Privatización con reparto ciudadano del producto

Qué es

La privatización con reparto ciudadano del producto es un esquema en que el Estado vende una empresa pública y, en vez de que el precio ingrese al fisco como recurso presupuestario, lo distribuye directamente entre los habitantes: en acciones, en vouchers canjeables por acciones, o en dinero depositado en cuentas individuales. La idea combina dos promesas que suenan complementarias —eficiencia por cambio de dueño y equidad por reparto universal— y que en la práctica tironean en direcciones opuestas.

Tiene antecedentes concretos. La privatización masiva por vouchers de Chequia y Rusia a comienzos de los noventa repartió cupones entre toda la población adulta (Boycko, Shleifer y Vishny, 1995); el "capitalismo popular" chileno de 1985-86 colocó paquetes accionarios en pequeños inversionistas y fondos de pensiones (Hachette y Lüders, 1992); y las colocaciones minoristas británicas de esos mismos años buscaban lo mismo, crear accionistas donde había contribuyentes.

El primer problema es que el argumento económico a favor de privatizar no es el cambio de título de propiedad, sino el cambio de incentivos que ese título habilita: un dueño residual con algo que perder, una restricción presupuestaria dura y menos interferencia política en decisiones de empleo e inversión (Vickers y Yarrow, 1988; Sappington y Stiglitz, 1987). Ese mecanismo exige control concentrado. Repartir la propiedad entre 18 millones de personas produce exactamente lo contrario: el clásico problema del polizón que formalizaron Grossman y Hart (1980) —quien tiene una participación ínfima paga entero el costo de fiscalizar al gerente y captura una fracción microscópica del beneficio, así que no fiscaliza—. La evidencia comparada de las transiciones apunta en ese sentido: las ganancias de desempeño aparecieron donde la propiedad terminó concentrada, y fueron pequeñas o nulas donde quedó difusa (Estrin, Hanousek, Kočenda y Svejnar, 2009; Megginson y Netter, 2001). En Chequia las acciones repartidas se concentraron rápido en fondos de inversión, y de ahí salió el vocabulario del tunneling.

El segundo problema es contable. Vender un activo y repartir el producto es un canje de cartera en el balance público, no creación de riqueza: el Estado entrega un flujo futuro de excedentes y recibe un pago único. Solo hay ganancia neta si el comprador opera el activo mejor de lo que lo operaba el Estado —la prima de eficiencia— o si el fisco descuenta el futuro más fuerte que el mercado. En ausencia de eso, la operación es una transferencia intergeneracional: quienes están vivos hoy reciben el cheque, quienes vengan pierden el flujo.

El tercer problema es de valorización, y es el que suele matar estas propuestas antes de llegar a los dos anteriores. Lo repartible no es el valor de la empresa sino el valor patrimonial: valor empresa menos deuda neta (Brealey, Myers y Allen, 2019). En un activo minero el valor empresa es el valor presente de los flujos de caja libres, hipersensible al precio de largo plazo del cobre, a la posición en la curva de costos y al capex todavía pendiente; y la cifra que resulta se contrasta contra lo que compradores reales pagaron en transacciones comparables recientes, no contra el número que la propuesta necesita para que el monto per cápita sea atractivo (Damodaran, 2012).

Conviene distinguir esto de un esquema emparentado pero distinto: repartir la renta sin vender el activo, como el Alaska Permanent Fund, que capitaliza parte de la regalía petrolera y distribuye el retorno del fondo. Ahí no hay canje de cartera ni pérdida de control; hay una regla de ahorro y un dividendo. Es la versión moderna del "dividendo social" que discutió Meade (1964), y no requiere resolver quién queda a cargo de la empresa.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 3 de agosto de 2026, bajo el tema "Valorización de Codelco en la propuesta de privatización con reparto ciudadano", el programa no discutió la propuesta del Partido Nacional Libertario por su ideología sino por su aritmética. El planteamiento supone un piso de 60 mil millones de dólares por Codelco, para venderla y repartir el producto en cuentas individuales de 18 millones de chilenos. La conclusión del panel fue que ese piso no se sostiene por ningún lado: ni las estimaciones del Bank of America ni las transacciones comparables del sector lo respaldan, y una búsqueda cuidadosa lleva más bien a unos 40 mil millones. Pepe Arias lo cerró así: "El precio, insisto, humildemente, no da".

El método vale tanto como la conclusión: los dos anclajes que usó el programa —valorización de analista y múltiplos de operaciones efectivamente pagadas— son justamente los dos que exige el manual, y cuando ambos apuntan al mismo lado el supuesto que sobra es el del proponente. Vale la pena hacer explícita la aritmética del divisor, porque es donde la propuesta se juega su atractivo político: 60 mil millones repartidos entre 18 millones son unos 3.300 dólares por persona; 40 mil millones son unos 2.200. Un tercio de la promesa se evapora antes de descontar deuda neta, impuestos de la operación o el descuento que pide cualquier comprador por un paquete de este tamaño.

Relación con otros conceptos

El nudo del asunto es la valorización por flujos descontados y la distinción entre valor empresa y valor patrimonial, que es lo que define cuánto queda efectivamente para repartir. Por el lado fiscal conecta con el costo de oportunidad del balance público y con la renta de los recursos naturales —el excedente ricardiano que hoy transfiere Codelco al fisco es precisamente el flujo que se estaría vendiendo—, y con la ilusión fiscal de tratar un ingreso por venta de activos como si fuera ingreso permanente. Por el lado de la eficiencia depende del problema de agencia entre propiedad y control, del problema del polizón en la fiscalización de la administración y de la restricción presupuestaria blanda que se le atribuye a la empresa estatal. Y en su versión sin venta, se emparenta con los fondos soberanos de estabilización y el dividendo ciudadano.

Fuentes y lecturas

• Vickers, J. y Yarrow, G. (1988), Privatization: An Economic Analysis, MIT Press.
• Megginson, W. y Netter, J. (2001), From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, Journal of Economic Literature.
• Estrin, S., Hanousek, J., Kočenda, E. y Svejnar, J. (2009), The Effects of Privatization and Ownership in Transition Economies, Journal of Economic Literature.
• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F. (2019), Principles of Corporate Finance, 13ª ed., McGraw-Hill.
• Hachette, D. y Lüders, R. (1992), La privatización en Chile, Centro Internacional para el Desarrollo Económico.