Teoría
Costo de oportunidad
Visto en 21 apariciones de los programas.
Qué es
El costo de oportunidad de una decisión es el valor de la mejor alternativa que se sacrifica al tomarla. No es lo que se paga, sino lo que se deja de ganar: el precio de la puerta que se cierra cuando se abre otra.
La idea nace con la escuela austríaca. Friedrich von Wieser formuló el costo alternativo —el valor de un factor productivo está dado por el uso alternativo al que se renuncia— en su obra sobre valor económico, y el término inglés opportunity cost aparece acuñado por David I. Green (1894) en el Quarterly Journal of Economics. Un siglo antes, sin nombrarlo, Bastiat (1850) había descrito el mismo fenómeno como el problema de "lo que se ve y lo que no se ve": el analista mediocre solo contabiliza el efecto visible; el buen economista suma también el efecto que no ocurrió.
La razón de fondo es la escasez. Como planteó Robbins (1932), la economía estudia la conducta humana como relación entre fines y medios escasos con usos alternativos: si los medios alcanzaran para todo, ninguna elección tendría costo. De ahí que Mankiw enuncie como segundo principio de la economía que el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo.
Dos precisiones técnicas importan. Primero, el costo de oportunidad separa el beneficio contable del beneficio económico: el contable resta solo los costos explícitos (desembolsos); el económico resta además los costos implícitos, es decir, el retorno de los recursos propios en su mejor uso alternativo. Una empresa puede tener utilidad contable positiva y beneficio económico negativo si el capital habría rendido más en otra parte. Segundo, el costo de oportunidad es prospectivo: mira hacia adelante, hacia alternativas todavía disponibles. Lo ya gastado e irrecuperable —el costo hundido— es irrelevante para la decisión, por doloroso que resulte.
Buchanan (1969) agregó un matiz que suele olvidarse: el costo de oportunidad es en rigor subjetivo y anterior a la elección; existe en la mente de quien decide, en el momento de decidir, y desaparece una vez tomada la decisión. Por eso las estimaciones monetarias que hacemos después son aproximaciones útiles, no mediciones exactas. Y por eso también el concepto es más difícil de aplicar de lo que parece: Ferraro y Taylor (2005) mostraron que ni siquiera una mayoría de economistas profesionales respondía bien una pregunta básica de costo de oportunidad.
Cómo lo explicó el programa
En Buenos Días Mercado del 28 de julio de 2026, a propósito de los bienes fiscales ocupados irregularmente, Pepe Arias resumió el punto de partida: "hay más de 31.000 propiedades del Estado en manos de particulares en forma irregular, o sea derechamente ilegal". Algunas llevan treinta o cuarenta años ocupadas sin pagar nada, producto de décadas de abandono de la propiedad fiscal.
El caso es un ejemplo casi de manual del costo implícito. El Estado no gira un cheque por esos inmuebles: no hay una línea presupuestaria llamada "subsidio a ocupantes irregulares", y precisamente por eso el costo permaneció invisible durante décadas. Pero el sacrificio existe y es medible: en la sola muestra estudiada aparecen 1.200 inmuebles vendibles y decenas de millones de dólares anuales de renta perdida. Esa cifra —lo que el fisco podría estar recibiendo por arriendo o enajenación— es literalmente el costo de oportunidad de mantener el statu quo.
El programa aportó además la dimensión temporal, que es donde el concepto duele más. Al ritmo actual, regularizar tomaría una década, mientras se siguen ocupando otros inmuebles. El costo no es un stock que se paga una vez, sino un flujo que se acumula año a año y una base que crece. Postergar la decisión no la evita: la encarece.
De ahí la lógica de las tres medidas planteadas —catastro único georreferenciado y público, solución por vía legal y una política clara de enajenación—. La primera es una condición previa del cálculo: no se puede evaluar el costo de oportunidad de un inventario que no se conoce. Vale, eso sí, una advertencia de rigor: la alternativa relevante no es el arriendo de mercado bruto, sino el mejor uso efectivamente alcanzable, neto de los costos de conseguirlo (litigios, desalojos, plazos) y considerando que algunas ocupaciones pueden tener un uso social que un cálculo puramente de renta no captura.
