Cuentas por cobrar del fisco sin gestión de cobranza

Qué es

Una cuenta por cobrar es un derecho: alguien le debe dinero a la institución y esta ya lo registró en sus libros. La contabilidad del sector público chileno es de devengo —convergente con las normas internacionales del sector público (NICSP/IPSAS), bajo la normativa contable que dicta la Contraloría General de la República—, lo que significa que el ingreso se reconoce cuando nace el derecho a cobrarlo y no cuando el dinero entra a la caja. De ahí sale la paradoja: un servicio puede exhibir ingresos devengados impecables y no tener un peso disponible para pagar una remuneración o ejecutar un programa.

El concepto aparece cuando a ese derecho se le suma un adjetivo operativo: nadie lo está trabajando. En jerga de auditoría, un saldo sin movimiento es una cuenta que lleva períodos sin registrar cobros, abonos, gestiones ni castigos. Conviene decirlo con precisión, porque es donde más se confunde: sin movimiento no es sinónimo de incobrable. Lo que el hallazgo señala no es que la plata no exista, sino que no hay nadie a cargo de traerla. Muchos de esos saldos son perfectamente recuperables; otros dejaron de serlo hace años y siguen figurando como activo.

Tres cosas le ocurren a una cuenta por cobrar que nadie gestiona, y las tres tienen nombre en la teoría.

La primera es la erosión del valor real. Un peso hoy vale más que un peso dentro de un año, y no por una convención contable sino porque el dinero disponible se puede prestar, invertir o consumir —la formulación clásica es la de Fisher (1930). Si la deuda no está reajustada ni devenga intereses de mercado, la inflación se lleva silenciosamente una fracción del derecho cada año. En términos económicos, la institución le está otorgando al deudor un crédito a tasa negativa, sin haberlo decidido nunca.

La segunda es la prescripción. Los derechos de cobro tienen plazos legales, y vencidos esos plazos la deuda se extingue: el activo desaparece del balance no porque se cobró, sino porque ya no se puede cobrar. Ese es el momento exacto en que un saldo dormido se convierte en pérdida patrimonial efectiva —el perjuicio fiscal—, y es irreversible.

La tercera es de incentivos, y es la más incómoda. Si la probabilidad de que alguien venga a cobrar tiende a cero, el costo esperado de no pagar también tiende a cero. Ese es exactamente el mecanismo que formalizaron Allingham y Sandmo (1972) para la evasión tributaria: el cumplimiento no depende solo de la sanción nominal, sino del producto entre esa sanción y la probabilidad de ser detectado y perseguido. Una cartera abandonada le enseña al deudor —y a los que miran— que la conducta rentable es no pagar. Es la versión fiscal de lo que Kornai (1986) llamó restricción presupuestaria blanda: la obligación existe en el papel, pero no muerde.

Del lado del balance hay un cuarto efecto, contable. Si una parte relevante de esa cartera no se va a recuperar y no se le reconoce un deterioro, el activo está sobrevalorado y con él el patrimonio neto de la entidad. La norma internacional de ingresos por transacciones sin contraprestación —IPSAS 23, la que rige el registro de impuestos y transferencias— exige que el recurso sea probable y medible para reconocerlo; la práctica estándar es constituir una estimación de incobrables y llevar la cuenta a su valor recuperable. Una cartera envejecida sin esa estimación no es solo un problema de caja: es un balance que dice algo que no es cierto.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 27 de agosto de 2026 (bdm-2026-08-27), a propósito de una alerta de Contraloría por saldos contables sin movimiento en el sector público y municipal, Juan José Lavín lo resumió sin rodeos:

"hay 865 millones de dólares que requieren, el 90% de ellos, que alguien haga algo por cobrarlo, porque están sin movimiento"

El dato del informe es un stock a una fecha —marzo de 2026—, no un flujo anual: del orden de US$865 millones ($796.440 millones) acumulados en el sector público y municipal, de los cuales más del 90% son cuentas por cobrar y el resto, otros saldos dormidos.

Lo valioso del comentario está en lo que agrega después del número, y son las dos ideas centrales de este concepto. Primero, que no son recursos inmediatamente disponibles: figuran como activo, pero no financian nada mientras no se cobren. Segundo, que el dinero no está quieto en ninguna parte: mientras el fisco espera, el deudor conserva esa plata y la rentabiliza. El costo no es cero por no hacer nada; es la transferencia de valor —intereses, inflación, uso alternativo— desde el acreedor público hacia el deudor privado, día por día, sin que ninguna autoridad la haya autorizado. Y si el plazo vence, deja de ser una demora y pasa a ser pérdida.

Relación con otros conceptos

Es, en el fondo, un problema de gestión de crédito y capital de trabajo trasplantado al Estado: la antigüedad de la cartera, el período medio de cobro y la tasa de recuperación son las mismas herramientas que usa cualquier empresa, y todas dicen lo mismo —la probabilidad de recuperar cae abruptamente con la edad de la deuda, por eso los diagnósticos estándar de administración tributaria miden tanto el stock de mora contra la recaudación anual como qué fracción supera los doce meses.

Se conecta directamente con la distinción entre devengo y caja, que es lo que explica que un déficit medido en caja y uno medido en base devengada cuenten historias distintas; con el patrimonio neto del sector público, porque una cuenta por cobrar es un activo y su deterioro es una pérdida de riqueza pública tan real como un gasto; con el costo de oportunidad del dinero y el valor presente, que ponen número a la demora; con la brecha tributaria y el cumplimiento voluntario, donde la cobranza efectiva es la señal que sostiene al que sí paga; y con el riesgo moral, cuando la ausencia de gestión se vuelve una expectativa estable.

Fuentes y lecturas

• IPSASB (2006), IPSAS 23: Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers), IFAC. — El estándar internacional sobre cuándo un impuesto o transferencia se reconoce como ingreso y activo.
• Fondo Monetario Internacional (2014), Government Finance Statistics Manual 2014, FMI. — Marco de referencia para el balance del sector público y la diferencia entre medición en caja y en devengo.
• Allingham, M. y Sandmo, A. (1972), "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", Journal of Public Economics, 1(3-4). — El modelo seminal donde el cumplimiento depende de la probabilidad de detección, no solo de la sanción.
• Kornai, J. (1986), "The Soft Budget Constraint", Kyklos, 39(1). — La obligación que existe formalmente pero no se hace efectiva, y lo que eso le hace a la conducta del obligado.
• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. — Capítulos de gestión de crédito y capital de trabajo: antigüedad de cartera, política de cobranza y provisión de incobrables.