Capacidad de reserva para eventos infrecuentes

Qué es

Hay servicios cuya demanda es casi perfectamente predecible el 99% del tiempo y brutalmente impredecible el 1% restante. Una red eléctrica de distribución opera meses sin que pase nada y luego, en un temporal de una tarde, necesita simultáneamente cien veces la capacidad de reparación que usó el mes anterior. El problema económico que nace de ahí es simple de enunciar y caro de resolver: ¿cuánta capacidad ociosa conviene mantener pagada, todo el año, para poder responder a algo que ocurre pocas veces al año?

La respuesta formal viene de la teoría de fiabilidad del suministro. Una capacidad de reserva tiene un costo que se devenga en forma continua —cuadrillas contratadas, camiones, turnos, entrenamiento— y un beneficio que se devenga solo en el estado de la naturaleza donde se usa. El criterio de dimensionamiento óptimo iguala el costo marginal de la última unidad de reserva con el valor esperado del daño que esa unidad evita: probabilidad del evento multiplicada por el perjuicio marginal que se ahorra. Ese perjuicio se estima con el value of lost load, el valor que los usuarios asignan a la energía no suministrada, y en los sistemas eléctricos suele ser un múltiplo grande de la tarifa. La formulación moderna de este problema arranca con Boiteux (1960) y su análisis de tarificación en la Électricité de France, y su tratamiento canónico para servicios públicos está en Kahn (1970-71), The Economics of Regulation.

Tres rasgos hacen que este bien no se autoprovea bien por el mercado.

El primero es que la reserva es capacidad, no producto. Se paga por estar disponible, no por producir. Un bien así se parece a un seguro: el que lo compra no observa el beneficio la mayoría de los períodos, lo que hace que la disposición a pagar declarada sea sistemáticamente menor que la disposición a pagar revelada ex post, cuando el evento ya ocurrió y el servicio no está.

El segundo es la asimetría entre el corto y el largo plazo. En el instante del temporal, la elasticidad de oferta de cuadrillas es esencialmente cero: no se contrata ni se entrena a nadie en 48 horas. Toda la capacidad de respuesta se decidió meses antes, en el momento de fijar los costos que la empresa puede recuperar. Por eso un estándar de servicio exigente no es una obligación operativa: es, en realidad, una decisión de inversión permanente tomada por la vía de escribir una fecha límite en una ley.

El tercero es que en una industria regulada la reserva no se financia con precio de mercado sino con la fórmula tarifaria. En el esquema chileno de empresa modelo —heredado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1982 y sus sucesores—, la tarifa de distribución se calcula sobre los costos de una empresa eficiente ficticia que presta el servicio con el estándar exigido. Si el estándar sube, la empresa modelo necesita más cuadrillas, y ese mayor costo entra al valor agregado de distribución en el siguiente proceso tarifario. Laffont y Tirole (1993) describen el punto general: bajo regulación por incentivos, cualquier obligación de calidad no compensada se transforma en una restricción de participación que termina pagándose por tarifa, por deterioro de la calidad en otra dimensión, o por salida de la empresa.

De ahí la conclusión incómoda: la reserva para eventos infrecuentes no puede ser gratis. Puede pagarla el usuario en la tarifa (todos, todo el año), puede pagarla el accionista vía menor rentabilidad regulada (posible una vez, no de manera sostenida), o puede pagarla el usuario afectado por el evento en la forma de un servicio que no llega. Lo que no existe es la cuarta opción, y buena parte de la discusión pública consiste en suponer que sí.

Cómo lo explicó el programa

El tema apareció el 27 de agosto de 2026 en Buenos Días Mercado, a propósito del fallo del Tribunal Constitucional sobre el artículo 31 de la mega reforma. El Tribunal resolvió 9-1 que la norma es constitucional: obliga a reconectar a clientes morosos sin pago previo y sin costo, en 48 horas para luz y gas y 24 para agua, en zonas declaradas de catástrofe. Con eso, el Gobierno debe promulgarla, el veto supresivo dejó de proceder y se descartó la ley corta correctiva.

El punto económico que discutió el panel no fue el jurídico sino el aritmético. Cumplir un plazo de 48 horas en una zona de catástrofe exige tener disponibles, de manera permanente, del orden de diez veces las cerca de 300 cuadrillas actuales — porque la restricción no es querer llegar rápido, es tener a quién mandar. Y como las cuadrillas se financian en la componente de distribución de la empresa modelo, ese aumento entra al cálculo tarifario. Juan José Lavín lo resumió sin rodeos: "para cumplir con las 48 horas habrá que financiar en tarifa todas las cuadrillas que sean necesarias".

La frase es exactamente el resultado teórico: un estándar de disponibilidad fijado por ley es una decisión de capacidad, y una decisión de capacidad en un servicio regulado por costo de empresa modelo es, mecánicamente, una decisión de tarifa. El debate legítimo es cuánta reserva vale la pena; el debate imposible es tenerla sin pagarla.

Relación con otros conceptos

Se apoya directamente en la economía de los costos hundidos y la capacidad instalada: la reserva es capital específico que no tiene uso alternativo cuando no hay emergencia. Se conecta con la fijación tarifaria por empresa modelo, que es el mecanismo concreto por el cual el estándar se convierte en precio, y con la regulación por incentivos en general, donde toda obligación de calidad tiene contrapartida financiera explícita o implícita.

Del lado del riesgo, es pariente cercano del seguro y la aversión al riesgo: pagar todos los meses una prima para no sufrir una pérdida grande e infrecuente es la misma estructura, con la diferencia de que aquí la prima es obligatoria y colectiva. Se cruza con las externalidades y el problema del bien público local, ya que la continuidad del suministro tiene beneficios que exceden al cliente individual, y con el riesgo moral, porque reconectar sin pago previo modifica el incentivo a pagar de quien podía hacerlo.

Finalmente, toca el problema de la cola de la distribución: dimensionar por el promedio y dimensionar por el percentil 99 dan respuestas que difieren en órdenes de magnitud, y todo el costo del sistema vive en esa diferencia.

Fuentes y lecturas

• Boiteux, M. (1960), Peak-Load Pricing, The Journal of Business, 33(2).
• Kahn, A. E. (1970-71), The Economics of Regulation: Principles and Institutions, John Wiley & Sons (reeditado por MIT Press, 1988).
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Joskow, P. y Tirole, J. (2007), Reliability and Competitive Electricity Markets, The RAND Journal of Economics, 38(1).
• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill — capítulos de opciones reales, para el tratamiento de la capacidad ociosa como opción de expansión.