Teoría

Incidencia tributaria

Visto en 16 apariciones de los programas.

Qué es

La incidencia tributaria estudia quién soporta realmente la carga de un impuesto, que no es necesariamente quien lo entera en arcas fiscales. La teoría separa dos planos que el debate público suele confundir: la incidencia legal (o estatutaria), es decir a quién la ley le asigna la obligación de pagar, y la incidencia económica, que identifica de qué bolsillo sale finalmente el dinero una vez que el mercado reacomoda precios, salarios y cantidades. Richard Musgrave (1959) instaló esa distinción como pieza central de la hacienda pública moderna, y desde entonces es el punto de partida de cualquier manual del área.

El puente entre ambos planos es la traslación (shifting). Un impuesto puede trasladarse hacia adelante, subiendo el precio que paga el consumidor, o hacia atrás, comprimiendo lo que reciben proveedores y trabajadores. Cuál de las dos ocurre no depende de la redacción de la ley, sino de las elasticidades relativas: la carga recae de manera desproporcionada sobre el lado del mercado que tiene menos alternativas. En el caso simple de un impuesto a un bien, la fracción absorbida por los consumidores crece con la elasticidad de la oferta y cae con la de la demanda; en el límite, si un lado no puede reaccionar en absoluto, ese lado paga todo el impuesto aunque el cheque al fisco lo firme el otro. Elasticidad, en este contexto, es literalmente capacidad de escapar: reformular el negocio, sustituir el insumo, cambiar de rubro, mover el capital de país.

Arnold Harberger (1962) llevó el análisis del caso parcial al equilibrio general con su estudio clásico sobre el impuesto a las utilidades de las empresas. Su resultado incómodo es que el impuesto corporativo no queda contenido en el sector gravado: distorsiona la asignación entre sectores y termina repartiéndose entre factores que la ley nunca nombró. La extensión posterior a economías abiertas refuerza el punto: si el capital es móvil y el trabajo no, el capital exige su retorno de mercado y la carga se desplaza hacia los factores inmóviles —trabajo y tierra— en forma de salarios más bajos. La literatura empírica sobre cuánto del impuesto corporativo aterriza en los salarios sigue abierta y con estimaciones muy dispersas, pero la dirección del mecanismo es consenso teórico. Fullerton y Metcalf (2002) sistematizaron este cuerpo de resultados.

Dos advertencias completan el cuadro. Primero, el horizonte importa: en el corto plazo casi todo es inelástico y la incidencia se parece a la incidencia legal; en el largo plazo, cuando el capital se reasigna y los contratos se renegocian, puede invertirse por completo. Segundo, en economías con un sector informal grande, la reacción no es solo de precio sino de estado: parte del ajuste ocurre en el margen extensivo —empresas y trabajadores que dejan de operar bajo la formalidad— y no en el margen intensivo de precios y salarios. Hernando de Soto (1989) documentó justamente cómo el costo de permanecer formal empuja actividad hacia la informalidad en América Latina.

Conviene subrayar que todo esto es análisis positivo: describe dónde cae la carga, no si el impuesto es deseable. Esa segunda pregunta exige criterios de eficiencia y equidad que la incidencia por sí sola no zanja.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 28 de julio de 2026 (btm-2026-07-28), bajo el tema "Incidencia real de las alzas tributarias: pymes e informalidad", el panel llevó la distinción legal/económica al terreno chileno. El argumento fue que las multinacionales y las grandes empresas no son las verdaderamente afectadas por un alza tributaria —cuentan con abogados, contadores y la posibilidad de establecerse en otras jurisdicciones—, de modo que el costo lo terminan pagando las pymes, la clase media que no tiene cómo arrancar y los trabajadores que caen a la informalidad. Pepe Arias lo resumió en la magnitud del sector expuesto:

"70% de los empleos en Chile son de las pymes no son de las grandes empresas"

Traducido al vocabulario de la teoría, el planteamiento del programa es un argumento de elasticidades: la planificación tributaria y la movilidad internacional son la elasticidad del contribuyente grande, y por eso la incidencia se desplaza hacia el lado que no puede moverse. La mención a la informalidad apunta al margen extensivo descrito arriba. Cabe precisar que la cifra de participación de las pymes en el empleo se repite mucho en el debate público y su magnitud exacta varía según la fuente y la definición de pyme que se use; el mecanismo de traslación no depende de ese número puntual, pero sí la estimación de cuánta gente queda expuesta.

Relación con otros conceptos

La incidencia es inseparable de la elasticidad precio de oferta y demanda, que es su parámetro operativo. Se complementa con el peso muerto o exceso de gravamen, que mide la pérdida de eficiencia por las transacciones que ya no ocurren: la incidencia dice quién paga, el peso muerto dice cuánto se destruye en el camino. Conecta con la discusión de progresividad y regresividad, porque un impuesto legalmente progresivo puede ser económicamente regresivo si se traslada a precios de consumo o salarios. En el plano internacional se cruza con la competencia tributaria entre jurisdicciones y la movilidad del capital, que son las que erosionan la base gravable de las economías pequeñas y abiertas. Y en el plano local dialoga con la economía informal y con los costos de cumplimiento, que operan como un impuesto adicional de escala fija y por eso pesan proporcionalmente más sobre la empresa chica.

