Evasión de las reglas de compras públicas mediante corporaciones privadas

Qué es

Cuando el Estado compra con su propio aparato (ministerios, servicios, municipios), el gasto pasa por reglas diseñadas para contener dos riesgos: pagar de más y favorecer a alguien. En Chile esas reglas están en la Ley 19.886 de Compras Públicas y en el sistema ChileCompra: licitaciones abiertas, bases conocidas de antemano, criterios de evaluación explícitos, publicidad de las adjudicaciones y control posterior de la Contraloría. Son reglas lentas y rígidas, y justamente por eso son caras de manipular.

La evasión mediante corporaciones privadas ocurre cuando el Estado transfiere fondos públicos a una entidad de derecho privado (una corporación, una fundación o una sociedad ad hoc) y esa entidad gasta el dinero con reglas propias. El dinero sigue siendo público, pero las compras y contrataciones ya no tienen que licitarse ni publicarse con el mismo estándar, y la rendición de cuentas se debilita. A veces la figura se justifica por razones legítimas, como la agilidad que exige un evento con fecha fija o la necesidad de contratar talento con sueldos de mercado. El problema aparece cuando esa flexibilidad se paga con la trazabilidad del gasto.

La teoría económica ayuda a entender por qué este arreglo tiende a salir caro:

• Problema de agencia. El contribuyente (principal) delega el gasto en un agente cuyas acciones no observa por completo. Jensen y Meckling (1976) formalizaron cómo los costos de agencia crecen cuando cae la capacidad de monitoreo. Sacar la compra del régimen público reduce justamente ese monitoreo.
• Información asimétrica en las adquisiciones. Laffont y Tirole (1993) mostraron que el comprador público enfrenta proveedores que saben más que él sobre sus costos. Las reglas de licitación son, en buena parte, un mecanismo para extraer esa información por competencia. Sin ellas, la renta informativa queda en manos del proveedor.
• Captura y rentas. Rose-Ackerman (1999) describe cómo la discrecionalidad en el gasto, sumada a poca transparencia, crea espacios para la búsqueda de rentas y la corrupción. No hace falta suponer mala fe: basta con que el diseño institucional no castigue el despilfarro.
• Restricción presupuestaria blanda. Kornai (1986) acuñó el concepto para empresas estatales que saben que el Estado las rescatará si pierden plata. Una corporación que gasta fondos públicos sin reglas y que, ante el déficit, termina con sus deudas asumidas por el fisco opera exactamente bajo esa lógica: no tiene incentivos fuertes para controlar costos.

Hay un matiz importante. La evidencia empírica muestra que buena parte del sobrecosto en compras públicas no viene de la corrupción, sino de la ineficiencia. Bandiera, Prat y Valletti (2009) distinguieron entre despilfarro "activo" (el comprador se beneficia) y "pasivo" (simple mala gestión), y en su estudio sobre compras públicas italianas encontraron que el pasivo pesaba más. Una corporación sin reglas puede malgastar sin que nadie se lleve un peso, y el costo para el contribuyente es el mismo.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 30 de septiembre de 2026 (btm-2026-09-30), dentro del tema "Santiago 2023: las cuentas pendientes", el panel revisó el financiamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Según se expuso, el Estado puso el 98% de los recursos a través del IND, que traspasaba los fondos a una corporación. Esa corporación compraba sin las reglas públicas y no rendía cuentas, pese a que la Contraloría lo había advertido. El resultado que se comentó al aire son $23.700 millones sin respaldo, juicios en curso y proveedores impagos, una cuenta que terminará pagando el contribuyente.

Pepe Arias resumió el mecanismo en una frase: las corporaciones "compran y contratan según su propio parecer, no compran ni contratan con las reglas del Estado".

El caso reúne los elementos del concepto. El dinero era casi todo público y el vehículo era privado. La advertencia del órgano de control existió, pero no tuvo fuerza vinculante sobre el gasto. Y al final el déficit vuelve al fisco, que es la restricción presupuestaria blanda en su forma más pura.

Relación con otros conceptos

El concepto se apoya directamente en la teoría de agencia y en la información asimétrica: las reglas de compras públicas existen para compensar ambas, y evadirlas las deja sin contrapeso. Se conecta con la búsqueda de rentas, porque la discrecionalidad en la adjudicación vuelve valiosos los contratos y atrae esfuerzos por conseguirlos que no crean valor.

También se relaciona con los sobrecostos en megaproyectos públicos. Los eventos con fecha inamovible, como unos juegos deportivos, combinan sesgo de optimismo en los presupuestos con urgencia al ejecutar. Esa urgencia es el argumento típico para "flexibilizar" las compras. En el eje de provisión pública versus privada, Hart, Shleifer y Vishny (1997) mostraron que delegar en privados puede bajar costos, pero a costa de la calidad cuando esta no se puede contratar, y que la elección depende de qué tanto se puede especificar y verificar. Una corporación que gasta fondos públicos sin rendir cuentas se queda con lo peor de los dos mundos: ni la disciplina de la licitación pública ni la disciplina de mercado de una empresa que arriesga su propio capital.

Por último, el tema toca la disciplina fiscal: los pasivos que se acumulan fuera del perímetro presupuestario formal son deuda contingente, que aparece en las cuentas públicas cuando ya no hay nada que hacer.

Fuentes y lecturas

• Jensen, M. y Meckling, W. (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 3(4).
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Rose-Ackerman, S. (1999), Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press.
• Kornai, J. (1986), "The Soft Budget Constraint", Kyklos, 39(1).
• Bandiera, O., Prat, A. y Valletti, T. (2009), "Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment", American Economic Review, 99(4).