Estado facilitador versus Estado emprendedor

Qué es

La distinción entre Estado facilitador y Estado emprendedor resume un debate antiguo de la economía política: qué papel debe cumplir el sector público en la innovación, la inversión y el crecimiento.

El Estado facilitador se limita a crear buenas condiciones para que los privados emprendan e inviertan. Sus herramientas son reglas claras y estables, trámites simples, derechos de propiedad seguros, infraestructura básica, educación y un sistema judicial que funcione. Desde esta mirada, el Estado no elige ganadores. Su tarea es remover obstáculos para que el mercado descubra dónde están las oportunidades. Una preocupación central es el costo de la regulación de entrada. Djankov, La Porta, López-de-Silanes y Shleifer (2002) documentaron que el número de procedimientos, el tiempo y el costo para abrir una empresa varían enormemente entre países. También mostraron que una regulación más pesada no se asocia con mejores bienes públicos, sino más bien con mayor corrupción y economía informal. Antes, Hernando de Soto (1986) había descrito para el caso peruano cómo la maraña de trámites empujaba a los emprendedores a la informalidad. En Chile, esta discusión suele aparecer bajo el nombre coloquial de "permisología": la acumulación de permisos sectoriales, ambientales y municipales que alarga y encarece los proyectos de inversión.

El Estado emprendedor, en cambio, asume un rol activo. Invierte directamente en investigación y tecnologías de alto riesgo, crea misiones, financia empresas en etapas tempranas y orienta la dirección del cambio tecnológico. El concepto quedó asociado a Mariana Mazzucato (2013), quien argumentó que muchas tecnologías detrás de productos privados exitosos (internet, GPS, pantallas táctiles, buena parte de la biotecnología) nacieron de inversiones públicas audaces, sobre todo en Estados Unidos. Según su tesis, el Estado no solo corrige fallas de mercado. También crea y moldea mercados, y asume riesgos que el capital privado no está dispuesto a tomar.

La justificación teórica de fondo es conocida. Arrow (1962) mostró que el conocimiento tiene características de bien público: es difícil de apropiar y los inversionistas privados no capturan todo su beneficio social, por lo que el mercado tiende a invertir menos de lo socialmente óptimo en investigación. En la misma línea, Hausmann y Rodrik (2003) plantearon que descubrir qué puede producir rentablemente un país es costoso para el pionero y fácil de copiar para los demás. Eso genera un problema de incentivos que podría justificar algún apoyo público.

Los críticos del Estado emprendedor responden con argumentos de economía política. El Estado no tiene necesariamente mejor información que los privados para elegir sectores o tecnologías. Puede ser capturado por grupos de interés, como advirtió Stigler (1971) en su teoría de la regulación. Además, sus fracasos rara vez se corrigen con la disciplina que impone el mercado. En la práctica, el debate no es binario. La mayoría de los países combina ambos enfoques en distintas proporciones. En Chile, por ejemplo, conviven instrumentos de fomento como los de CORFO con agendas de simplificación regulatoria.

Cómo lo explicó el programa

El tema apareció en el episodio del 9 de octubre de 2026 (btm-2026-10-09), en un bloque dedicado al Estado facilitador y la permisología. Ahí Pelayo Covarrubias tomó partido con claridad por el enfoque facilitador:

"el estado no tiene que ser un estado emprendedor el estado lo que tiene que hacer es facilitarle a los empresarios"

En ese contexto, su argumento fue que el rol público debe ser habilitar el desarrollo de negocios de grandes empresas, pymes y startups. Para eso propuso reducir permisos, simplificar regulaciones y empujar la transferencia tecnológica, es decir, el paso del conocimiento generado en universidades y centros de investigación hacia aplicaciones comerciales. Este último punto es interesante: incluso desde una postura facilitadora, se reconoce un papel público en conectar la investigación con el sector productivo. Ese terreno se acerca a las preocupaciones de quienes defienden un Estado más activo. La diferencia está en quién asume el riesgo y quién toma las decisiones de inversión.

Relación con otros conceptos

El debate se apoya directamente en la teoría de las fallas de mercado, en especial las externalidades positivas del conocimiento y el carácter de bien público de la investigación básica. Esos argumentos justifican cierta intervención estatal. Del otro lado está la noción de falla de Estado o falla de gobierno, que incluye la captura regulatoria y la búsqueda de rentas. Estos problemas advierten que la intervención también puede salir mal.

El concepto se conecta con la política industrial, que es la discusión aplicada sobre si el Estado debe promover sectores específicos, y con la idea de Estado desarrollista asociada a las experiencias de Asia oriental. La crítica a la permisología se vincula con los costos de transacción, las barreras de entrada y la informalidad, porque los trámites excesivos elevan el costo de emprender y reducen la competencia. La transferencia tecnológica se relaciona con los sistemas nacionales de innovación y con la destrucción creativa schumpeteriana, que pone a la innovación empresarial en el centro del crecimiento económico.

Fuentes y lecturas

• Mazzucato, M. (2013), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press. (Edición en español: El Estado emprendedor, RBA, 2014.)
• Djankov, S., La Porta, R., López-de-Silanes, F. y Shleifer, A. (2002), "The Regulation of Entry", Quarterly Journal of Economics, 117(1).
• Hausmann, R. y Rodrik, D. (2003), "Economic Development as Self-Discovery", Journal of Development Economics, 72(2).
• Arrow, K. J. (1962), "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", en The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton University Press / NBER.
• Stiglitz, J. E. (2000), Economics of the Public Sector (3.ª ed.), W. W. Norton. (Edición en español: La economía del sector público, Antoni Bosch.)