Fuentes y lecturas

Musgrave, R. A. (1959), The Theory of Public Finance, McGraw-Hill.
Harberger, A. C. (1962), "The Incidence of the Corporation Income Tax", Journal of Political Economy, 70(3).
Fullerton, D. y Metcalf, G. E. (2002), "Tax Incidence", en Handbook of Public Economics, vol. 4, Elsevier.
Stiglitz, J. E. y Rosengard, J. K., La economía del sector público, Antoni Bosch.
Gruber, J., Public Finance and Public Policy, Worth Publishers.

Panorámica introductoria: Tax incidence — Wikipedia.

Apariciones

10 sep 2026
Populismo y el costo de desmentir — Se necesita mucho más energía para desmentir una tontera que para decirla ('principio de asimetría de las tonterías'). El caso de la ley de reconstrucción lo ilustra: bajar el impuesto de empresas de 27% a 23-25% se leyó de inmediato como 'que los ricos paguen menos impuestos', cuando explicar que el impuesto a la empresa no es el impuesto a la persona —al retirar se paga igual el global complementario— exige un desarrollo que el eslogan no necesita.
«Se necesita mucho más energía para desmentir una tontera que para decirla» — Pepe Arias
9 sep 2026
El umbral de veinte trabajadoras como barrera a la contratación femenina — La norma vigente desde 1931, que obliga a proveer o pagar sala cuna a las empresas con más de veinte trabajadoras, crea un salto de costo en el margen: contratar a la trabajadora número veinte no cuesta solo su remuneración, cuesta además el jardín de las otras diecinueve, lo que desincentiva la contratación femenina justo en el umbral.
«no te cuesta la veinte, te cuesta la veinte más el jardín de las otras diecinueve» — Pepe Arias
9 sep 2026
El petróleo caro como impuesto al consumo mundial — Un barril sobre US$95 subiendo 3% opera como un impuesto al consumo global: dado que el consumo pesa entre 60% y 67% del PIB mundial, beneficia a un puñado de productores y exportadores y perjudica al resto —Europa, Japón, varios países de Latinoamérica—, con Estados Unidos menos expuesto por ser también productor.
«es malo para el mundo porque es un impuesto al consumo» — Pepe Arias
7 sep 2026
De dónde salen los recursos del Estado y qué pasa cuando se malgastan — El Estado es un entramado jurídico que no genera ingresos propios: salvo los retiros de empresas públicas, en su mayoría deficitarias, todo lo que gasta sale de impuestos. Por eso el fraude de licencias médicas no es gratis: lo cubre Fonasa con cotizaciones y, cuando el sobreuso desborda, lo pone el fisco con el IVA que el consumidor paga en la boleta del supermercado.
«el Estado es una ficción jurídica … un entramado jurídico que no tiene ni genera ingresos propios» — Willy Díaz
2 sep 2026
Las reformas tributarias las paga la clase media — Ninguna reforma tributaria en Chile ha alcanzado efectivamente a los ricos: la carga termina recayendo sobre la clase media, igual que en el mercado laboral las reformas terminan recayendo sobre la pyme, y esos análisis técnicos no aparecen cuando las leyes se discuten.
«la reforma tributaria es siempre cargada en las espaldas de la clase media» — Libardo Buitrago
31 ago 2026
Las reformas tributarias y el seguimiento del gasto — Cada gobierno llega con una reforma tributaria y quien termina pagando es la clase media profesional, con descuentos del orden del 13,5%. Antes de meterle el diente a otra reforma, lo que corresponde es un seguimiento eficiente de qué se hace con cada peso recaudado: la contabilidad y la rendición de gastos del presupuesto.
«Chile no necesita hacer reformas tributarias sino manejar bien el presupuesto» — Libardo Buitrago
31 ago 2026
Quién paga realmente la reforma de pensiones — Se prometió que la reforma de pensiones la pagaría el empresariado, pero el empresariado ajusta su planilla para absorber ese costo extra, de modo que quien termina pagándola son los propios trabajadores vía menos empleo. Es el mismo argumento que el propio Boric formuló cuando era diputado.
«la reforma de pensiones que la paga el empresariado … ¿quién lo va a pagar al final del día? los empleados» — Manuel Bengolea
25 ago 2026
El costo tributario de la transición lo paga el afiliado — Si no prospera la eliminación del impuesto a la venta de acciones incluida en la ley de reconstrucción, todo el rebalanceo de carteras que exige la transición a los fondos generacionales devenga impuesto. Y ese impuesto no lo paga la administradora: lo paga el afiliado, porque son sus acciones las que se venden aunque las administre la AFP. El efecto es una reducción directa del precio obtenido y de la rentabilidad del fondo.
«No lo paga la AFP, se lo paga el afiliado.» — Willy Díaz
24 ago 2026
