Subsidio al empleo

Qué es

Un subsidio al empleo es una transferencia pública que reduce el costo de contratar o aumenta el ingreso de trabajar, con el objeto de mover la cantidad de empleo por encima del nivel que alcanzaría el mercado por sí solo. La forma importa: el subsidio puede pagarse al empleador (rebaja de cotizaciones, bonificación por contrato nuevo), al trabajador (complemento salarial tipo in-work benefit), o a ambos, como ocurre en el Subsidio al Empleo Joven chileno.

La mecánica básica es la del análisis de incidencia. En un mercado laboral competitivo, un subsidio abre una cuña entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador; el empleo sube y el reparto del beneficio se decide por las elasticidades relativas de oferta y demanda, no por quién recibe formalmente el cheque. Si la oferta de trabajo es muy inelástica —el caso empírico dominante para hombres adultos en edad de trabajar—, el subsidio termina elevando el salario neto de quienes ya estaban empleados en vez de crear puestos nuevos. Es la lógica de incidencia tributaria estándar, aplicada con el signo invertido (Mankiw, 2020; Borjas, 2020).

El argumento teórico a favor descansa en fallas identificables. La más citada es la externalidad de búsqueda en los modelos de emparejamiento: cuando una firma abre una vacante genera un beneficio que no internaliza —hace más fácil encontrar trabajo al resto—, y bajo la condición de Hosios el equilibrio descentralizado subprovee vacantes (Pissarides, 2000; Mortensen y Pissarides, 1994). Un subsidio a la contratación corrige esa brecha. El segundo argumento es la trampa de pobreza: cuando el retiro de beneficios sociales implica tasas marginales efectivas cercanas o superiores al 100%, trabajar no paga, y un complemento al ingreso laboral restablece el incentivo a participar. El Earned Income Tax Credit estadounidense y el sistema británico se diseñaron sobre esa base, y la evidencia sobre madres solteras —el margen extensivo, entrar o no entrar al mercado— es de las más sólidas que tiene la literatura (Eissa y Liebman, 1996; Saez, 2002). Phelps (1997) llevó el argumento a su versión más ambiciosa: un subsidio permanente y universal a los salarios bajos como sustituto del salario mínimo y del asistencialismo.

Contra eso pesan tres problemas de eficacia que la evaluación empírica documenta con insistencia. El primero es la pérdida de peso muerto: la fracción del subsidio que se paga por contrataciones que igual habrían ocurrido. El segundo es la sustitución: la firma reemplaza trabajadores no elegibles por elegibles, sin cambiar su dotación total. El tercero es el desplazamiento: las firmas subsidiadas ganan participación de mercado a costa de las no subsidiadas. Las evaluaciones de programas europeos de los años ochenta y noventa encontraron rutinariamente que entre 70% y 90% del gasto caía en alguna de esas tres categorías, dejando un efecto neto pequeño (Calmfors, 1994; Martin y Grubb, 2001). A eso se suma un hallazgo incómodo de la evaluación de programas activos: los que operan sobre el lado de la demanda en el sector público o con subsidios directos tienden a mostrar efectos nulos o negativos en el corto plazo, mientras que los de asistencia a la búsqueda y capacitación muestran efectos que mejoran con el horizonte (Card, Kluve y Weber, 2018).

Y hay una distinción que decide casi todo el debate: un subsidio corrige bien un problema cíclico —una caída transitoria de demanda agregada, donde sostener el empalme trabajador-empresa evita la depreciación del capital humano— y corrige mal un problema estructural, donde el desempleo viene de costos de despido, informalidad, calce de competencias o baja productividad. Frente a lo estructural el subsidio no altera la causa: la financia. Y como todo gasto permanente, compite con usos alternativos y tiene que recaudarse en alguna parte, con su propio costo de eficiencia.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 23 de septiembre de 2026, el panel hizo el recuento histórico del instrumento en Chile y llegó a una conclusión dura. Willy Díaz lo resumió así: "hay a lo menos 12 programas distintos de subsidio al empleo y estamos igual en crisis laboral". El arco iba desde la bonificación a la contratación de mano de obra de 2001 hasta el subsidio a la contratación y activación laboral vigente: doce instrumentos en treinta años, y el diagnóstico de crisis laboral intacto.

El programa agregó dos afirmaciones que vale la pena separar. La primera es sobre evidencia: que no existen estudios que refrenden que subsidiar el mercado del trabajo ayude. La segunda es sobre horizonte: que si los subsidios resuelven algo, lo resuelven en el muy corto plazo, y que sostener programas permanentes de subsidio es insostenible.

La segunda afirmación es exactamente la distinción cíclico/estructural de la literatura, dicha en lenguaje de radio. La primera es más fuerte que lo que la evidencia sostiene —hay resultados positivos bien identificados en el margen extensivo de los in-work benefits—, pero apunta a algo real: la evidencia favorable proviene sobre todo de programas que operan sobre la decisión de participar, no de bonificaciones a la contratación, que es la familia a la que pertenece la mayoría de los doce programas chilenos. Que la sucesión de instrumentos conviva con un diagnóstico de crisis sostenido en el tiempo es, además, la observación más económica del bloque: si doce intentos no movieron la aguja, la restricción activa probablemente no era el costo de contratar.

Relación con otros conceptos

El subsidio al empleo es la aplicación con signo invertido de la incidencia tributaria: quién recibe el beneficio real no lo decide la ley sino las elasticidades. Es hermano del salario mínimo —ambos intervienen el precio del trabajo, pero uno lo hace por cantidad de dinero público y el otro por prohibición, con incidencia fiscal opuesta— y complemento natural de la discusión sobre costos de despido y rigidez del mercado laboral, porque un subsidio que abarata la entrada no toca la restricción de salida. Se conecta con la tasa marginal efectiva de tributación cuando el retiro simultáneo de varios beneficios crea la trampa que el subsidio busca deshacer, y con la informalidad, que define qué fracción del mercado es siquiera alcanzable por un instrumento que exige contrato formal. En el plano macro, el debate sobre su eficacia es el debate sobre si el desempleo observado es cíclico o estructural, es decir, sobre la distancia entre la tasa vigente y la NAIRU.

Fuentes y lecturas

• Pissarides, C. (2000), Equilibrium Unemployment Theory, 2ª ed., MIT Press.
• Mortensen, D. y Pissarides, C. (1994), "Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment", The Review of Economic Studies, 61(3).
• Card, D., Kluve, J. y Weber, A. (2018), "What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations", Journal of the European Economic Association, 16(3).
• Eissa, N. y Liebman, J. (1996), "Labor Supply Response to the Earned Income Tax Credit", The Quarterly Journal of Economics, 111(2).
• Calmfors, L. (1994), "Active Labour Market Policy and Unemployment: A Framework for the Analysis of Crucial Design Features", OECD Economic Studies, 22.
• Phelps, E. (1997), Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise, Harvard University Press.