Provisión privada de un servicio financiado con fondos públicos

Qué es

La provisión privada de un servicio financiado con fondos públicos es un arreglo institucional en el que el Estado paga —con impuestos o cotizaciones— un servicio que produce y entrega un tercero: una empresa, una fundación, una cooperativa. La distinción clave es entre financiar y producir, dos decisiones que la teoría de las finanzas públicas trata como separables desde Musgrave (1959). Cruzarlas da cuatro casillas: el Estado puede financiar y producir (un hospital público), financiar sin producir (un bono FONASA cobrado en una clínica), producir sin financiar (una empresa estatal que vende a precio de mercado) o ninguna de las dos. Savas (1987) popularizó ese cuadro como el mapa mínimo para discutir privatizaciones sin confundir cosas distintas.

Que el Estado financie un servicio es una decisión sobre quién paga, y descansa en argumentos de equidad, externalidades o bienes preferentes. Que lo produzca es una decisión sobre quién es más barato y mejor entregándolo, y descansa en argumentos de incentivos e información. Confundir ambas lleva a errores caros en las dos direcciones: creer que subsidiar exige estatizar la producción, o creer que licitar a un privado permite ahorrarse el financiamiento público.

El caso teórico a favor de la provisión privada lo formalizaron Sappington y Stiglitz (1987) con el llamado teorema fundamental de la privatización: bajo competencia perfecta, contratos completos e información simétrica, el Estado puede replicar cualquier resultado que lograría produciendo, simplemente subastando la producción. El valor del teorema no está en su conclusión sino en sus supuestos: enumera exactamente las condiciones cuya ausencia justifica producir en vez de comprar.

El contrapeso moderno viene de la teoría de contratos incompletos. Hart, Shleifer y Vishny (1997) mostraron que un proveedor privado, dueño residual de lo que ahorra, tiene incentivos más fuertes tanto para reducir costos como para innovar que un administrador público. El problema es que ambos incentivos son el mismo incentivo: cuando la calidad tiene dimensiones que no se pueden escribir en el contrato ni verificar ante un tribunal, el privado recorta también en esas. Su ejemplo canónico son las cárceles, donde el ahorro en personal se traduce en violencia que ningún contrato mide bien. La receta que se desprende no es ideológica sino condicional: la provisión privada domina cuando la calidad es especificable y medible, cuando hay competencia real y cuando el usuario puede juzgar lo que recibe; se debilita cuando esas tres cosas fallan.

Ahí aparece la respuesta institucional que suele malinterpretarse en el debate chileno. Hansmann (1980) explicó la empresa sin fines de lucro como un dispositivo frente a la falla de contrato: cuando el que paga no puede verificar la calidad de lo que compra —el caso de una sala cuna, donde el cliente no habla—, la restricción de no distribución de utilidades elimina el incentivo a degradar el servicio para quedarse con la diferencia. La exigencia de "sin fines de lucro" no es, en esa lectura, una condena moral al lucro: es una prótesis contractual, y el segundo mejor de un contrato que no sabemos escribir. Su costo es que también apaga el incentivo a innovar y restringe el capital disponible para expandir la oferta.

El arreglo general —financiamiento público, pluralidad de proveedores, elección del usuario— es lo que Le Grand (1991) bautizó cuasi-mercado. Sus dos patologías conocidas son el descreme (seleccionar a los usuarios más baratos de atender) y la competencia por prestigio en vez de por valor agregado. Chile aportó la evidencia más citada del mundo sobre lo primero: Hsieh y Urquiola (2006) documentaron que la expansión del voucher escolar chileno movió alumnos entre sectores y aumentó la estratificación sin mejoras claras de aprendizaje agregado, resultado que se lee mejor como una advertencia de diseño (qué se paga, a quién se le permite seleccionar) que como un veredicto sobre el instrumento.

En Chile la mezcla ya es la regla más que la excepción: FONASA compra prestaciones a clínicas privadas, la subvención escolar financia colegios de terceros y los jardines infantiles VTF los operan municipios y corporaciones sin fines de lucro con recursos de JUNJI. La Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845, de 2015) cerró esa puerta en un sector específico al exigir que los sostenedores con subvención fueran entidades sin fines de lucro. Ese es el precedente que ordena el episodio de abajo.

Cómo lo explicó el programa

En el BDM del 9 de septiembre de 2026, discutiendo la sala cuna universal, el panel sostuvo que el beneficio vale menos por integrar mujeres al mercado laboral que por lo que hace con los niños: cuidado con estimulación en salas especializadas, en lugar de televisión todo el día, con efectos sobre el desarrollo neurológico. Al explicar por qué el proyecto se había estancado años antes, Juan José Lavín apuntó a la restricción de provisión, no al gasto:

"Se trancó porque no podían participar los privados en abastecer esos servicios, porque de acuerdo a la moda de la época era lucrar con fondos públicos."

La palabra "moda" hace el trabajo: sitúa la prohibición en el clima político de la reforma educacional de mediados de la década pasada y sugiere que se trasladó por analogía desde los colegios a las salas cuna, sin volver a preguntarse si la calidad del cuidado infantil es contratable —que es la pregunta de Hart, Shleifer y Vishny, y la de Hansmann—. El costo de esa restricción no es abstracto: si la oferta pública y la sin fines de lucro no alcanzan a cubrir la demanda, el beneficio universal existe en la ley y no en la sala.

Relación con otros conceptos

Es la contracara de la discusión sobre subsidio a la oferta versus subsidio a la demanda: financiar al proveedor o financiar al usuario para que elija. Se apoya en la teoría de los contratos incompletos y en el problema de agente-principal con calidad no verificable, y hereda de la información asimétrica sus patologías —selección de riesgos y descreme—. Conecta con los bienes preferentes, que explican por qué el Estado financia algo que el mercado subprovee, y con la inversión en capital humano temprano, que da la razón económica de fondo para financiar cuidado infantil. Por el lado del diseño, se cruza con la universalidad versus la focalización y con la titularidad del derecho: quién es elegible y quién elige determinan si la provisión plural amplía cobertura o solo redistribuye a los mismos usuarios entre proveedores.

Fuentes y lecturas

• Sappington, D. y Stiglitz, J. (1987), Privatization, Information and Incentives, Journal of Policy Analysis and Management, 6(4).
• Hart, O., Shleifer, A. y Vishny, R. (1997), The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons, Quarterly Journal of Economics, 112(4).
• Hansmann, H. (1980), The Role of Nonprofit Enterprise, Yale Law Journal, 89(5).
• Le Grand, J. (1991), Quasi-Markets and Social Policy, The Economic Journal, 101(408).
• Hsieh, C.-T. y Urquiola, M. (2006), The Effects of Generalized School Choice on Achievement and Stratification: Evidence from Chile's Voucher Program, Journal of Public Economics, 90(8-9).
• Barr, N. (2012), The Economics of the Welfare State, 5ª ed., Oxford University Press.