Costo económico de la inseguridad

Qué es

La inseguridad es un problema económico antes que un problema de crónica policial, y lo es por una razón simple: consumir recursos en protegerse no agrega nada al producto. Se gasta para volver al punto de partida.

El marco moderno arranca con Gary Becker (1968), que trató el delito como una decisión sujeta a incentivos —probabilidad de ser detectado, severidad de la pena, retorno de la alternativa legal— y con eso trasladó la discusión desde la moral hacia el cálculo. Isaac Ehrlich (1973) le puso trabajo empírico al canal de disuasión. La consecuencia incómoda de ese marco es que el óptimo social no es delito cero: es el punto donde el costo marginal de prevenir iguala el daño marginal evitado. Prevenir también cuesta, y ese costo es el objeto de este concepto.

Conviene separar tres capas, porque se confunden todo el tiempo.

La primera son los costos directos: lo robado, lo destruido, el daño a las personas. Parte de esto es transferencia (el bien cambia de manos, no desaparece) y parte es destrucción pura. Es la capa que aparece en las noticias y la menos interesante en términos agregados.

La segunda es el gasto defensivo: guardias, escoltas, cámaras, seguros, blindajes, rejas, rastreo satelital de camiones. Acá está el punto que las cuentas nacionales esconden. Nordhaus y Tobin (1972), al construir su Measure of Economic Welfare, clasificaron este tipo de desembolso como una "necesidad lamentable" y lo restaron del producto: son bienes que se compran no porque mejoren la vida, sino para sostener el nivel de vida que ya se tenía. Un país que duplica su gasto en seguridad privada anota más PIB y no está mejor. Ese es el sentido preciso en que la inseguridad empobrece sin que el termómetro habitual lo registre.

La tercera es la capa de conducta: los viajes que no se hacen, el turno de noche que no se abre, el local que cierra a las siete, la inversión que se posterga. No hay factura que la documente, y suele ser la más grande. Cohen (2005) la trata como el problema central de medición del área, porque exige valorar cosas que nunca ocurrieron.

Por qué esto termina en el precio de los bienes: la seguridad, en su forma pública, es un bien público en el sentido de Samuelson (1954) —no rival y no excluible—, así que el mercado la sub-provee y el Estado es su proveedor natural. Cuando esa provisión falla, no desaparece la demanda: se sustituye por versiones privadas, que son más caras (se pierden las economías de escala del monopolio de la fuerza) y excluyentes (protege a quien puede pagar). Ese gasto entra a la función de costos de cada empresa como cualquier otro insumo, y se traslada a precios en la medida en que la elasticidad de la demanda lo permita. Es un shock de oferta negativo, no un fenómeno monetario: sube el nivel de precios relativos de los bienes intensivos en logística y atención de público, y cae el ingreso real. Sostenido en el tiempo, aparece como menor productividad total de factores, porque se usan más insumos para producir lo mismo.

Hay además un efecto institucional de fondo. Douglass North (1990) argumentó que el costo de hacer cumplir contratos y proteger derechos de propiedad es parte del costo de producir; cuando ese costo sube, se acortan los horizontes, se evita la inversión específica y se prefiere lo líquido y lo movible. Para América Latina, el trabajo coordinado por Laura Jaitman (2017) para el BID estimó el costo agregado del crimen en el orden del 3% del PIB regional, aproximadamente el doble de lo que destinan las economías desarrolladas: no es un rubro marginal, es del tamaño de una política pública mayor.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 21 de agosto de 2026 (btm-2026-08-21), bajo el tema "La seguridad como variable económica: el costo va dentro del precio", Agustín Romero planteó exactamente el mecanismo de sustitución del bien público: "si el Estado no es suficiente la gente se tiene que asegurar, y cómo se asegura, con mayor gasto".

El panel llevó ese punto hasta su consecuencia de precios: lo que el Estado no provee lo compra cada empresa y cada persona —escoltas para camiones, resguardos, cambios de rutina— y ese mayor gasto se incorpora al costo de los bienes, de modo que lo termina pagando el conjunto, incluido quien nunca fue víctima de nada. La observación más filosa fue la tercera capa, la de conducta: hay actividades sociales que sencillamente dejaron de hacerse de noche, y ese cambio se describió como permanente. Es la parte del costo que ninguna estadística de delitos captura, porque consiste en hechos que ya no ocurren.

Relación con otros conceptos

Se apoya en la teoría de bienes públicos (la seguridad es el ejemplo de manual) y en las externalidades negativas: el delincuente no internaliza el gasto defensivo que impone sobre miles de terceros. Enlaza con los costos de transacción, porque encarece verificar, transportar y hacer cumplir; con la prima de riesgo, porque un entorno inseguro eleva el retorno exigido a cualquier proyecto y deprime su valor presente; y con los shocks de oferta y el análisis de precios relativos, que es la vía por la que llega al bolsillo del consumidor. En el largo plazo se expresa como caída de la productividad total de factores y, si empuja actividad hacia el efectivo y lo no registrado, alimenta la informalidad. También erosiona las economías de aglomeración urbanas: la ciudad produce más que la suma de sus partes solo si la gente efectivamente se junta.

Fuentes y lecturas

• Becker, G. S. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy 76(2). DOI: 10.1086/259394
• Nordhaus, W. y Tobin, J. (1972), Is Growth Obsolete?, en Economic Research: Retrospect and Prospect, Vol. 5, NBER.
• Cohen, M. A. (2005), The Costs of Crime and Justice, Routledge.
• Jaitman, L. (ed.) (2017), Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo.
• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.