Jornada legal versus horas efectivamente trabajadas

Qué es

La jornada legal es un techo: el máximo de horas ordinarias que un contrato de trabajo puede pactar por semana. Las horas efectivamente trabajadas son otra cosa —un dato medido, no una norma—: cuántas horas declaró haber trabajado la gente ocupada en la semana de referencia de una encuesta de hogares. En Chile ese dato lo produce el INE en la Encuesta Nacional de Empleo, que distingue explícitamente entre horas habituales (las del contrato) y horas efectivas (las de esa semana concreta, con sus feriados, licencias, vacaciones, sobretiempo y trabajo a tiempo parcial adentro).

Confundir ambas cifras es el error más común del debate. El promedio de horas efectivas de una economía casi siempre está muy por debajo de la jornada legal, y no porque la ley se incumpla: el promedio incluye a quien trabaja media jornada por elección, a quien está subempleado por horas porque no consigue más, al informal sin contrato, y a todos los que esa semana tuvieron un feriado o una licencia. Por eso el promedio se mueve por razones que nada tienen que ver con la norma —el ciclo económico, la composición del empleo, la informalidad— y por eso un cambio en la jornada legal solo muerde sobre quienes estaban pegados al techo.

En la teoría de la oferta laboral, la jornada legal es una restricción en el margen intensivo (horas por trabajador), a diferencia de las decisiones de entrar o salir del empleo, que ocurren en el margen extensivo (número de trabajadores). El punto clave —y la razón de que reducir la jornada no reparta mecánicamente el trabajo— es que trabajadores y horas no son sustitutos perfectos para la empresa: cada trabajador adicional trae costos cuasi fijos que no dependen de cuántas horas trabaje (selección, capacitación, cotizaciones de tramo fijo, puesto de trabajo). Ese argumento lo formalizó Oi (1962) al tratar el trabajo como un factor cuasi fijo, y Feldstein (1967) mostró que meter "horas-hombre" como un solo insumo en la función de producción esconde justamente esa diferencia. Si contratar cabezas es caro, recortar el techo de horas reduce las horas totales antes que aumentar el empleo.

Contra eso juega el argumento de la fatiga, planteado por Chapman (1909) hace más de un siglo: pasado cierto punto, cada hora adicional produce menos, así que acortar la jornada puede subir el producto por hora. Pencavel (2015), reanalizando los datos de las fábricas de municiones británicas de la Primera Guerra, encontró esa relación no lineal: bajo jornadas muy largas la caída de horas se compensa casi por completo. La evidencia sobre reducciones legales en economías modernas es bastante más fría: Hunt (1999) para Alemania y Crépon y Kramarz (2002) para la reducción francesa de 1982 encuentran que las horas efectivas sí bajaron, pero el empleo no subió —y en el caso francés, el efecto sobre la probabilidad de perder el trabajo fue adverso—.

De ahí sale la aritmética que importa. El producto por trabajador se descompone en dos factores: producto por hora multiplicado por horas por trabajador. Si las horas por trabajador caen y el producto por hora no sube lo suficiente, el producto por trabajador cae. Y si además el sueldo mensual se mantiene por ley —como ocurre cuando la reducción es sin ajuste de remuneraciones—, el costo laboral unitario sube: la misma plata comprando menos producto. Ese costo, en un negocio sin holgura de margen, termina buscando salida en el precio.

Cómo lo explicó el programa

En el Buenos Días Mercado del 10 de septiembre de 2026 (bdm-2026-09-10), Willy Díaz usó exactamente esa brecha para desarmar el debate desde su origen: cuando en 2017 se discutía bajar la jornada de 45 a 40 horas, el INE ya medía alrededor de 37 horas efectivas promedio a la semana. Es decir, la norma que se quería recortar estaba por encima de lo que el país realmente trabajaba, y el promedio no dependía del techo legal sino de la composición del empleo. Con la aplicación gradual iniciada en abril de 2024 —la Ley 21.561 baja a 44 horas ese año, a 42 en 2026 y a 40 en 2028—, el dato del último trimestre medido había caído a 35 horas.

Su conclusión fue sobre el denominador, no sobre la ley: "menos horas trabajadas, señor auditor, significa menor productividad, porque no se está vendiendo más". El razonamiento es el de la descomposición de arriba, mirada desde la caja de un negocio concreto: si el producto no crece, menos horas se traducen en menor producto por trabajador y en una participación creciente del costo laboral en el precio final.

Conviene precisar una cosa que la frase comprime: la productividad por hora puede subir aunque el producto por trabajador baje —son medidas distintas—, y buena parte de la caída del promedio de horas efectivas responde a más trabajo a tiempo parcial, más informalidad y menos sobretiempo en una economía floja, no solo al cambio legal. Lo que la aritmética sí sostiene sin matices es lo otro: con producto estancado y remuneración mensual intacta, el costo laboral por unidad vendida sube.

Relación con otros conceptos

Esta brecha es la puerta de entrada a la productividad laboral y, sobre todo, a distinguirla del costo laboral unitario, que es lo que efectivamente presiona precios. Se conecta con el subempleo por horas y la informalidad, que explican buena parte de por qué el promedio efectivo se despega del techo legal; con los márgenes intensivo y extensivo de la oferta de trabajo, que separan horas de empleo; con el reparto del trabajo (work-sharing) como hipótesis de política; y con la inflación de costos, cuando el mayor costo unitario se traspasa al precio en vez de comprimir el margen.

Fuentes y lecturas

• Chapman, S. J. (1909), "Hours of Labour", The Economic Journal, 19(75).
• Oi, W. (1962), "Labor as a Quasi-Fixed Factor", Journal of Political Economy, 70(6).
• Hunt, J. (1999), "Has Work-Sharing Worked in Germany?", The Quarterly Journal of Economics, 114(1).
• Pencavel, J. (2015), "The Productivity of Working Hours", The Economic Journal, 125(589).
• Cahuc, P., Carcillo, S. y Zylberberg, A. (2014), Labor Economics, 2ª ed., MIT Press.