Quién paga el arancel y por qué lo grave es la discriminación, no la tasa — La comparación correcta no es de 10% a 12,5% sino de 0% a 12,5%. Cuando partió el Liberation Day no estalló la inflación en Estados Unidos porque el mayor costo se lo comieron en el margen productores y distribuidores, no el consumidor. El problema aparece cuando el arancel discrimina por origen: si se aplica igual al salmón noruego y al chileno, el precio se mueve parejo y no hay distorsión entre productores; si se aplica solo al chileno, se sube artificialmente su precio y se lo deja fuera de competencia. Ahí deja de ser un problema de menor margen y pasa a ser uno de menor venta, y las exportaciones de salmón a Estados Unidos ya vienen más lentas de lo considerado para el trimestre.
«el mayor margen se lo comieron los distribuidores y los productores» — Manuel Bengolea
21 ago 2026
Los trabajadores como dueños del capital vía fondos de pensiones — Si los fondos de pensiones invierten en empresas y sus dueños son los trabajadores, entonces la rentabilidad de las empresas y el fondo acumulado para jubilar son la misma cosa: una rebaja del impuesto corporativo que mejora la rentabilidad empresarial termina mejorando ese fondo. El eslogan de que se le quita a los pobres para darle a los ricos ignora esa cadena de propiedad.
«la suerte que corran esas empresas, la suerte que corre mi plata para jubilar» — Willy Díaz
19 ago 2026
Defensa del alza de combustibles como decisión de política — Con el petróleo todavía sobre los US$85 medio año después, no haber subido el precio habría agregado entre US$5.000 y 7.000 millones de deuda; el alza es además una señal de realidad —somos más pobres— y ninguna política pública buena parte sin costo, que siempre golpea primero a los más vulnerables.
«después de la batalla son todos generales, pero la … decisión del gobierno … fue tremendamente acertada» — Manuel Bengolea
5 ago 2026
La compensación a los municipios por la exención de contribuciones — El mecanismo aprobado en el Senado tiene un componente regresivo: la exención a los mayores de 65 años —incluidos los de buena situación— se financia con impuestos generales que paga también quien gana 300 o 400 mil pesos al mes; pero la solución no es redistribuir quitándoles a las comunas ricas.
«la plata para resarcir esa pérdida … va a ser a costa de impuestos generales» — Manuel Bengolea
4 ago 2026
El Fondo Común Municipal y quién financia el resarcimiento — El proyecto restituye a cada municipio exactamente lo que pierde, pero un grupo de alcaldes busca que la compensación se reparta con un criterio propio, modificando de facto el Fondo Común Municipal al que los municipios aportantes ya destinan 65% de sus ingresos por contribuciones; como la plata sale de fondos generales, termina siendo el contribuyente de IVA de comunas vulnerables quien financia el resarcimiento de comunas ricas.
«la señora Juanita que paga impuestos con el IVA … va a financiar el resarcimiento a comunas ricas» — Juan José Lavín
31 jul 2026
El arancel como autogol inflacionario para quien lo impone — El arancel no es un castigo al país exportador sino un costo que termina pagando el consumidor estadounidense: si Estados Unidos necesita el cobre, lo va a comprar más caro, y por eso los gremios e importadores norteamericanos son los mejores aliados de la negociación chilena.
«si los que necesitan cobre y lo van a tener que comprar más caro son ellos» — Bárbara Briceño
28 jul 2026
Incidencia real de las alzas tributarias: pymes e informalidad — Las multinacionales y grandes empresas no son afectadas por estas medidas —tienen abogados, contadores y pueden establecerse en otros países—; el costo lo pagan las pymes, que generan el 70% del empleo, la clase media que no puede arrancar y los trabajadores que caen a la informalidad.
«70% de los empleos en Chile son de las pymes no son de las grandes empresas» — Pepe Arias
30 abr 2025
Reforma previsional: el préstamo obligatorio de los trabajadores al Fisco — Aplicando el 0,9% inicial de la reforma previsional a la masa salarial construida con datos de la Superintendencia de Pensiones (6 millones de ocupados y salario promedio de $1.266.000), desde agosto de 2026 los empleadores deberán transferir unos US$72 millones mensuales al gobierno, cifra que se duplica a unos US$144 millones cuando el descuento suba a 1,5% en agosto de 2027. Es un crédito que los trabajadores le prestan obligatoriamente al Estado, y lo primero que entra es la plata que va al gobierno; lo que va al fondo de pensiones va rezagado. Al argumento de que no lo paga el trabajador, la respuesta es de dónde saca la empresa esa plata: en agosto no habrá un salto de productividad equivalente, así que la carga se traslada por la vía de recortes.
«van a tener que prestar plata al gobierno» — Tomás Flores