Relación con otros conceptos
El costo de oportunidad es la contracara operativa de la escasez y el contenido económico de la frontera de posibilidades de producción: su pendiente mide exactamente cuántas unidades de un bien deben sacrificarse por una unidad adicional del otro. Sobre esa misma base descansa la ventaja comparativa de Ricardo (1817), que ordena la especialización según quién produce con menor costo de oportunidad, no con menor costo absoluto.
Se lo confunde a menudo con el costo hundido, que es su opuesto lógico: uno debe entrar en la decisión y el otro no. En finanzas corporativas reaparece como costo de capital —la rentabilidad exigida a un proyecto es lo que el inversionista obtendría en otro de riesgo equivalente— y por esa vía sostiene el valor actual neto y la tasa de descuento. En evaluación social de proyectos cumple el mismo papel bajo los llamados precios sociales, y en el análisis de recursos naturales o suelo urbano se cruza con la renta económica. Finalmente, conecta con el costo marginal: toda decisión al margen es una comparación entre el beneficio adicional y aquello que se abandona por conseguirlo.
Fuentes y lecturas
- Green, D. I. (1894), Pain-Cost and Opportunity-Cost, Quarterly Journal of Economics, 8(2).
- Wieser, F. von (1914), Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, J. C. B. Mohr, Tubinga.
- Robbins, L. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan.
- Buchanan, J. M. (1969), Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Markham Publishing.
- Mankiw, N. G., Principios de economía, Cengage Learning (capítulo 1, "Los diez principios de la economía"; varias ediciones).
Referencia general: Coste de oportunidad — Wikipedia en español
- 21 oct 2026
Preguntas sin responder sobre la compra de ENAP — No se ha explicado cómo se financiará la compra. Los US$207 millones dejan de llegar al Fisco. Tampoco se conoce el precio del barril usado en la evaluación, ni por qué no se prioriza reducir una deuda de unos US$3.100 millones. En una empresa estatal los accionistas son todos los ciudadanos y deben exigir datos, no titulares.
«cuando evaluó este proyecto, ¿con qué precio del barril lo hizo?» — 
Pepe Arias
- 21 oct 2026
Endeudamiento de ENAP y costo fiscal de la compra — ENAP tiene una deuda cercana a US$3.000 millones, unas 1,8 veces su EBITDA, por encima de las grandes petroleras (bajo 1 vez). No ha aclarado si financiará la compra con caja o con deuda. Toda utilidad reinvertida afuera deja de traspasarse al Fisco, que es el costo alternativo relevante.
«o le paso esos 207 millones al fisco de Chile o me compro otra empresa afuera» — Pepe Arias
- 19 oct 2026
El costo directo del estallido — El daño físico y financiero fue enorme: pérdidas de alrededor de 1 punto del PIB, US$4.500 millones en infraestructura, el Metro destruido y US$1.300 millones pagados por seguros. Además, la bolsa perdió US$27.000 millones y se perdieron 100.000 empleos. Lo que se gastó en reconstruir pudo haber sido inversión, y el país quedó con un costo de reaseguro más alto.
«con esa plata se podría haber extendido la línea 3 hasta Quilicura» — Pepe Arias
- 19 oct 2026
Primera cuenta del estallido: la destrucción directa — El costo visible fue de unos US$3.000 millones, cerca de un punto del PIB, más de US$4.500 millones en infraestructura según la CChC y US$255 millones para reconstruir el Metro, lo mismo que costaría extender la Línea 3. Fue gasto de reposición, no inversión. Chile quedó como líder mundial en siniestros por desórdenes, lo que encareció los seguros de forma permanente. El IPSA cayó 12,5% y el comercio perdió unos 100 mil empleos. Aun así, es la menor de las cuentas.
«eso fue gasto eso no fue inversión» — Pepe Arias
- 15 oct 2026
Precio de los bonos y alza de tasas — El precio de un bono es el flujo descontado a la tasa vigente. Si la tasa sube, el bono vale menos en el mercado aunque el fondo siga cobrando el cupón pactado, y la 'pérdida' es en rigor un costo alternativo. Las AFP, al topar el límite de bonos, usaron derivados que replican su precio.
«El precio de un bono es igual al flujo que paga el bono dividido por la tasa de interés del momento.» — 
Willy Díaz
- 14 oct 2026
Costo de oportunidad de destinar fondos públicos a carreteras — Los cerca de US$1.280 millones de la autopista habrían tenido que salir del fisco, y como prioridad social compiten mal frente a salud o educación. Por eso conviene que esa inversión la hagan privados vía concesiones.
