Fijación regulada de precios por debajo del costo

Qué es

La fijación regulada de precios por debajo del costo ocurre cuando una autoridad determina el precio que una empresa o institución puede cobrar por un bien o servicio y ese precio no alcanza a cubrir lo que realmente cuesta producirlo. Suele aplicarse en sectores considerados esenciales o sensibles, como servicios básicos, salud, transporte o educación. El objetivo habitual es asegurar acceso o proteger a los usuarios.

En el análisis de manual, un precio máximo solo tiene efecto si está por debajo del precio de equilibrio. En ese caso, la cantidad demandada supera a la ofrecida y aparece escasez, que se reparte mediante filas, listas de espera, cupos o criterios administrativos (Mankiw, 2012). Cuando el precio queda además bajo el costo medio del productor, el problema cambia de naturaleza: ya no se trata solo de cómo repartir lo escaso, sino de quién financia la diferencia.

Esa brecha tiene tres salidas posibles:

1. Subsidio explícito. El Estado cubre el déficit con transferencias. Es la solución clásica para monopolios naturales, donde cobrar el costo marginal deja pérdidas que deben financiarse con impuestos generales, como argumentó Hotelling (1938).
2. Subsidio cruzado. La institución financia la pérdida con ingresos de otras actividades, de otros usuarios o con su patrimonio.
3. Ajuste por la vía no monetaria. Si nadie cubre la diferencia, el productor ajusta lo que el regulador no controla: calidad, inversión, mantención, innovación o variedad del servicio. Spence (1975) mostró que la regulación de precios no garantiza un nivel de calidad socialmente adecuado, porque el productor elige la calidad según sus propios incentivos.

Un punto clave es qué se entiende por "costo". El regulador casi siempre trabaja con información incompleta, porque el regulado conoce mejor sus costos reales. Esa asimetría de información está en el centro de la teoría moderna de la regulación (Laffont y Tirole, 1993). Si el costo de referencia deja fuera ítems que la propia normativa exige, el precio puede parecer suficiente en el papel y ser deficitario en la práctica.

Cuando la fijación de precio se combina con un límite a la cantidad, por ejemplo un tope de cupos, el productor tampoco puede compensar el menor margen con más volumen. La restricción se vuelve doble.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 30 de octubre de 2026 (btm-2026-10-30), bajo el tema "Arancel regulado y límite de vacantes", el concepto se aplicó al financiamiento de la educación superior en Chile.

El análisis apuntó a dos mecanismos que operan juntos. El primero es la fijación del arancel por debajo del costo real, en parte porque el cálculo excluye ítems que el sistema exige a las instituciones, como la vinculación con el medio. El segundo es el límite de vacantes, que impide compensar el menor ingreso por estudiante con más matrícula. Según Francisca Espinoza Pérez, la combinación de ambos

"les ha generado desde 2016 hasta 2025 un déficit a las instituciones de educación superior de alrededor de 1,8 billones de pesos".

El programa vinculó ese déficit acumulado con restricciones en calidad, innovación e investigación. Coincide con lo que predice la teoría: cuando el precio no cubre el costo y no hay subsidio complementario suficiente, el ajuste tiende a ocurrir en las dimensiones que el regulador no fija directamente.

El caso ilustra además el problema de la definición del costo. Si la autoridad exige una actividad pero no la incorpora al costo de referencia, el déficit se produce por diseño y no por ineficiencia de quien presta el servicio.

Relación con otros conceptos

La idea se conecta directamente con los precios máximos del análisis de oferta y demanda, y con la escasez y el racionamiento que generan cuando son efectivos. En sectores con economías de escala importantes se relaciona con el monopolio natural y la tarificación a costo marginal, cuyo déficit estructural motivó la discusión sobre cómo financiarlo. De ahí surgen los precios de Ramsey, que buscan cubrir costos fijos desviándose del costo marginal de la forma menos distorsionadora posible (Baumol y Bradford, 1970).

También se vincula con los subsidios cruzados y con la restricción presupuestaria blanda, cuando las instituciones esperan rescates futuros en vez de ajustarse. En la teoría de la regulación aparecen la información asimétrica entre regulador y regulado, los problemas de selección adversa y riesgo moral en el diseño de tarifas, y la regulación por costo de servicio frente a la regulación por precio tope (price cap). Finalmente, la teoría de la captura regulatoria (Stigler, 1971) recuerda que las tarifas reguladas también son resultado de la economía política y no solo de un cálculo técnico.

Fuentes y lecturas

• Mankiw, N. G. (2012), Principios de economía, 6.ª ed., Cengage Learning.
• Hotelling, H. (1938), "The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates", Econometrica, 6(3), 242–269.
• Spence, A. M. (1975), "Monopoly, Quality, and Regulation", Bell Journal of Economics, 6(2), 417–429.
• Baumol, W. J. y Bradford, D. F. (1970), "Optimal Departures from Marginal Cost Pricing", American Economic Review, 60(3), 265–283.
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.