Reglas electorales como estructura de incentivos

Qué es

Un sistema electoral no es un procedimiento neutro para contar votos: es un conjunto de reglas que fija los precios relativos de la actividad política. Cambia el retorno esperado de fundar un partido, de negociar una coalición, de cultivar una clientela territorial o de defender la marca colectiva. En ese sentido, es una estructura de incentivos tan concreta como un régimen tributario, y sus efectos se estudian con las mismas herramientas: agentes que maximizan (votos, escaños, cargos) sujetos a restricciones institucionales.

Tres parámetros hacen casi todo el trabajo. El primero es la magnitud del distrito (M), el número de escaños que se reparten en cada circunscripción. El segundo es la fórmula de conversión de votos en escaños (mayoritaria, D'Hondt, Sainte-Laguë). El tercero es el umbral legal de entrada, si existe. De ahí sale la proposición más conocida de la disciplina: los sistemas de mayoría simple en distritos uninominales tienden al bipartidismo, mientras la representación proporcional sostiene sistemas multipartidistas (Duverger, 1951). Rae (1967) le puso evidencia comparada sistemática, y Cox (1997) le dio la formulación más útil —la regla M+1—: en equilibrio, un distrito sostiene como máximo M+1 candidaturas viables, porque la coordinación estratégica de votantes y donantes castiga a la que sobra. Taagepera y Shugart (1989) mostraron además que el número efectivo de partidos es predecible a partir del "producto de escaños" (magnitud × tamaño de la asamblea), lo que convierte el diseño electoral en una palanca calibrable y no en una apuesta.

El mecanismo tiene un segundo canal, menos visible y más pegajoso: la reglas no solo determinan cuántos partidos hay, sino qué tipo de político premian. Carey y Shugart (1995) ordenaron las fórmulas según cuánto incentivan a cultivar un voto personal en desmedro de la etiqueta partidaria: cuando el escaño depende de la competencia dentro de la propia lista, conviene construir reputación individual —favores, obras, presencia territorial— y no disciplina colectiva. Un sistema puede producir simultáneamente muchos partidos y partidos débiles, que es el peor de los dos mundos.

Para la economía, lo relevante son las consecuencias fiscales. Persson y Tabellini (2000) sistematizaron la evidencia de que la regla electoral se transmite a la política pública: los sistemas proporcionales tienden a un gasto mayor y más orientado a transferencias amplias, y los mayoritarios a bienes públicos focalizados en distritos disputados (Milesi-Ferretti, Perotti y Rostagno, 2002). Y la fragmentación en sí misma tiene precio: las coaliciones numerosas y débiles muestran sesgo deficitario, porque cada socio interioriza los beneficios de su partida de gasto y solo 1/n de su costo —el problema del recurso común aplicado al presupuesto (Weingast, Shepsle y Johnsen, 1981; Roubini y Sachs, 1989)—. Lijphart (1994) formuló el trade-off de fondo, que no tiene solución técnica: más proporcionalidad compra representatividad y paga en gobernabilidad; más mayoría, al revés.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 17 de agosto de 2026, al discutir la fragmentación del sistema de partidos, Manuel Bengolea lo planteó como un problema de diseño de incentivos, no de conducta: "tenemos el sistema electoral que premia las pymes políticas". El argumento fue que 28 o 30 partidos de tres o cuatro militantes aparecen y desaparecen, bien financiados con recursos del Estado, y que esa fragmentación es imposible de administrar y no le da estabilidad al país, a diferencia del bipartidismo estadounidense. La propuesta: consolidar —"como en cualquier industria, sin llegar al monopolio"— y volver a un binominal perfectible, reduciendo de 155 a 120 diputados.

La lectura institucional calza con la teoría. La reforma de 2015 (Ley 20.840) reemplazó el binominal por distritos de 3 a 8 escaños con D'Hondt y amplió la Cámara de 120 a 155, es decir bajó el umbral efectivo de entrada por las dos vías que predice Cox: más magnitud y más escaños. El resultado —más de veinte partidos con representación— es lo que el modelo anticipa, y el financiamiento público permanente de partidos introducido en 2016 reduce el costo fijo de mantener una organización mínima, que era la otra barrera. Volver a M=2 con 120 escaños operaría exactamente al revés.

Vale marcar el límite de la analogía industrial, porque es donde la intuición económica se da vuelta. En un mercado la concentración es un costo (menos opciones, renta monopólica); en política, agregar preferencias en pocas etiquetas es parte del servicio que el sistema debe prestar, porque una asamblea es un órgano que debe decidir, no solo reflejar. Por eso el criterio de bienestar no es el mismo, y por eso el binominal chileno fue criticado por lo contrario que se le pide ahora: con M=2, un pacto necesitaba doblar en votos al otro para llevarse ambos escaños, lo que protegía a la segunda fuerza y dejaba fuera a las terceras. La consolidación se compra, y el precio se paga en representación excluida.

Relación con otros conceptos

Conecta directamente con la economía política de los déficits fiscales: la fragmentación legislativa es uno de los canales por los que una regla de conteo de votos termina en una trayectoria de deuda. Se apoya en la lógica de la acción colectiva y de los grupos de interés (beneficios concentrados, costos difusos), y en el problema del recurso común aplicado al presupuesto. Del lado de la formación de la oferta política, es el complemento institucional del teorema del votante mediano: la convergencia al centro que predice Downs (1957) depende de que la competencia sea bipolar, y se rompe cuando la regla hace rentable atender un nicho. Por último, comparte estructura formal con las barreras a la entrada de la organización industrial —umbral legal y magnitud cumplen el rol de escala mínima eficiente—, con la advertencia sobre el criterio de bienestar señalada más arriba.

Fuentes y lecturas

• Duverger, M. (1951), Les partis politiques, Armand Colin (ed. inglesa: Political Parties, Wiley, 1954).
• Cox, G. W. (1997), Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems, Cambridge University Press.
• Taagepera, R. y Shugart, M. S. (1989), Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems, Yale University Press.
• Lijphart, A. (1994), Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990, Oxford University Press.
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.
• Carey, J. M. y Shugart, M. S. (1995), "Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas", Electoral Studies 14(4).