«como estado de Chile es una prioridad destinar 1200 millones de dólares a construir una carretera normalmente uno llega a la conclusión de que no» — sin atribución
- 7 oct 2026
Recorte propuesto a Yo Elijo mi PC — Una política pública se evalúa por los resultados que logra, no por su intención. Las evaluaciones de Yo Elijo mi PC no encontraron mejoras educativas porque muchos niños vendían el computador o lo usaban para jugar. Con recursos escasos, recortarlo es correcto.
«No las debe, ¿no es cierto?, evaluar según la intención, sino que según lo que logran.» — 
Manuel Bengolea
- 29 sep 2026
El sobrecosto del tren a Melipilla — El proyecto de tren Santiago-Melipilla/Batuco pasó de US$150 millones en 1997 a cerca de US$3.700 millones hoy (US$2.900 millones de construcción más ~US$800 millones en derechos de paso municipal), por un conflicto entre EFE, la Contraloría y las municipalidades sobre el cobro por el uso del suelo; quienes terminan pagando esa ineficiencia son los usuarios, con horas de viaje perdidas cada día.
- 22 sep 2026
Uso alternativo de los US$2.700 millones — La pregunta de política pública no es si duele el alza, sino qué habría dejado de hacer el Estado con esos recursos: sobre un presupuesto del orden de US$90.000 millones, 2.700 millones son un 3% en apenas seis meses, y si el precio vuelve a subir el monto podría duplicarse.
«¿cuál es el uso alternativo para el Estado de esos recursos?» — Pepe Arias
- 21 sep 2026
El costo del cumplimiento para la empresa chica — Los sistemas son tan complejos para medianas y chicas que prescindir del contador es imposible, y eso es plata y tiempo: el contador cobra, trabaja en cuatro o cinco partes y en abril hay que hacerle guardia. El dueño enfrenta una disyuntiva de atención: o se dedica a entender su negocio o se dedica a entender los impuestos. Todo lo que simplifique es bienvenido con una condición: que no deje ventanas, porque el objetivo no es que se pague menos sino que se pague lo que corresponde.
«O me dedico a entender mi negocio o me dedico a entender los impuestos» — Pepe Arias
- 7 sep 2026
Crítica al estudio de la Universidad de Chile sobre IVA y tramo exento — El estudio que desestima que nuevos ingresos tributarios cierren la brecha fiscal no vino del Departamento de Economía sino del de Control de Gestión y Sistemas de Información, y simula medidas —subir el IVA y reducir el tramo exento del impuesto a la renta— que nadie ha puesto sobre la mesa. Destinar horas de profesionales a calcular escenarios que no están en ninguna parte de la discusión es una forma de malgasto de recursos y evidencia la desconexión entre la universidad y el debate que el país sí está teniendo.
«destinar horas profesionales a estudiar, analizar y a desgastarse en temas que nadie ha discutido es una desconexión» — Willy Díaz
- 31 ago 2026
Qué formación debe financiar el Estado — El Estado tiene que financiar formación que le sirva al país: si alguien vuelve con un doctorado y nadie quiere contratarlo, la señal del mercado es que no es rentable tener esa gente. Que cada uno estudie lo que quiera —el ejemplo burdo es un doctorado en poesía inglesa del siglo XIV—, pero pagándoselo, porque no hay razón para que el Estado de Chile financie cuatro años de una especialidad que no necesita.
«financiar cosas que no le interesan al país no parece ser una buena decisión» — Pepe Arias
- 27 ago 2026
Alerta de Contraloría por saldos sin movimiento en el sector público — Contraloría informó del orden de US$865 millones ($796.440 millones) en saldos contables sin movimiento en el sector público y municipal a marzo de 2026. Más del 90% corresponde a cuentas por cobrar que requieren gestión de cobranza: no son recursos inmediatamente disponibles y arriesgan convertirse en perjuicio fiscal, mientras el deudor conserva y rentabiliza esa plata.
«hay 865 millones de dólares … que requieren, el 90% de ellos, que alguien haga algo por cobrarlo, porque están sin movimiento» — 
Juan José Lavín
- 26 ago 2026
ENAP y el margen de refinación en la coyuntura — Como Chile importa crudo y refina localmente, cabe preguntarse si las utilidades de ENAP se elevaron sustancialmente con el shock. Todo depende de si el precio de la refinación opera también como commodity: si el margen internacional es alto, el de ENAP también lo será por definición y no hay espacio para cobrar la refinación en Chile a un precio distinto del mundial. Queda planteada como pregunta a verificar con quien conoce la industria, no como conclusión.
