Evaluación independiente del impacto económico de las leyes

Qué es

La evaluación independiente del impacto económico de las leyes consiste en que un organismo técnico, que no depende del gobierno de turno ni de los parlamentarios que votan, estime cuánto cuesta un proyecto de ley, a quién beneficia, a quién perjudica y qué efectos tendrá sobre el presupuesto, el empleo, los precios o la inversión. Lo central es que esa evaluación se publica antes de la votación y que la hace alguien que no gana ni pierde nada con que la ley se apruebe.

El problema de fondo lo describe la teoría de la elección pública. Buchanan y Tullock (1962) propusieron analizar a los políticos con los mismos supuestos que a cualquier agente económico: responden a incentivos, y el suyo más inmediato es ganar la próxima elección. Una ley con beneficios concentrados y visibles, y con costos repartidos entre millones de contribuyentes o postergados a gobiernos futuros, es fácil de aprobar aunque su balance total sea negativo. El votante tampoco lo corrige: como planteó Downs (1957), informarse en detalle sobre cada proyecto le cuesta más de lo que gana con eso, porque su voto individual casi nunca decide nada. Es la llamada ignorancia racional. Buchanan y Wagner (1977) usaron esa lógica para explicar el sesgo hacia el déficit en las democracias: gastar da votos hoy, y la cuenta llega después.

La respuesta institucional es la misma que se aplicó a la política monetaria. Kydland y Prescott (1977) mostraron que una autoridad que decide con libertad caso a caso puede terminar en resultados peores que una que se compromete con una regla. Rogoff (1985) agregó que delegar en un agente más "conservador" que la sociedad, como un banco central autónomo, puede mejorar el resultado. Alesina y Tabellini (2007) formalizaron cuándo conviene entregar una tarea a técnicos en lugar de a políticos: cuando el resultado es fácil de medir con criterios técnicos y cuando el incentivo electoral la distorsiona mucho.

En la práctica, la idea toma varias formas:

• Consejos fiscales u oficinas presupuestarias del congreso. El caso más conocido es la Congressional Budget Office (CBO) de Estados Unidos, creada en 1974, que calcula el costo de los proyectos de ley de forma no partidista. En Chile existe el Consejo Fiscal Autónomo, establecido por la Ley 21.148 (2019), que evalúa el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Informes financieros de los proyectos. En Chile, los proyectos con impacto en el gasto llevan un informe financiero de la Dirección de Presupuestos. Ese informe lo prepara el Ejecutivo, que es una de las partes interesadas, y no un organismo independiente.
• Análisis de impacto regulatorio (regulatory impact assessment), que la OCDE promueve para que cada regulación nueva se someta a un análisis costo-beneficio.

La literatura sobre consejos fiscales (Calmfors y Wren-Lewis, 2011) insiste en un límite: estos organismos no deciden. Su poder viene de la transparencia y de la reputación. Le suben el costo político a una mala ley, pero no la vetan.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 6 de octubre de 2026 ([btm-2026-10-06]) un panelista abordó el tema desde una premisa: la política se mueve por lo emocional y no por lo racional. De ahí sacó su propuesta. Si los incentivos del sistema político empujan a aprobar leyes por su atractivo inmediato, la solución es institucional: exigir que toda ley venga acompañada de un informe económico elaborado por un ente independiente, con una autonomía comparable a la del Banco Central.

La frase que resume su postura apunta al núcleo del problema de la elección pública: hay que "desvincular la decisión de los políticos de usar la billetera ajena, eso es clave". La imagen de la billetera ajena recuerda la clasificación de Milton y Rose Friedman (1980) sobre las formas de gastar dinero: quien gasta dinero de otros en beneficio de terceros tiene pocos incentivos para cuidar el monto o para gastarlo bien. Esa es justamente la situación del legislador.

La analogía con el Banco Central tiene sentido teórico. La autonomía monetaria nació para separar una decisión técnica (cuánta inflación tolerar) de la tentación electoral de estimular la economía antes de una elección. El panelista propone extender esa lógica al costo de las leyes.

Relación con otros conceptos

El concepto se apoya en la teoría de la elección pública y en el problema de agente-principal, porque el legislador (agente) maneja recursos de los contribuyentes (principal) con información y objetivos distintos. También se relaciona con la inconsistencia temporal y con el debate entre reglas y discrecionalidad, que en el plano fiscal se traduce en las reglas fiscales y su vigilancia por consejos autónomos.

Es la extensión natural de la autonomía del banco central al ámbito fiscal y regulatorio. Su herramienta técnica es el análisis costo-beneficio, que exige comparar beneficios y costos sociales, incluidos los que no aparecen en el presupuesto, como los costos de cumplimiento para empresas y personas. Por último, ataca el sesgo deficitario y el problema de los costos difusos y beneficios concentrados, que explica por qué los grupos de interés organizados suelen ganarle al interés general.

Fuentes y lecturas

• Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
• Downs, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, Harper & Row.
• Kydland, F. E. y Prescott, E. C. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3).
• Calmfors, L. y Wren-Lewis, S. (2011), "What Should Fiscal Councils Do?", Economic Policy, 26(68).
• Boardman, A., Greenberg, D., Vining, A. y Weimer, D., Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, Pearson (manual estándar, varias ediciones).