Costo de la no decisión administrativa

Qué es

El costo de la no decisión administrativa es la pérdida económica que produce una autoridad con potestad para resolver cuando no aprueba ni rechaza, y deja el asunto en un limbo procedimental indefinido. No es el costo de una mala decisión —visible, atribuible, apelable— ni el de un rechazo fundado. Es el costo de la alternativa que nunca llegó a evaluarse: no la firma nadie, no aparece en ningún presupuesto y no deja un damnificado con legitimación para reclamar.

La idea tiene un antecedente formal en la ciencia política antes que en la economía. Bachrach y Baratz (1962) llamaron non-decision a la segunda cara del poder: controlar qué entra a la agenda es tan decisivo como votar lo que ya entró, y esa cara no deja registro. Trasladado a economía, el fenómeno se ordena como un costo de oportunidad clásico —el valor neto de la mejor alternativa que quedó congelada, multiplicado por el tiempo que permanece congelada—, con la particularidad de que la contabilidad pública jamás lo devenga.

Tres cuerpos teóricos explican por qué ese estado es un equilibrio y no un accidente.

El primero es el cálculo de las reglas colectivas de Buchanan y Tullock (1962). Toda regla de decisión enfrenta dos costos que se mueven en sentido contrario: los costos externos (los que soporta quien queda obligado por decisiones que no consintió) y los costos de decidir (los recursos de construir el acuerdo). Exigir más consentimientos baja los primeros y dispara los segundos; en el límite de la unanimidad, el sistema simplemente no decide. La parálisis no es una falla del diseño institucional: es una esquina de su frontera.

El segundo es la tragedia de los anticomunes de Heller (1998). Cuando muchos actores tienen derecho a excluir sobre el mismo recurso, el recurso se subutiliza —el espejo exacto de la tragedia de los comunes, donde el problema es la sobreexplotación. Cada permiso sectorial, cada autoridad regional, cada visación agrega un titular de veto, y la probabilidad de que todos digan que sí cae multiplicativamente. Tsebelis (2002) formalizó lo mismo en clave institucional: mientras más jugadores con veto y más distantes entre sí, menor es el conjunto de cambios posibles respecto del statu quo.

El tercero es la irreversibilidad. Dixit y Pindyck (1994) mostraron que, bajo incertidumbre e inversión hundida, esperar tiene valor: la opción de decidir después vale plata. Ese es el mejor argumento a favor de no resolver hoy, y hay que tomarlo en serio. Pero la analogía se rompe en un punto: una opción financiera tiene un titular que la vigila y un vencimiento en que se ejerce. La no decisión administrativa no tiene ni lo uno ni lo otro. Nadie monitorea el gatillo ni se hace cargo de ejercerla cuando la incertidumbre se resuelve. Queda todo el costo de la espera y nada del valor de la flexibilidad.

A eso se suma un efecto de expectativas. Si la regla implícita del juego es que no habrá ni sí ni no, los privados aprenden y dejan de presentar proyectos: el gasto de preformulación —estudios, ingeniería básica, opciones sobre terrenos— se hunde antes del primer trámite. El costo mayor no es el proyecto frenado, que al menos se ve; son los proyectos que nunca se formularon. Es la lógica de credibilidad de Kydland y Prescott (1977) aplicada al permiso en vez de a la política monetaria, y Baker, Bloom y Davis (2016) documentaron empíricamente que los alzas de incertidumbre de política preceden caídas de inversión y empleo.

Falta la pieza que cierra el incentivo: la asimetría de quién paga. Quien firma y sale mal carga con todo el costo político; quien no firma no carga con nada, aunque la pérdida agregada sea mayor y esté repartida entre muchos —usuarios, consumidores, regiones— demasiado dispersos para organizarse, en el sentido de Olson (1965). Samuelson y Zeckhauser (1988) midieron esa misma asimetría a nivel individual: el sesgo hacia el statu quo, que castiga más el error por acción que el error por omisión.

Cómo lo explicó el programa

El caso apareció en Buenas Tardes Mercado del 14-08-2026, en el tema "Las carreteras hídricas y la declaración de interés público que nunca llega". Iván Marambio lo resumió sin adorno: "Ninguno de los gobiernos en los cuales se presentó la declaró por interés público".

El detalle relevante es dónde se traba el expediente. Los tres proyectos de carretera hídrica presentados en el país —el más conocido, el que lideraba Juan Sutil— no cayeron en la evaluación técnica: se quedaron en la declaración de interés público, que es el primer paso del trámite. La no decisión ocurre en la entrada, no en la salida, así que las alternativas nunca fueron juzgadas por su mérito. No hay rechazo fundado que apelar ni informe que corregir; hay ausencia.

Sobre eso se monta la geografía: una carretera hídrica cruza varias regiones y multiplica los permisos. Anticomunes en estado puro, con cada jurisdicción sumando un veto potencial. Y el gremio vuelve a pedirla cada cuatro años, lo que dice algo más fino que la simple demora: no es una controversia técnica en disputa, es una decisión que nadie asume. Un "no" razonado cerraría la carpeta y liberaría los recursos comprometidos; el silencio los mantiene cautivos indefinidamente.

Conviene subrayar lo que el concepto no afirma: nada de esto sostiene que las carreteras hídricas sean buena idea. El costo de la no decisión es indiferente al mérito del proyecto, porque es el costo de no saber.

Relación con otros conceptos

Se apoya directamente en el costo de oportunidad y en el tratamiento de los costos hundidos (el gasto de preformulación que no se recupera). Comparte familia con los costos de transacción de Coase, con la tragedia de los anticomunes y los jugadores con veto por el lado institucional, y con las opciones reales por el lado de la irreversibilidad —siendo su caso degenerado, una opción sin titular ni vencimiento. Del lado de expectativas conversa con la inconsistencia temporal y con la incertidumbre de política económica; del lado de los incentivos, con la búsqueda de rentas, la captura regulatoria y el sesgo del statu quo.

Fuentes y lecturas

• Bachrach, P. y Baratz, M. S. (1962), "Two Faces of Power", American Political Science Review 56(4).
• Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
• Heller, M. A. (1998), "The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets", Harvard Law Review 111(3). Panorama general: https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_anticommons
• Dixit, A. K. y Pindyck, R. S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
• de Soto, H. (1986), El otro sendero: la revolución informal, Editorial El Barranco, Lima. El experimento de tramitar una empresa formal en Lima —289 días— sigue siendo la medición más citada del costo del trámite en español.