Seguridad pública y actividad económica

Qué es

La seguridad pública entra en el análisis económico por tres puertas distintas, y confundirlas es lo que hace parecer el tema "policial" en vez de macroeconómico.

La primera puerta es la oferta de delito. El punto de partida moderno es Gary Becker (1968), que trató al delincuente no como un desviado sino como alguien que compara el beneficio esperado del delito contra su costo esperado —la probabilidad de ser detectado multiplicada por la sanción, más el ingreso legal que resigna—. De ahí sale una predicción incómoda pero útil: para disuadir importa más subir la probabilidad de ser atrapado que endurecer las penas, porque quien delinque descuenta fuertemente lo que ocurriría después. Isaac Ehrlich (1973) formalizó esa decisión como asignación de tiempo entre actividades legales e ilegales, lo que ata el delito al mercado laboral: cuando el empleo formal se debilita, el costo de oportunidad de delinquir cae.

La segunda puerta es la evidencia causal, que llegó mucho después y con esfuerzo, porque más policía y más delito aparecen juntos por construcción (la policía se manda donde hay delito). Levitt (1997) usó los ciclos electorales en la contratación de policías como fuente de variación exógena —resultado luego corregido a la baja por McCrary (2002)—, y Di Tella y Schargrodsky (2004) aprovecharon un experimento natural argentino: tras el atentado a la AMIA en 1994 se asignó custodia policial fija a las instituciones judías de Buenos Aires, y el robo de autos cayó de manera marcada en esas cuadras, con efecto que se disipaba a una cuadra de distancia. La lección para política pública es doble: la disuasión existe y es medible, pero es extremadamente local.

La tercera puerta —la que importa para una proyección de crecimiento— es la transmisión macroeconómica. Aquí la inseguridad no opera como un costo contable sino como un impuesto implícito que se cobra por tres vías. Primero, gasto defensivo: guardias, rejas, cámaras, seguros y logística más cara son recursos productivos desviados a proteger lo existente en lugar de crear valor nuevo. Anderson (1999) insistió en que el costo relevante es ese costo de oportunidad, y no solo el botín; Nordhaus y Tobin (1972) ya habían señalado que ese gasto suma al PIB medido y no al bienestar. Segundo, inversión pospuesta: cuando un proyecto es irreversible y el entorno es incierto, esperar tiene valor de opción (Dixit y Pindyck, 1994), y Bloom (2009) mostró que los shocks de incertidumbre frenan contratación e inversión antes que cualquier otro canal. Un aumento de la percepción de riesgo puede congelar decisiones sin que ninguna variable financiera se mueva. Tercero, precios de activos: Besley y Mueller (2012) estimaron el "dividendo de paz" en Irlanda del Norte mostrando que los precios de la vivienda respondían a la violencia local, es decir, que el riesgo se capitaliza en el valor del suelo y del capital fijo.

Para América Latina el orden de magnitud está estimado: el Banco Interamericano de Desarrollo, en el volumen editado por Jaitman (2017), cifra los costos directos del crimen en torno al 3% del PIB regional —comparable a lo que la región gasta en infraestructura—. Ese número es lo que convierte la seguridad en materia de proyección de crecimiento y no de crónica roja.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 18 de agosto de 2026, en el tema "Los dos motores del segundo semestre" [btm-2026-08-18], Manuel Bengolea separó exactamente esos dos planos al explicar por qué el semestre venidero debería mostrar cifras mejores.

El primer motor es puramente aritmético y no dice nada sobre la fuerza real de la economía: el primer y segundo trimestre de 2025 crecieron cerca de 3,5% y el segundo semestre fue mucho más flojo, de modo que lo que viene se compara contra una base deprimida y arroja registros en torno a 2,5%. En sus palabras, "la base de comparación de lo que viene por delante es respecto de algo flojo, no respecto de algo alto". Es el efecto base: la variación en doce meses hereda tanto del numerador como del denominador.

El segundo motor sí es económico, y ahí aparece el punto: el ímpetu de la agenda de reconstrucción y de seguridad no es un tema policial sino un determinante de la demanda interna. La formulación es precisa. Un programa de seguridad se ejecuta como gasto e inversión pública —dotación, equipamiento, infraestructura— y por esa vía entra directo en la demanda agregada; y si además reduce el riesgo percibido, opera sobre el canal de Dixit-Pindyck destrabando decisiones privadas que estaban esperando. La distinción entre ambos motores es la que un inversionista necesita: el primero se agota solo cuando la base se normaliza; el segundo puede sostenerse.

Relación con otros conceptos

Se apoya en la demanda interna y en el efecto base, que son los dos ejes del razonamiento del programa. Del lado de la inversión conecta con la irreversibilidad y el valor de la opción de esperar, con la prima de riesgo exigida a proyectos locales y con la incertidumbre como variable macro por derecho propio. Del lado institucional se emparenta con los derechos de propiedad y los costos de transacción: donde el cumplimiento de contratos y la protección del patrimonio son frágiles, la escala eficiente de las empresas cae y la informalidad crece. Y del lado fiscal es un caso de gasto público con multiplicador, sujeto a las mismas preguntas de sostenibilidad y composición que cualquier otro programa de gasto.

Fuentes y lecturas

• Becker, G. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy 76(2).
• Ehrlich, I. (1973), Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, Journal of Political Economy 81(3).
• Di Tella, R. y Schargrodsky, E. (2004), Do Police Reduce Crime? Estimates Using the Allocation of Police Forces After a Terrorist Attack, American Economic Review 94(1).
• Dixit, A. y Pindyck, R. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
• Jaitman, L. (ed.) (2017), Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo.