Teoría
Economía informal
Visto en 16 apariciones de los programas.
Qué es
La economía informal es el conjunto de actividades económicas lícitas que se desarrollan total o parcialmente al margen del registro, la regulación laboral y la tributación estatal. La distinción con la economía ilegal es importante y suele perderse en la discusión pública: el narcotráfico o el contrabando son ilícitos por su objeto; el taller que fabrica muebles sin boleta, el feriante sin patente o el trabajador sin contrato producen bienes y servicios perfectamente legales, pero lo hacen bajo una forma irregular. Lo informal no es qué se hace, sino cómo se hace.
El término nació en el trabajo de campo de Keith Hart (1973) sobre los ingresos urbanos en Accra, y se instaló en el vocabulario internacional con el informe de la OIT sobre Kenia ese mismo período. Desde entonces la estadística oficial distingue dos dimensiones que no coinciden: el sector informal —empresas no constituidas ni registradas, definido en la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (1993)— y el empleo informal —puestos de trabajo sin cotizaciones previsionales ni protección legal, definido en la 17ª CIET (2003)—. Un asalariado sin contrato en una empresa grande y formal tiene empleo informal sin pertenecer al sector informal; el dueño de un taller no registrado está en ambas. En Chile el INE mide la ocupación informal en la Encuesta Nacional de Empleo, y la cifra ronda de manera persistente algo más de un cuarto de los ocupados.
Sobre las causas hay tres lecturas que conviene tener a mano, porque llevan a políticas opuestas.
La primera es la de exclusión por costos de la formalidad: la informalidad es emprendimiento expulsado del sistema legal por el precio de entrar y permanecer en él. Es la tesis de Hernando de Soto (1986), que cronometró literalmente cuántos meses y cuánto dinero tomaba registrar un taller en Lima, y que años más tarde extendería al argumento del "capital muerto": activos reales que, sin título, no sirven de garantía y por lo tanto no se financian.
La segunda es la de salida voluntaria: como argumentó Maloney (2004) con datos latinoamericanos, buena parte de los microempresarios informales elige estarlo, porque el beneficio neto de formalizarse —protección social de baja calidad, fiscalización débil— no compensa su costo. Aquí la informalidad no es un síntoma de opresión regulatoria sino un cálculo racional.
La tercera, más dura, es la de baja productividad estructural: La Porta y Shleifer (2014) muestran que las firmas informales no son formales embrionarias, sino empresas persistentemente menos productivas, dirigidas por empresarios con menos capital humano; el desarrollo llegaría por el crecimiento del sector formal que las desplaza, no por formalizar a las existentes.
Lo que las tres comparten es el margen. Schneider y Enste (2000), en la revisión estándar sobre economías sumergidas, identifican la carga tributaria y de seguridad social junto con la intensidad regulatoria como los determinantes de primer orden de su tamaño. La decisión de formalizarse es una comparación entre el costo de cumplir y el costo esperado de no cumplir —es decir, la probabilidad de ser fiscalizado por la sanción—. Cuando lo primero sube y lo segundo se mantiene bajo, el margen se mueve. Y se mueve primero donde el cumplimiento pesa más en proporción: en las unidades chicas.
De ahí el círculo que preocupa a la política fiscal: base tributaria más angosta → tasas más altas sobre quienes permanecen → más incentivo a salir. La OIT reconoció el problema en su Recomendación 204 (2015), sobre la transición de la economía informal a la formal, que encuadra la formalización como creación de incentivos y no solo como fiscalización.
Cómo lo explicó el programa
En el episodio btm-2026-07-28 (28 de julio de 2026), bajo el tema "Incidencia real de las alzas tributarias: pymes e informalidad", el panel discutió quién termina pagando efectivamente un alza de impuestos. El argumento central fue de movilidad: las multinacionales y las grandes empresas no son alcanzadas por estas medidas —tienen abogados, contadores y la opción de establecerse en otra jurisdicción—, de modo que el costo lo absorben las pymes, la clase media que no puede arrancar y los trabajadores que terminan cayendo a la informalidad. Pepe Arias resumió el peso de lo que está en juego:
"70% de los empleos en Chile son de las pymes no son de las grandes empresas"
Vale la pena nombrar la teoría detrás: es un argumento de incidencia tributaria. La incidencia legal —quién firma el formulario— no determina la incidencia económica —quién ve caer su ingreso—. El principio que enseña cualquier manual introductorio es que la carga recae sobre el lado más inelástico del mercado, el que tiene menos capacidad de moverse. Trasladado a jurisdicciones: quien puede relocalizarse traslada el impuesto; quien no puede, lo paga. Y la informalidad es, en esa lectura, la única "relocalización" disponible para quien no puede irse del país: irse del sistema.
Sobre la cifra del 70%, el orden de magnitud es defendible —incluyendo microempresas, las pymes concentran la mayoría del empleo en Chile—, pero el número exacto varía bastante según se use el registro tributario del SII o la encuesta de empleo del INE, y según dónde se corte la definición de "pyme". Es un dato para citar con el rango, no con el decimal.
Relación con otros conceptos
La informalidad es inseparable de la incidencia tributaria y de la elasticidad: sin diferencias de movilidad entre agentes, el argumento del programa no se sostiene. Se conecta con la curva de Laffer en su núcleo lógico —que tasa y base se mueven en direcciones opuestas más allá de cierto punto—, aunque la ubicación empírica de ese punto sigue siendo objeto de disputa seria y no debiera darse por conocida. Toca también los costos de transacción y la economía institucional, en la línea de North: la informalidad es lo que ocurre cuando las instituciones formales cobran más de lo que protegen. Aparece del lado de la productividad total de factores, porque las unidades informales operan bajo escala eficiente y sin acceso a crédito bancario, y del lado de la protección social, ya que el empleo informal es empleo sin cotizaciones, con su efecto diferido sobre las pensiones. Por último, distorsiona la medición del PIB y las cuentas nacionales, razón por la cual buena parte de las estimaciones de su tamaño son indirectas —demanda de circulante, consumo eléctrico, discrepancias de ingreso-gasto— y arrojan rangos amplios.
Fuentes y lecturas
- Hart, K. (1973), "Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana", The Journal of Modern African Studies, 11(1), 61–89.
- De Soto, H. (1986), El otro sendero: la revolución informal, Lima: Editorial El Barranco.
- Schneider, F. y Enste, D. (2000), "Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences", Journal of Economic Literature, 38(1), 77–114.
- Maloney, W. (2004), "Informality Revisited", World Development, 32(7), 1159–1178.
- La Porta, R. y Shleifer, A. (2014), "Informality and Development", Journal of Economic Perspectives, 28(3), 109–126. DOI: 10.1257/jep.28.3.109