«si es que el precio de refinación opera también como commodity» — sin atribución
- 20 ago 2026
Rechazo ambiental a la interconexión eléctrica del Maule — La Comisión de Evaluación Ambiental del Maule rechazó un proyecto de interconexión con el sistema argentino que tenía todos sus informes previos favorables, por una especie que nunca apareció en cinco años de tramitación; el costo es dejar sin respaldo a una región que ya vive racionamiento eléctrico.
«la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule decidió no dar esa seguridad energética» — Juan José Lavín
- 6 ago 2026
Enajenación de activos prescindibles del Estado — El Estado acumuló durante décadas activos que no cumplen ninguna función pública: 100 acciones de un club privado exclusivo en manos de Corfo por una expropiación de los años cuarenta, pertenencias mineras que Enami se adjudicó ejecutando a mineros morosos y que no explotaba ni dejaba explotar, y terrenos habitacionales frente a playa. Venderlos los hace productivos para el privado y le devuelve recursos al Estado por precio e impuestos.
«hay un activo ahí, del Estado, que alguien, sin ninguna duda, está utilizando para ir de socio al club» — Willy Díaz
- 5 ago 2026
Arreglar Codelco: deuda propia y caja para inversión — Codelco debe US$25.000-30.000 millones —cerca del 20% de la deuda de Chile— y su plan pasa por pedirle al fisco que no le retire caja, porque cada peso extraído la obliga a endeudarse justo cuando necesita esa caja para hacerse eficiente; los cambios estructurales exigen gastar hoy, no hay almuerzo gratis.
- 3 ago 2026
El verdadero cálculo de vender: cuánto rinde el activo comparado con la alternativa — La pregunta correcta ante un activo es cuánto produce hoy a su dueño. Codelco le entrega al Estado US$1.700-1.900 millones al año en promedio. Colocar US$40.000 millones al 4,7% de un bono del Tesoro estadounidense rinde prácticamente lo mismo en términos nominales, pero sin el cacho político, sin la deuda y sin tocar el capital, a la manera del fondo noruego: se gastan los intereses y el capital permanece, a diferencia de Codelco, que va en deterioro.
«me voy en la Noruega a tener un capital ahí que no toco para nunca más» — Pepe Arias
- 31 jul 2026
Recursos escasos del Estado y agotamiento del yacimiento — Codelco debe operar con criterios de eficiencia porque administra recursos financieros escasos del Estado que tienen usos alternativos importantes y urgentes, y porque extrae un recurso no renovable: el cobre mal aprovechado hoy no se recupera después. Seguir discutiendo por ideología termina con todos los chilenos pagando la cuenta de la mala gestión, el sobreendeudamiento y yacimientos envejecidos.
«más aún cuando el cobre es un recurso no renovable, yo el cobre que saco no lo voy a sacar de nuevo» — Pepe Arias
- 28 jul 2026
Bienes fiscales ocupados irregularmente — Hay 31.000 inmuebles fiscales en manos de terceros, la mayoría de forma derechamente ilegal y algunos por 30 o 40 años sin pagar nada, producto de décadas de abandono de la propiedad fiscal. Al ritmo actual de regularización tomaría una década mientras se siguen ocupando otros, y el costo de oportunidad es enorme: solo en la muestra estudiada hay 1.200 inmuebles vendibles y decenas de millones de dólares de renta perdida al año. Urge un catastro único georreferenciado y público, solución por vía legal y una política clara de enajenación.
«hay más de 31.000 propiedades del Estado … en manos de particulares en forma irregular, o sea derechamente ilegal» — Pepe Arias
- 28 jul 2026
31.000 inmuebles fiscales ocupados por terceros — El Estado es dueño del 55% del territorio continental y no controla lo que tiene: 31.000 inmuebles están ocupados por terceros (26.000 ilegalmente), sin arriendo ni contribuciones, con una cultura de permisividad de décadas. Solo vender 1.200 de las 8.200 propiedades catastradas por Colliers rendiría entre US$200 y US$300 millones.
«porque esto no le importa a nadie porque esto no es de nadie» — Pepe Arias