Populismo legislativo (buenismo)

Qué es

"Populismo legislativo" o "buenismo" es el nombre coloquial de un fenómeno que la economía política estudia hace décadas: la producción de normas cuyo atractivo descansa en un beneficio visible, inmediato y concentrado, mientras el costo queda diferido, disperso o cargado a un tercero impersonal —"las empresas", "el sistema", "los que tienen más"— que el votante no asocia con la medida ni consigo mismo. No es un término técnico; es la etiqueta popular de un mecanismo bien identificado.

El punto de partida es la asimetría organizativa que describió Olson (1965): un grupo pequeño con mucho en juego se moviliza, mientras la mayoría que paga unos pocos pesos cada una no tiene incentivo para hacerlo. La lógica es más vieja todavía —Bastiat (1850) la formuló como la diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve: el beneficiario del subsidio existe, tiene nombre y sale en la foto; el empleo que no se creó, el crédito que no se otorgó o el precio que subió no tienen rostro y no reclaman.

A esa asimetría se le suma una segunda, sobre la percepción del costo. Puviani (1903) llamó ilusión fiscal al conjunto de arreglos que hacen que el gasto público parezca más barato de lo que es, idea que Buchanan (1967) incorporó a la teoría moderna de las finanzas públicas: cuando la cuenta llega vía deuda, inflación, precios más altos o requisitos regulatorios, y no vía un impuesto explícito, la demanda ciudadana de esa medida es sistemáticamente mayor que si el precio estuviera a la vista. La restricción presupuestaria, sin embargo, no se deroga por ley. Una norma puede cambiar quién paga y cuándo, no si se paga. Y quién paga tampoco lo decide el texto legal: la teoría de la incidencia muestra que un costo impuesto a la empresa se traslada a precios, a salarios o a menos contratación según las elasticidades, no según a quién nombre el artículo primero.

La tercera pieza es la que explica por qué el mecanismo no se corrige solo. Arnold (1990) mostró que para que exista castigo electoral hace falta una cadena de trazabilidad completa: el elector debe percibir el efecto, vincularlo a una acción de gobierno y atribuirla a un legislador identificable. Basta que se corte un eslabón —y el rezago de dos o tres años entre la votación y el daño lo corta casi siempre— para que no haya costo político. En paralelo, Weaver (1986) documentó que los políticos evitan la culpa con más energía que la que ponen en buscar crédito, lo que vuelve especialmente caro oponerse: el rechazo a una medida generosa es visible hoy, y sus consecuencias buenas son invisibles y tardías. Del lado del votante, Downs (1957) explicó la ignorancia racional (informarse cuesta y un voto individual no cambia el resultado) y Caplan (2007) fue más lejos: no es solo desinformación, hay sesgos sistemáticos —contra el mercado, contra el extranjero, a favor de "crear empleos"— que sobreviven porque equivocarse en la urna es individualmente gratis.

Cerrando el cuadro, Kydland y Prescott (1977) dieron el argumento que justifica las reglas: el plan óptimo anunciado deja de ser óptimo cuando llega la hora de ejecutarlo, de modo que las instituciones que atan las manos —autonomía del banco central, reglas fiscales, informes de impacto obligatorios— no son trabas burocráticas sino el reconocimiento de que la discreción bienintencionada tiene un sesgo conocido. Y Dornbusch y Edwards (1991) describieron el ciclo latinoamericano completo del populismo macroeconómico: fase inicial con resultados excelentes, aparición de cuellos de botella, inflación o escasez, y un ajuste final que deja a los mismos grupos que se quería favorecer peor que al comienzo. El punto de ese trabajo no es moral sino secuencial: el buenismo no falla por mala intención, falla porque llega la restricción.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 26 de agosto de 2026, el panel trató directamente el asunto bajo el título del buenismo legislativo y la ausencia de costo político por proponer normas impracticables. Pepe Arias puso el dedo en la ilusión de gratuidad: "el problema de estos buenismos es que a todas luces parecieran ser gratis".

El diagnóstico del programa recorre las mismas etapas que la literatura, en orden. Se instala como costumbre proponer iniciativas que suenan generosas y no parecen costarle a nadie; los técnicos advierten una y otra vez que van a terminar mal; se aprueban igual; y el resultado llega en forma de quiebras de empresas o de inflación, como ocurrió con los retiros de fondos previsionales. Años después aparece el mea culpa, que no repara nada.

Lo valioso del argumento es dónde lo deja: mientras la ciudadanía no atribuya culpa a quien propuso la estupidez, el incentivo a buscar likes por sobre resultados permanece intacto. Eso es exactamente la cadena de trazabilidad rota de Arnold —el problema no es que falte información técnica, que estuvo disponible y publicada antes de votar, sino que la atribución nunca se completa— y explica por qué el mea culpa tardío es funcional al sistema en vez de corregirlo: llega justo cuando ya no puede tener consecuencias.

Relación con otros conceptos

El buenismo es, en el fondo, un problema de restricción presupuestaria intertemporal disfrazado de problema moral. Se conecta con la incidencia tributaria y regulatoria, que responde quién paga de verdad; con la inflación como impuesto no legislado, la forma más silenciosa de cobrar la cuenta; con el ciclo político-económico que formalizó Nordhaus (1975), donde la política macro se calienta antes de la elección; y con la búsqueda de rentas de Tullock (1967), porque el beneficio concentrado atrae recursos gastados en obtenerlo. Del otro lado están sus antídotos: credibilidad, reglas versus discreción, expectativas racionales, prima por riesgo soberano y, en el terreno laboral, informalidad, que suele ser la vía de escape cuando el costo formal sube por decreto.

Fuentes y lecturas

• Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press.
• Kydland, F. y Prescott, E. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3).
• Arnold, R. D. (1990), The Logic of Congressional Action, Yale University Press.
• Dornbusch, R. y Edwards, S. (eds.) (1991), The Macroeconomics of Populism in Latin America, University of Chicago Press / NBER.
• Caplan, B. (2007), The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies, Princeton University Press.