Puerta giratoria entre el sector público y sus proveedores

Qué es

La puerta giratoria es el tránsito de personas entre el organismo público que compra, regula o fiscaliza y las empresas que le venden o que son reguladas por él. Gira en los dos sentidos: el funcionario que renuncia y aparece contratado por el proveedor al que le adjudicó un contrato, y el ejecutivo del sector que entra a dirigir la repartición que antes lo supervisaba. Ninguno de los dos movimientos es ilegal por sí mismo, y ahí empieza el problema económico: no se trata de un delito que haya que detectar, sino de una estructura de incentivos que produce malas decisiones aun cuando todos actúen dentro de la ley.

El armazón es un problema de agencia. El funcionario es agente del Estado, pero su ingreso a lo largo de la vida no depende solo del sueldo fiscal: depende también de su valor de mercado ante la industria que administra. Ese segundo pago no está escrito en ningún contrato, no lo controla nadie y se cobra después. Cuando el contrato de empleo no puede premiar todos los estados del mundo —y nunca puede—, el diferencial lo llena una remuneración implícita que el proveedor sí está en condiciones de ofrecer.

La teoría clásica de la captura lo enunció primero para la regulación. Stigler (1971) sostuvo que la regulación tiende a ser adquirida por la industria y diseñada para su beneficio, no por corrupción individual sino porque el grupo regulado es pequeño, concentrado y con mucho en juego, mientras el costo se reparte entre millones de contribuyentes que no tienen razón para organizarse; el mecanismo colectivo que lo sostiene ya lo había descrito Olson (1965). Laffont y Tirole (1991, 1993) formalizaron la captura como colusión entre el supervisor y el supervisado, y mostraron que el diseño de las compras públicas —cómo se especifica, cómo se adjudica, cómo se verifica— es un problema de incentivos, no de buena voluntad.

Conviene decir la otra mitad, porque es la que suele omitirse. Che (1995) demostró que cierta tolerancia a la puerta giratoria puede ser óptima: la expectativa de un empleo futuro en la industria induce al funcionario a adquirir pericia técnica que el Estado no está dispuesto a pagar en sueldos, y esa pericia mejora la regulación mientras el funcionario está en el cargo. Es el llamado efecto escuela. La evidencia empírica sugiere que conviven las dos cosas: Blanes i Vidal, Draca y Fons-Rosen (2012) encontraron que los lobbistas que provienen del staff parlamentario pierden cerca de un cuarto de los ingresos que generan cuando el legislador para el que trabajaron deja el cargo, lo que indica que buena parte de lo que se vende es la conexión y no el conocimiento. Dal Bó (2006) ordena esa literatura y advierte que la captura rara vez toma la forma de un sobre: opera por información, por agenda y por expectativas de carrera.

En compras públicas el punto de fuga no es la adjudicación —que es visible, protocolizada y competitiva—, sino la verificación. Un contrato de alimentación escolar no puede describir por adelantado cada ración de cada día en cada colegio: es un contrato incompleto, y lo que no está escrito lo decide después quien recibe conforme. Si esa firma la pone alguien cuya siguiente pega puede estar del otro lado del mostrador, el control se vuelve nominal. El costo social no se agota en el monto desviado: cuando la adjudicación deja de premiar al proveedor más eficiente, las empresas compiten en vínculos en vez de en costos, y el gasto en cultivar esos vínculos es puro desperdicio, la renta disipada que describieron Tullock (1967) y Krueger (1974).

Los remedios habituales —períodos de enfriamiento, registros de lobby, separación entre quien especifica, quien adjudica y quien fiscaliza— tienen su propio costo. En Chile la Ley 19.886 estructura las compras públicas y la Ley 20.880 fija deberes de probidad y límites al paso al sector privado. Pero un enfriamiento largo y sin compensación no es gratis: expulsa del Estado justamente a los técnicos con mejores alternativas afuera, que es una selección adversa en el reclutamiento público. La pregunta de diseño no es cómo cerrar la puerta, sino a qué velocidad conviene que gire.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 24 de agosto de 2026, a propósito de las raciones de Junaeb facturadas y no entregadas, el programa mostró el circuito completo en vez del episodio suelto. El patrón excedía al ministerio: una empresa se adjudicó $14.000 millones y en O'Higgins cobró $3.554 millones por 796 mil raciones de las que se habrían entregado 284. El cierre del circuito —lo que convierte un caso de fraude en un problema institucional— fue lo que apuntó Juan José Lavín sobre los funcionarios que asignaban esos contratos: "renuncian y adivinen dónde se fueron a trabajar, a la empresa que se ganó la contra".

La observación es exactamente el mecanismo teórico: los mismos que estaban en posición de especificar, adjudicar y dar por recibido el servicio tenían al adjudicatario como empleador probable. No hace falta suponer un acuerdo explícito para que la fiscalización se ablande; basta con que el costo de ser riguroso lo pague quien fiscaliza y el beneficio lo cobre el fisco.

Relación con otros conceptos

Es un caso particular de captura regulatoria y, más atrás, del problema principal-agente con riesgo moral: acción no observable, remuneración implícita fuera del contrato. La asimetría de información explica por qué el control no se puede automatizar —solo el supervisor sabe qué se entregó— y los contratos incompletos explican por qué siempre queda discrecionalidad al final del proceso. La disipación de recursos en obtener el contrato es búsqueda de rentas; el efecto sobre qué tipo de empresa sobrevive en el mercado de proveedores es selección adversa. Y la asimetría política que lo sostiene es la de costos difusos y beneficios concentrados.

Fuentes y lecturas

• Stigler, G. (1971), "The Theory of Economic Regulation", The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1).
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Che, Y.-K. (1995), "Revolving Doors and the Optimal Tolerance for Agency Collusion", RAND Journal of Economics, 26(3).
• Dal Bó, E. (2006), "Regulatory Capture: A Review", Oxford Review of Economic Policy, 22(2).
• Blanes i Vidal, J., Draca, M. y Fons-Rosen, C. (2012), "Revolving Door Lobbyists", American Economic Review, 102(7).