Subsidio a la contratación

Qué es

Un subsidio a la contratación es una transferencia estatal —en dinero, en rebaja de cotizaciones o en crédito tributario— que reduce el costo laboral que enfrenta el empleador por cada trabajador que emplea, normalmente dentro de un grupo objetivo (jóvenes, mujeres, cesantes de larga duración) y por un plazo acotado.

La lógica básica es la de cualquier impuesto al trabajo, leída al revés. En un mercado laboral competitivo, el salario que paga la empresa y el que recibe el trabajador coinciden; las cotizaciones, los impuestos y los costos de despido abren una cuña entre ambos. Un subsidio a la contratación cierra parte de esa cuña: el empleador paga menos de lo que el trabajador recibe, la diferencia la pone el fisco, y el empleo de equilibrio sube. Cuánto sube depende enteramente de las elasticidades de oferta y demanda de trabajo: si la demanda es inelástica —las empresas iban a contratar de todos modos— el subsidio se traduce casi íntegramente en mayores utilidades o mayores salarios, no en más puestos. Esta es la aplicación directa del análisis de incidencia tributaria que cualquier manual desarrolla para los impuestos al trabajo (Mankiw, 2020; Blanchard, 2017).

El argumento de eficiencia —el que justifica el subsidio como algo más que una transferencia— descansa en que el empleo genera beneficios que el empleador no captura. El caso mejor documentado es el de la cicatriz del desempleo: períodos largos sin trabajo deterioran habilidades, redes y señales al mercado, de modo que el desempleo de hoy causa desempleo mañana. Phelps (1994) construyó sobre esa idea su defensa del subsidio permanente al empleo de baja calificación, argumentando que el mercado subvalúa la inclusión laboral de los trabajadores menos productivos. Katz (1998) revisó la evidencia estadounidense y encontró que los programas de subsidio focalizado funcionan mejor cuando son pequeños, temporales y están ligados a capacitación.

Contra eso operan tres filtraciones bien identificadas en la literatura de evaluación de programas activos de empleo:

• Peso muerto (deadweight): el empleador recibe el subsidio por contrataciones que habría hecho igual. Es la filtración más grande y la más difícil de medir, porque el contrafactual no se observa.
• Sustitución: la empresa reemplaza a un trabajador no subsidiado por uno subsidiado. El empleo total no cambia; cambia quién lo tiene.
• Desplazamiento: la empresa subsidiada gana participación de mercado a costa de una competidora que no lo está.

Calmfors (1994) sistematizó estos tres canales y mostró que, sumados, pueden reducir el efecto neto de un programa a una fracción de su efecto bruto. Las evaluaciones posteriores fueron consistentes con eso: el metaanálisis de Card, Kluve y Weber (2018), sobre más de doscientas evaluaciones, encontró que los subsidios al empleo en el sector privado tienen efectos cercanos a cero en el corto plazo y positivos —aunque modestos— a dos o tres años, con desempeño claramente peor que los programas de intermediación laboral y de capacitación.

Hay además un problema de economía política que no aparece en el diagrama de oferta y demanda: un subsidio crea un grupo de beneficiarios concentrado y un costo difuso sobre el contribuyente. Esa asimetría hace que los programas "de emergencia" tiendan a sobrevivir a la emergencia. La cláusula de término —el sunset— es la excepción, no la regla, y cuando el gasto se vuelve permanente sin que nadie lo haya decidido, lo que empezó como estímulo contracíclico termina siendo un componente estructural del déficit.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 15 de septiembre de 2026, discutiendo los riesgos del facilismo en un plan de emergencia de empleo, Willy Díaz fue directo con la crítica: "los subsidios en general no funcionan bien, son pan pa hoy, hambre para mañana".

El argumento del panel no fue que el subsidio no genere empleo en el momento, sino que se eterniza y termina abriendo un hoyo fiscal al Tesoro: el instrumento nace con fecha de vencimiento y no la cumple. Esa es exactamente la falla de economía política descrita arriba, formulada en el lenguaje de la caja fiscal chilena.

Lo interesante es la alternativa que propusieron, porque no es "no hacer nada": dar señales de activación en sectores intensivos en mano de obra, mencionando el turismo. La diferencia entre las dos políticas es de dónde viene la demanda de trabajo. El subsidio la fabrica artificialmente y la sostiene mientras dure el desembolso; activar un sector la genera desde el lado del producto, de modo que el empleo se sostiene solo cuando el estímulo se retira. El panel lo cerró con el diagnóstico de fondo: el problema es quedar "entrampados en el mismo problema cada cierto tiempo" —es decir, que el plan de emergencia sea recurrente porque nunca ataca la causa del desempleo, solo su manifestación.

Relación con otros conceptos

El subsidio a la contratación es la imagen especulada de los impuestos al trabajo y las cotizaciones previsionales: unos abren la cuña fiscal, el otro la cierra. Su eficacia depende de la elasticidad de la demanda por trabajo, y su justificación teórica se apoya en la histéresis del desempleo —la idea de que una recesión larga eleva permanentemente la tasa natural.

Como herramienta de gasto, pertenece a la familia de las políticas activas de mercado laboral, junto con la capacitación y la intermediación. Su lado oscuro conecta con la sostenibilidad fiscal y con el gasto estructural: un programa que no termina desplaza gasto permanente sin haber pasado por la discusión de si es prioritario. Y la alternativa que planteó el panel —activar sectores intensivos en mano de obra— pertenece a la política sectorial o de desarrollo productivo, cuyo propio riesgo es el conocido problema de que el Estado elija ganadores sin información suficiente para hacerlo bien.

Fuentes y lecturas

• Calmfors, L. (1994), Active Labour Market Policy and Unemployment: A Framework for the Analysis of Crucial Design Features, OECD Economic Studies, N° 22.
• Card, D., Kluve, J. y Weber, A. (2018), What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations, Journal of the European Economic Association, 16(3).
• Katz, L. (1998), Wage Subsidies for the Disadvantaged, en Freeman, R. y Gottschalk, P. (eds.), Generating Jobs: How to Increase Demand for Less-Skilled Workers, Russell Sage Foundation.
• Phelps, E. (1994), Low-Wage Employment Subsidies versus the Welfare State, American Economic Review, 84(2).
• Blanchard, O. (2017), Macroeconomía, 7ª edición, Pearson.