Transparencia fiscal

Qué es

La transparencia fiscal es la medida en que el Estado informa de forma completa, oportuna y comprensible sobre sus finanzas: cuánto recauda, cuánto gasta, cuánto debe, en qué condiciones lo debe y qué riesgos asume hacia adelante. No basta con publicar cifras. Tienen que venir con el detalle, la periodicidad y la metodología que permitan a un tercero (el Congreso, un analista, un inversionista, un ciudadano) revisar las cuentas y sacar sus propias conclusiones.

La definición de referencia la dieron Kopits y Craig (1998) en un estudio del Fondo Monetario Internacional: apertura al público sobre la estructura y las funciones del gobierno, las intenciones de política fiscal, las cuentas del sector público y las proyecciones. De ese trabajo salió el Código de Transparencia Fiscal del FMI, que hoy ordena la materia en cuatro pilares: informes fiscales, pronóstico y presupuesto, análisis y gestión de riesgos fiscales, y gestión de los ingresos provenientes de recursos naturales.

¿Por qué importa económicamente? La literatura de economía política sugiere que la opacidad facilita el sesgo hacia el déficit. Si los votantes no ven bien el costo futuro de la deuda, los gobiernos pueden gastar hoy y dejarle la cuenta al siguiente. Alt y Lassen (2006) encontraron, con datos de países de la OCDE, que una mayor transparencia fiscal se asocia a menor deuda y déficit. Alesina y Perotti (1996) ya habían mostrado que las reglas e instituciones del proceso presupuestario influyen en la disciplina fiscal. La transparencia también tiene un efecto directo en los mercados: cuando el emisor muestra con claridad sus cuentas, los acreedores tienen menos incertidumbre que cobrar en la tasa.

En la práctica, un régimen transparente incluye cosas como:

• Cobertura amplia: el gobierno central, pero también las empresas públicas, los pasivos contingentes (garantías, juicios, pensiones) y los gastos tributarios.
• Perfil de la deuda: stock, composición por moneda y tasa, y calendario de vencimientos, es decir, cuánto vence, cuándo y en qué condiciones.
• Proyecciones de mediano plazo con supuestos explícitos, para contrastarlas después con lo que efectivamente ocurrió.
• Control independiente: auditoría externa y, cada vez más, consejos fiscales autónomos que evalúan las proyecciones del gobierno.

En Chile, la arquitectura actual se apoya en la regla de balance estructural, en la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 20.128, de 2006) y en el Consejo Fiscal Autónomo (Ley 21.148, de 2019). La Dirección de Presupuestos publica junto al proyecto de ley el Informe de Finanzas Públicas.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 8 de octubre de 2026 ([bdm-2026-10-08]), a propósito de la discusión del presupuesto 2027, Pepe Arias llevó la transparencia fiscal a un terreno muy concreto: el calendario de vencimientos de la deuda pública. Su propuesta fue que Hacienda publique, junto al proyecto de presupuesto, el detalle de cada vencimiento de 2027: monto, plazo, tasa y moneda. En sus palabras: «Hacienda según mi parecer debería publicar junto al presupuesto el detalle de todos los vencimientos».

El argumento tiene dos partes. La primera es que, con ese desglose sobre la mesa, la discusión pasaría a ser «técnica y no de eslogan». En vez de debatir en abstracto si la deuda es mucha o poca, se discutiría cuánto hay que pagar, cuándo y a qué costo. La segunda es que el Congreso podría evaluar cuánto de esos vencimientos se puede refinanciar con recursos propios y cuánto obliga a salir de nuevo al mercado a emitir.

Es una buena ilustración del pilar de informes del Código del FMI. El dato agregado («la deuda es X % del PIB») dice poco sobre el riesgo de refinanciamiento, que depende de cómo se concentran los pagos en el tiempo, en qué moneda están y a qué tasa se renovarían. Dos países con la misma deuda sobre PIB pueden estar en situaciones muy distintas si uno tiene todo venciendo el próximo año en dólares y el otro lo tiene repartido a veinte años en pesos.

Relación con otros conceptos

La transparencia fiscal es la condición previa para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública. La dinámica de la deuda depende del balance primario, de la tasa de interés y del crecimiento, y sin información confiable sobre esas variables y sobre el perfil de vencimientos la evaluación queda a ciegas. Se vincula directamente con el riesgo de refinanciamiento (rollover risk): cuanto más concentrados los vencimientos y más visibles para el mercado, más importa que el gobierno muestre cómo los va a cubrir.

También sostiene a las reglas fiscales. Una meta de balance estructural solo es creíble si se puede verificar cómo se calcula el ajuste por ciclo y precio del cobre, y por eso existen los consejos fiscales autónomos. Toca además a la prima por riesgo soberano, porque la información incompleta tiende a encarecer el financiamiento, y a la gestión de fondos soberanos como el FEES, cuyas reglas de uso y saldos forman parte de los «recursos propios» con que un Estado puede pagar deuda sin emitir. Desde la economía política, conecta con el sesgo deficitario y los problemas de agencia entre votantes y gobernantes.

Fuentes y lecturas

• Kopits, G. y Craig, J. (1998), Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper No. 158, Fondo Monetario Internacional.
• Alt, J. E. y Lassen, D. D. (2006), «Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries», European Economic Review, 50(6).
• Alesina, A. y Perotti, R. (1996), «Fiscal Discipline and the Budget Process», American Economic Review, 86(2), Papers and Proceedings.
• OCDE (2002), «OECD Best Practices for Budget Transparency», OECD Journal on Budgeting, 1(3).
• Fondo Monetario Internacional (2019), Fiscal Transparency Code, FMI.