Intercambio de votos por obras distritales (pork barrel y logrolling)

Qué es

Cuando un parlamentario vota un proyecto de ley, en especial uno de gasto, no siempre pesa el efecto del proyecto sobre la economía del país. A menudo pesa lo que el proyecto deja en su distrito: un puente, un hospital, una pavimentación, una sede regional. La ciencia política y la economía política tienen dos nombres para describir esa lógica:

• Pork barrel ("barril de cerdo"): gasto público concentrado geográficamente. Beneficia a un distrito o grupo acotado y se financia con impuestos generales que paga todo el país. El nombre viene de la jerga política estadounidense del siglo XIX.
• Logrolling (intercambio de votos): un parlamentario apoya el proyecto de otro a cambio de que ese otro apoye el suyo. Como formuló Tullock (1959), el intercambio de votos permite aprobar proyectos que por separado no tendrían mayoría. Cada uno interesa mucho a una minoría y poco al resto, pero juntos suman los votos necesarios.

Las dos ideas se refuerzan entre sí. El logrolling es el mecanismo de negociación y el pork barrel es lo que se intercambia. Buchanan y Tullock (1962) analizaron este comercio de votos como un rasgo estructural de la decisión por mayoría, no como una anomalía moral. Si las preferencias tienen distinta intensidad, los legisladores tienen incentivos para transar votos.

El problema económico de fondo es un problema de recursos comunes aplicado al presupuesto. Weingast, Shepsle y Johnsen (1981) lo formalizaron así: el beneficio de un proyecto lo recibe entero el distrito, pero su costo se reparte entre todos los contribuyentes. Si hay N distritos, el representante de cada uno internaliza aproximadamente 1/N del costo. De ahí viene la llamada "ley de 1/N": mientras más fragmentado esté el cuerpo legislativo, más proyectos se aprueban cuyo costo social supera su beneficio y más grande tiende a ser el gasto total. Ningún parlamentario actúa de forma irracional. El resultado agregado es ineficiente porque cada uno decide mirando solo su parte.

Los modelos de negociación legislativa agregan otra pieza. Baron y Ferejohn (1989) mostraron que quien tiene el poder de proponer arma coaliciones mínimas ganadoras: reparte beneficios solo a los votos que necesita y deja fuera al resto. Por eso los bienes distritales no se reparten de forma pareja. Se concentran donde están los votos decisivos.

Hay dos matices importantes. El primero es que no todo gasto territorial es despilfarro: un hospital regional puede tener alta rentabilidad social. Lo que define al pork barrel es el criterio de asignación, que sigue la conveniencia electoral y no la evaluación social. El segundo es que el logrolling también puede mejorar el bienestar cuando permite que minorías con preferencias intensas obtengan algo que valoran mucho a cambio de algo que a otros les importa poco. Buchanan y Tullock reconocieron ambos lados.

Cómo lo explicó el programa

En el Buenos Días Mercado del 1 de octubre de 2026 ([bdm-2026-10-01]), el panel comentó la negociación de la Ley de Presupuestos en el Congreso. Willy Díaz describió esta lógica sin rodeos. En el Congreso, explicó, no se discute el impacto macroeconómico del presupuesto. Los parlamentarios cambian votos por obras para su distrito, y eso no cambia aunque haya un buen ministro de Hacienda. En sus palabras: "Esa es la conversación que se produce en el Congreso."

El punto del panelista coincide con la teoría. Los incentivos que producen el intercambio de votos son institucionales, no personales. La calidad técnica del ministro no altera el hecho de que cada parlamentario responde ante su distrito y carga con una fracción pequeña del costo agregado. Puede negociar mejor, pero no cambia los términos de la negociación.

En Chile el mecanismo tiene un rasgo propio. La Constitución entrega al Ejecutivo la iniciativa exclusiva en materia de gasto: el Congreso puede reducir o rechazar partidas del presupuesto, pero no aumentarlas. Por eso las obras distritales no se agregan directamente en la ley. Se consiguen como concesiones que el Ejecutivo entrega para asegurar los votos, por ejemplo compromisos de inversión, prioridades en la cartera regional o los "protocolos de acuerdo" que suelen acompañar el despacho del presupuesto. Esa regla limita el crecimiento del gasto que predice la ley de 1/N, pero no elimina el intercambio: solo lo traslada a la mesa de negociación con Hacienda.

Relación con otros conceptos

El intercambio de votos es un caso de acción colectiva en el sentido de Olson. Los beneficios concentrados movilizan a quienes los reciben, mientras que los costos difusos no movilizan a nadie. Se relaciona con la búsqueda de rentas (rent seeking), porque grupos y territorios invierten recursos en capturar gasto público en vez de generar valor nuevo. En macroeconomía aparece en la literatura sobre sesgo deficitario y fragmentación fiscal: Velasco (2000) modeló cómo varios grupos con acceso a un fondo común de recursos fiscales generan déficits y deuda mayores que los óptimos.

También explica por qué existen reglas fiscales y consejos fiscales autónomos. Son instituciones que fijan un techo agregado antes de la negociación por partidas, para que el total no salga de la suma de las demandas distritales. Por último, se conecta con la evaluación social de proyectos: cuando la cartera de inversión pública pasa por un filtro técnico de rentabilidad social, el margen para asignar obras con criterio puramente electoral se reduce.

Fuentes y lecturas

• Tullock, G. (1959), "Problems of Majority Voting", Journal of Political Economy, 67(6).
• Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
• Weingast, B. R., Shepsle, K. A. y Johnsen, C. (1981), "The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics", Journal of Political Economy, 89(4).
• Baron, D. P. y Ferejohn, J. A. (1989), "Bargaining in Legislatures", American Political Science Review, 83(4).
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.