Gastar dinero ajeno en beneficio de terceros

Qué es

La expresión resume una de las cuatro formas de gastar que popularizó Milton Friedman: gastar dinero propio en uno mismo, dinero propio en otros, dinero ajeno en uno mismo y —la cuarta— dinero ajeno en beneficio de terceros (Friedman y Friedman, 1980). La taxonomía es simple pero no trivial, porque cada casilla cambia de manera predecible dos incentivos distintos: cuánto le importa al que decide cuánto cuesta, y cuánto le importa qué tan bien se gaste. Cuando el dinero es propio, hay presión sobre el monto; cuando el beneficiario es uno mismo, hay presión sobre la calidad. En la cuarta categoría no opera ninguna de las dos. Friedman la usaba para explicar por qué el gasto público tiende a ser simultáneamente caro y mediocre sin necesidad de suponer que quien lo administra sea corrupto o incompetente: basta con que sea racional.

Formalmente, esto es un caso del problema principal-agente. Un principal (el que pone el dinero) delega en un agente (el que decide) bajo información asimétrica y objetivos que no coinciden; la diferencia entre el resultado obtenido y el que habría elegido el principal si pudiera decidir y vigilar sin costo son los costos de agencia (Jensen y Meckling, 1976). Lo que hace especialmente severa la versión pública del problema no es que el agente sea peor persona, sino que el principal está atomizado: el costo de un abuso repartido entre 20 millones de contribuyentes es de centavos por cabeza, mientras el beneficio se concentra en un grupo pequeño y organizado. Nadie tiene incentivo individual a pagar el costo de fiscalizar —Downs (1957) lo llamó ignorancia racional— y el grupo beneficiado sí lo tiene para defender el arreglo (Olson, 1965). La consecuencia no es un desvío ocasional, sino una tendencia estructural: el presupuesto público se comporta como un recurso de acceso común sobre el que cada actor tira en su dirección sin internalizar el costo total (Weingast, Shepsle y Johnsen, 1981).

Conviene precisar qué no dice la idea. No dice que todo gasto público sea despilfarro; hay bienes que solo el Estado puede proveer y compras estatales bien administradas. Lo que dice es que la disciplina que en el sector privado ejerce automáticamente el dueño residual —el que se queda con lo que sobra y por lo tanto vigila gratis (Alchian y Demsetz, 1972)— en el sector público hay que construirla a mano: con reglas, topes, auditoría, transparencia y sanción. Donde esa construcción falla, la conducta observada no requiere explicación moral. Es lo que predice el modelo.

Cómo lo explicó el programa

El caso que llevó Buenos Días Mercado el 14 de agosto de 2026 es un ejemplo casi de manual, porque incluye las tres piezas: agente que decide, principal ausente y regla mal diseñada. Los asesores parlamentarios no los contrata el diputado, sino la Cámara. Al término del período la Cámara los finiquita a todos y los indemniza —5.796 millones de pesos a 1.336 asesores entre 2022 y 2026— y al día siguiente 309 de 489 recontratados vuelven a la misma oficina, con el mismo jefe y las mismas funciones. La indemnización no compensa una pérdida de empleo: paga un trámite.

Lo más caro, sin embargo, es el cómputo. A quien ya fue indemnizado por el período anterior se le vuelven a contar esos mismos años, de modo que el Estado paga dos y tres veces el mismo tramo, incluso por sobre el tope legal de once años. Ningún empleador que pague de su bolsillo comete ese error dos veces, porque lo descubre en la primera liquidación y lo corrige. Acá el error sobrevive cuatro años porque nadie a cargo pierde plata cuando ocurre.

Pepe Arias lo cerró con la formulación popular de la cuarta categoría de Friedman: "porque yo creo que les da lo mismo porque no es plata de ellos es plata de nosotros". El panel remató el punto con la contrafactual correcta —en una empresa privada, con el dueño mirando, esto no ocurriría nunca—, que es exactamente la asimetría que separa la casilla del dueño residual de la del administrador de fondos ajenos.

Relación con otros conceptos

Es la puerta de entrada natural a los costos de agencia y al riesgo moral: quien no soporta las consecuencias de su decisión toma más riesgo y menos cuidado del que tomaría si las soportara. Se conecta con la elección pública, que aplica el supuesto de agente maximizador a políticos y funcionarios en vez de suponerles un benevolente interés general (Buchanan y Tullock, 1962), y con la teoría del presupuesto burocrático, donde la agencia maximiza tamaño y no eficiencia porque el tamaño es lo que le reporta (Niskanen, 1971). De ahí sale la búsqueda de rentas: recursos gastados en capturar transferencias en vez de en producir. Del lado de las empresas estatales, el pariente cercano es la restricción presupuestaria blanda de Kornai: si las pérdidas siempre se cubren, el precio deja de disciplinar. Y en el diseño institucional, es el argumento que justifica reglas fiscales, topes y transparencia: no como desconfianza en las personas, sino como sustituto del dueño que en el sector público no existe.

Fuentes y lecturas

• Friedman, M. y Friedman, R. (1980), Free to Choose: A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich. (Ed. en español: Libertad de elegir, Grijalbo.) La taxonomía de las cuatro formas de gastar.
• Jensen, M. y Meckling, W. (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics 3(4). DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X
• Buchanan, J. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
• Niskanen, W. (1971), Bureaucracy and Representative Government, Aldine-Atherton.
• Stiglitz, J. y Rosengard, J. (2015), Economics of the Public Sector, 4ª ed., W. W. Norton. Manual estándar para el tratamiento formal de incentivos y eficiencia del gasto público.