Libertades individuales y crecimiento económico

Qué es

La pregunta de fondo es vieja y sigue abierta: ¿cuánto del crecimiento de un país depende de que sus habitantes puedan moverse, contratar, invertir, exportar, opinar y organizarse sin permiso previo? La respuesta que da la economía moderna no pasa por la moral sino por los incentivos: nadie invierte en algo cuyo fruto no puede retener, vender ni heredar.

Conviene separar dos libertades que suelen confundirse. La libertad económica —derechos de propiedad seguros, contratos exigibles, precios libres, apertura comercial, moneda estable— y las libertades civiles y políticas —circulación, expresión, asociación, sufragio—. Se correlacionan, pero no son lo mismo, y la evidencia sobre cada una tiene distinta fuerza.

El canal más aceptado es institucional. Douglass North (1990) definió las instituciones como las "reglas del juego" que fijan el costo de transar: donde el derecho de propiedad es precario, el horizonte de cálculo se acorta y el capital se destina a proteger lo que hay en vez de crear lo que falta. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) le pusieron identificación empírica a esa idea usando la mortalidad de los colonos europeos como instrumento: donde no pudieron asentarse, montaron instituciones extractivas cuyo efecto sobre el ingreso per cápita se sigue midiendo hoy, siglos después. La conclusión que interesa acá es que el efecto es de nivel y de trayectoria, no un bache pasajero.

El segundo canal es informacional y viene de Hayek (1945): el conocimiento relevante para producir está disperso en millones de cabezas y ningún planificador lo posee. Los precios libres son el mecanismo que lo agrega. Cuando se interviene el precio —control cambiario, fijación de tarifas, cuotas de importación— no solo se transfiere renta: se destruye la señal que le indicaba al empresario dónde falta algo. Friedman (1962) llevó el argumento un paso más allá al postular que la libertad económica es condición necesaria (no suficiente) de la libertad política, porque descentraliza el poder.

Amartya Sen (1999) invirtió el orden causal: la libertad no es solo un medio para crecer, es parte de lo que llamamos desarrollo. Su observación célebre es que ninguna hambruna moderna de gran escala ha ocurrido bajo una democracia con prensa libre, porque el gobierno paga un costo político por ignorarla.

En el corto plazo opera algo distinto: incertidumbre. La teoría de la inversión irreversible (Dixit y Pindyck, 1994) muestra que, ante un aumento de la varianza, esperar tiene valor de opción: el proyecto no se cancela, se posterga. Bloom (2009) documentó que un shock de incertidumbre produce una caída rápida de la actividad y luego un rebote. Por eso una restricción anunciada golpea las expectativas antes que la producción.

Ahora, la honestidad intelectual obliga a marcar dónde la evidencia es más débil. La relación entre libertades políticas y crecimiento es menos limpia: Barro (1996) encontró una relación no lineal, con rendimientos decrecientes, y los casos de alto crecimiento bajo regímenes autoritarios —incluido el propio Chile entre 1975 y 1989, Corea del Sur, Singapur, China— son reales y conocidos. Estudios posteriores con mejor identificación, como Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson (2019), estiman que democratizarse eleva el PIB per cápita en torno a un 20% en el cuarto de siglo siguiente, vía inversión, educación y capacidad fiscal. Pero hay un problema de causalidad reversa difícil de eliminar: las crisis provocan restricciones, y las restricciones aparecen correlacionadas con el mal desempeño que ayudaron a causar.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 20 de agosto de 2026, el tema "El impacto económico de restringir libertades" separó exactamente los dos horizontes. Un estado de sitio golpea primero las expectativas de consumidores e inversionistas, y por esa vía la demanda de inmediato: con toque restringido, sencillamente no se sale a comer. Ese es el efecto visible y el que se mide primero, pero no es el importante.

El efecto grande, planteó Manuel Bengolea, es de plazo más largo: "en la medida que se restringen libertades, la capacidad de crecimiento económico, la capacidad de generar nueva riqueza, disminuye". La formulación es precisa en un punto técnico que suele perderse: no habla de una caída del nivel de actividad, habla de la capacidad de generar riqueza nueva —lo que en contabilidad del crecimiento sería la productividad total de factores, el término que fija la pendiente y no la altura de la curva—. La evidencia que ofreció fue regional: Venezuela, Cuba y Argentina como tres grados distintos del mismo fenómeno.

Relación con otros conceptos

Es el vértice institucional del crecimiento económico de largo plazo: en el modelo de Solow, la acumulación de capital tiene rendimientos decrecientes y lo único que sostiene el crecimiento sostenido es la productividad total de factores, que es justamente donde muerden las instituciones. Se conecta con los derechos de propiedad y el Estado de derecho como precondiciones de la inversión irreversible; con la incertidumbre y el valor de espera, que explica el freno inmediato de proyectos; con el riesgo país y el spread soberano, que es el precio de mercado de esa fragilidad institucional; con el control de precios y el control de cambios, que son las formas concretas en que se restringe la libertad económica en la región; y con la fuga de capitales y de talento, la salida cuando la voz deja de estar disponible.

Fuentes y lecturas

• North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
• Sen, A. (1999), Development as Freedom, Alfred A. Knopf. Traducción: Desarrollo y libertad, Planeta.
• Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Business. Traducción: Por qué fracasan los países, Deusto.
• Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. y Robinson, J. (2019), "Democracy Does Cause Growth", Journal of Political Economy 127(1).
• Gwartney, J., Lawson, R. y otros (anual), Economic Freedom of the World, Fraser Institute. Es la serie estándar para medir libertad económica comparada, con datos por país desde 1970.