Gratuidad aparente de un servicio financiado con impuestos

Qué es

Cuando un servicio público se ofrece "gratis", la palabra describe el precio en el punto de uso, no el costo de producirlo. Los sueldos de los abogados y contadores que atienden, las oficinas, los sistemas y el tiempo de espera existen y fueron pagados por alguien. Lo que cambia respecto de un servicio de mercado no es la existencia del costo, sino quién lo paga, cuándo y con qué grado de conciencia de estar pagándolo.

La formulación clásica es de Frédéric Bastiat (1850), que distinguió entre "lo que se ve" —la oficina que atiende sin cobrar— y "lo que no se ve": los usos alternativos de esos mismos recursos, que ahora no ocurrirán. Es el costo de oportunidad aplicado al presupuesto público, y es la razón por la que Milton Friedman popularizó la fórmula de que no existe tal cosa como un almuerzo gratis (Friedman, 1975).

La teoría económica ofrece razones legítimas para poner el precio en cero. La más citada es la de los bienes públicos en el sentido de Samuelson (1954): bienes no rivales y no excluibles, donde cobrar por unidad es imposible o destruye el beneficio. Pero conviene ser honesto con el caso: una asesoría tributaria personalizada sí es rival y sí es excluible —cada hora dedicada a un contribuyente no está disponible para otro—, así que no es un bien público puro. Su justificación pertenece a otra familia: la de los bienes preferentes de Musgrave, la redistribución en especie (dar el servicio en vez de dar el dinero) y la corrección de una asimetría que el mercado por sí solo no cierra.

Esa asimetría es la clave. En un mercado de servicios profesionales, el comprador que más necesita asesoría experta es precisamente el que menos capacidad tiene para evaluar la calidad de lo que compra: no sabe si le fue mal porque el caso era malo o porque el asesor lo era. Es un problema de información en la línea de Akerlof (1970), donde la incapacidad de distinguir calidad hace que la oferta buena se retire o se vuelva inaccesible. Entregar un vale de dinero equivalente no resuelve eso; entregar el experto, sí.

El otro lado del balance también es real. Recaudar los impuestos que financian el servicio no es una transferencia neutra: los impuestos distorsionan decisiones de trabajo, consumo e inversión, de modo que cada peso recaudado le cuesta a la economía más de un peso —la carga excedente o "triángulo de Harberger"—. Un servicio financiado con impuestos generales debe entonces generar valor social por encima de ese costo ampliado, no solo por encima de su presupuesto.

Y hay un efecto sobre la percepción que la teoría bautizó hace más de un siglo: la ilusión fiscal de Amilcare Puviani (1903), retomada por James Buchanan (1967). Cuando el costo está disperso entre millones de contribuyentes y separado en el tiempo del beneficio, los ciudadanos tienden a subestimar sistemáticamente lo que el servicio cuesta y a demandar más de él del que pedirían si vieran la boleta. El precio cero en el mostrador es la forma más pura de esa separación. Nombrar el financiamiento —decir en voz alta que lo pagan los impuestos de todos— es exactamente el antídoto: no vuelve malo al servicio, lo devuelve al terreno donde se lo puede evaluar.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 7 de agosto de 2026, el panel dedicó un tramo a la Defensoría del Contribuyente (DEDECON): un servicio público gratuito, dependiente de Hacienda, orientado declaradamente a pymes y personas vulnerables frente a actos u omisiones del SII, Aduanas y Tesorería. El punto económico que destacaron no fue procesal sino de capacidad técnica: permite que un contribuyente chico enfrente al fisco con especialistas de su lado sin desembolsar por ellos. Pepe Arias lo resumió así: "estamos hablando de expertos contra expertos y eso es lo que me parece más notable de la existencia de esto".

La precisión que Arias agregó enseguida es la que da nombre a este concepto: el servicio igual se financia con los impuestos de todos. Es una corrección de encuadre, no una objeción. El beneficio se concentra en quien litiga con el SII; el costo se reparte entre todos los contribuyentes. Esa combinación —beneficio concentrado, costo difuso— es justamente la que Mancur Olson (1965) identificó como la que menos resistencia política encuentra, y por eso merece que alguien la diga en voz alta.

Relación con otros conceptos

Es una aplicación directa del costo de oportunidad al gasto público, y el reverso del gasto tributario: en un caso el Estado gasta para dar un servicio, en el otro deja de recaudar para lograr un fin, y ambos aparecen "gratis" para quien los recibe. Se apoya en la distinción entre bienes públicos y bienes preferentes, se explica mejor con asimetrías de información que con fallas de provisión, y su costo verdadero solo se ve al sumar la carga excedente de los impuestos. Del lado de la percepción, se emparenta con la ilusión fiscal y con la ignorancia racional del votante descrita por Downs (1957): nadie tiene incentivo individual para averiguar cuánto le cuesta un servicio que paga en cuotas invisibles.

Fuentes y lecturas

• Bastiat, F. (1850), Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas (trad. Lo que se ve y lo que no se ve).
• Samuelson, P. A. (1954), "The Pure Theory of Public Expenditure", The Review of Economics and Statistics, 36(4).
• Buchanan, J. M. (1967), Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice, University of North Carolina Press.
• Musgrave, R. A. y Musgrave, P. B. (1989), Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill.
• Stiglitz, J. E. y Rosengard, J. K. (2015), Economics of the Public Sector, 4ª ed., W. W. Norton.