Control ex post de la ejecución contractual

Qué es

Todo contrato de provisión —una obra pública, un convenio con una fundación, un servicio externalizado— tiene dos momentos de control. El ex ante ocurre antes de firmar: bases de licitación, requisitos de admisibilidad, evaluación de ofertas, adjudicación. El ex post ocurre después: verificar que lo prometido efectivamente se ejecute, con qué calidad y en qué plazo. El control ex post de la ejecución contractual es el conjunto de mecanismos —inspección en terreno, hitos de avance, pagos condicionados, retenciones, auditorías— que operan mientras el contrato está vivo.

La teoría explica por qué el segundo momento pesa más de lo que el diseño institucional suele suponer. Los contratos son necesariamente incompletos: ninguna base de licitación puede enumerar todas las contingencias futuras ni describir cada dimensión de calidad de manera verificable ante un tercero (Grossman y Hart, 1986; Hart y Moore, 1988). Williamson (1979, 1985) sacó de ahí la conclusión operativa: como el papel no puede prever todo, lo determinante deja de ser la alineación de incentivos escrita al firmar y pasa a ser la estructura de gobernanza que administra la relación después. El contrato no es el fin del problema; es el comienzo.

Una vez adjudicado, el problema muta a uno de riesgo moral: el mandante no observa directamente el esfuerzo ni el uso de los recursos del contratista. Holmström (1979) formalizó qué hacer con eso mediante el principio de informatividad: cualquier señal que contenga información sobre la acción del agente —el avance físico medido en terreno, el gasto ejecutado, la asistencia real a un taller— debe entrar en el esquema de pagos. Un pago que solo depende del resultado final declarado ignora toda la información intermedia disponible.

La inspección, sin embargo, cuesta. Townsend (1979) mostró que cuando verificar el estado del mundo es caro, el contrato óptimo no verifica siempre: audita en algunos estados y confía en los otros. De ahí que el control ex post razonable no sea vigilancia continua e indiscriminada, sino verificación concentrada en hitos y muestreo con probabilidad conocida. La disuasión, en la lógica de Becker (1968), es el producto de la probabilidad de detección por la magnitud de la sanción: subir la primera suele ser más barato y más creíble que endurecer la segunda. La evidencia de campo apunta en esa dirección: Olken (2007), en un experimento sobre proyectos viales en Indonesia, elevó la probabilidad de auditoría desde un nivel testimonial hasta la certeza y redujo de manera significativa el gasto faltante, mientras que la participación comunitaria sin dientes técnicos tuvo efectos mucho más acotados.

Queda el problema de quién controla. Un fiscalizador que depende jerárquica o presupuestariamente de quien adjudicó es él mismo un agente capturable: Tirole (1986) modeló explícitamente la colusión entre supervisor y supervisado en jerarquías de tres niveles, y Becker y Stigler (1974) ya habían señalado que la integridad del fiscalizador es un problema de incentivos, no de carácter. Laffont y Tirole (1993) reunieron ambas cosas en el marco estándar de compras públicas y regulación, donde la captura es un costo del diseño y no una anomalía.

Por último, la vía judicial posterior es un mal sustituto del control oportuno. Shavell (1986) describió el problema del deudor insolvente: si al momento de la sentencia el responsable no tiene patrimonio, ni se recupera el daño ni se disuade la conducta. Un contrato con pagos contra hitos, retenciones y boletas de garantía mantiene el dinero del lado del mandante mientras la información se revela; un contrato pagado por adelantado convierte la fiscalización en litigio.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 24 de agosto de 2026, a propósito del episodio de fundaciones que recibieron recursos y no ejecutaron, Willy Díaz desplazó el foco desde el procedimiento de selección hacia lo que ocurre después de firmar: "el mejor contrato licitado es aquel que se controla después de licitar". Su argumento fue que el proceso reglado ex ante importa menos que la verificación en terreno durante la ejecución —revisar permanentemente que se esté usando lo comprometido, hito por hito, y no aparecer cuando ya se entregó el 80% de la obra—. Licitar, entregar y olvidarse es, en sus términos, la receta del resultado conocido.

En el mismo episodio propuso radicar la función fiscalizadora en un tercero técnico independiente —una contraloría, un DICTUC— que defina fases e hitos y disponga inspectores técnicos dedicados a verificar en terreno, con obligación de escalar la desviación y su explicación. Dos condiciones acompañaban la propuesta: que el licitante sepa ex ante exactamente qué le van a controlar, y que el control ocurra mientras hay plata que retener, porque "perseguir después por la vía judicial no recupera las platas". El fundamento de la independencia lo resumió así: "si la licitación fue corrupta la fiscalización hecha desde dentro también va a ser corrupta" —que es, en lenguaje llano, el resultado de colusión vertical de Tirole (1986)—.

Relación con otros conceptos

Este concepto vive dentro del problema del principal y el agente, y específicamente en su rama de riesgo moral: la asimetría de información no desaparece al firmar, se traslada a la ejecución. Se apoya en los contratos incompletos y en los costos de transacción, que explican por qué el papel nunca alcanza. Se cruza con la captura regulatoria, porque un fiscalizador interno tiene los mismos incentivos que el proceso que debía vigilar, y con el diseño de mecanismos, que estudia cómo hacer creíble el compromiso de auditar. En el lado financiero conecta con el financiamiento por etapas —entregar recursos en tramos condicionados es la misma idea aplicada al capital de riesgo— y con las garantías reales, que existen justamente porque la promesa de pagar daños después no vale lo mismo que tener el colateral hoy. La contracara es el costo del control: fiscalizar de más encarece el contrato y ahuyenta oferentes, un trade-off que la literatura de compras públicas trata como problema de diseño y no como dilema moral.

Fuentes y lecturas

• Williamson, O. E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press.
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Holmström, B. (1979), "Moral Hazard and Observability", Bell Journal of Economics, 10(1).
• Tirole, J. (1986), "Hierarchies and Bureaucracies: On the Role of Collusion in Organizations", Journal of Law, Economics & Organization, 2(2).
• Olken, B. A. (2007), "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia", Journal of Political Economy, 115(2).