Clasificación de riesgo soberano y grado de inversión

Qué es

La clasificación de riesgo soberano es una opinión que emite una agencia especializada sobre la capacidad y la disposición de un Estado para pagar su deuda a tiempo y por completo. Las tres agencias dominantes son S&P Global, Moody's y Fitch. Cada una usa una escala de letras que va desde la máxima calidad (AAA en S&P y Fitch, Aaa en Moody's) hasta el incumplimiento.

Dentro de esa escala hay una frontera clave, el grado de inversión. Corresponde a las clasificaciones iguales o superiores a BBB- (S&P y Fitch) o Baa3 (Moody's). Lo que queda por debajo se considera "grado especulativo" o, en la jerga, high yield. La frontera importa en la práctica porque muchos inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras, solo pueden comprar instrumentos con grado de inversión por mandato o regulación. Cruzarla hacia arriba amplía la base de compradores de la deuda de un país y abarata su financiamiento. Cruzarla hacia abajo produce el efecto contrario, a menudo de forma brusca.

La deuda soberana tiene una particularidad: no existe un tribunal que pueda obligar a un Estado a pagar ni embargarle activos como a una empresa. Por eso la literatura distingue entre capacidad de pago y voluntad de pago. Eaton y Gersovitz (1981) plantearon que un país paga, en buena medida, para conservar su reputación y no quedar excluido de los mercados de crédito en el futuro. Desde ese punto de vista, la clasificación evalúa la solvencia económica y también los incentivos y la institucionalidad que hacen creíble el compromiso de pagar.

¿Qué miran las agencias? Cantor y Packer (1996) mostraron que un número reducido de variables explica gran parte de las clasificaciones soberanas: ingreso per cápita, crecimiento del PIB, inflación, deuda externa, nivel de desarrollo económico e historial de incumplimientos. A esto se suma un componente cualitativo, que es la calidad de las instituciones y la previsibilidad de la política económica. Reinhart, Rogoff y Savastano (2003) agregaron la idea de intolerancia a la deuda: los países con historial de defaults o de alta inflación entran en problemas con niveles de deuda que para otros serían manejables. La historia fiscal pesa casi tanto como las cifras actuales.

También hay una conexión entre la disciplina fiscal y la estabilidad de precios. Como argumentaron Sargent y Wallace (1981), si un gobierno acumula déficits que no puede financiar con deuda, tarde o temprano presiona por financiarlos con emisión monetaria, y eso termina en inflación. Una regla fiscal creíble protege entonces la clasificación de riesgo y, a la vez, la independencia del banco central.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio [btm-2026-10-08] (8 de octubre de 2026), dedicado a la historia del superávit estructural y la clasificación de riesgo de Chile, Manuel Bengolea partió por la lógica de fondo de la política fiscal chilena:

"un país chico exportador sometido al vaivén del ciclo económico externo tenía que tener superávit"

Bengolea explicó que una economía pequeña, muy dependiente del precio de sus exportaciones, necesita ahorrar en los años buenos para tener un colchón en las "vacas flacas". Si no lo hace, cuando llega la crisis le queda emitir dinero y generar inflación, el mismo mecanismo que describen Sargent y Wallace.

Según el relato del programa, esa disciplina le valió a Chile primero el grado de inversión. Luego el país llegó a ser acreedor neto, es decir, con activos financieros del fisco superiores a su deuda, y alcanzó una clasificación de AA-. El episodio subrayó también el retroceso posterior: Chile cayó tres escalones, hasta A-, lo que Bengolea atribuyó a que se legisló pensando en ganar elecciones más que en la sostenibilidad fiscal. Su resumen fue que a los clasificadores solo les importa recuperar su dinero. La observación calza con la visión académica de que la clasificación mide, en el fondo, la probabilidad de que el acreedor cobre.

Relación con otros conceptos

La clasificación soberana está ligada a la prima por riesgo país, el diferencial de tasa que un Estado paga sobre un activo considerado libre de riesgo, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una mejor clasificación suele reducir ese spread. Como la deuda soberana sirve de referencia para el resto de la economía, el efecto se traslada al costo de capital de empresas y bancos locales. En la práctica, la clasificación del soberano funciona como un "techo" para las empresas del país.

El concepto también se relaciona con la regla de balance estructural, que ajusta el gasto público según los ingresos de tendencia (cobre y PIB potencial) y no según los ingresos efectivos del año. Así se vuelve contracíclica a la política fiscal, porque obliga a ahorrar en los auges y permite gastar en las recesiones. Ese ahorro se materializa en fondos soberanos, como los que Chile acumuló en el exterior. Por último, se vincula con la sostenibilidad de la deuda pública, con la independencia del banco central y con el señoreaje o impuesto inflación, que es la vía de financiamiento a la que recurren los gobiernos sin acceso a crédito.

Fuentes y lecturas

• Cantor, R. y Packer, F. (1996), Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review.
• Eaton, J. y Gersovitz, M. (1981), Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis, Review of Economic Studies.
• Reinhart, C. y Rogoff, K. (2009), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press.
• Larraín, F. y Sachs, J. (2013), Macroeconomía en la economía global (3.ª ed.), Pearson.
• Marcel, M., Tokman, M., Valdés, R. y Benavides, P. (2001), Balance estructural: la base de la nueva regla de política fiscal chilena, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda de Chile.