cohecho en transferencia—.

Tercero, la credibilidad: en la práctica es un saludo a la bandera, porque los republicanos no tienen posibilidad en la Cámara de Representantes. Un anuncio que requiere una aprobación legislativa que no va a llegar es una promesa sin costo para quien la hace, y tanto los mercados como los votantes terminan descontándola.

Relación con otros conceptos

Es una especie dentro del clientelismo, y su versión agregada y legal es el ciclo político presupuestario. La disipación de recursos en la competencia por recibir la transferencia es búsqueda de rentas; la sobre-explotación del presupuesto como recurso compartido es un problema de acervo común. Del lado del votante conecta con el costo cognitivo de informarse en política —un pago es legible, una reforma no— y con el teorema del votante mediano, que explica por qué el gasto se dirige al margen y no al promedio. Del lado del gobernante, con la inconsistencia temporal de la política económica: prometer hoy lo que convendrá incumplir mañana. Y en su desenlace macro, con el populismo macroeconómico y con la restricción presupuestaria intertemporal, que es la que eventualmente cobra la cuenta.

Fuentes y lecturas

• Stokes, S. (2005), Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina, American Political Science Review 99(3).
• Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M. y Brusco, V. (2013), Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics, Cambridge University Press.
• Rogoff, K. (1990), Equilibrium Political Budget Cycles, American Economic Review 80(1).
• Weingast, B., Shepsle, K. y Johnsen, C. (1981), The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics, Journal of Political Economy 89(4).
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.