Costo diferido de las promesas políticas

Qué es

El costo diferido de las promesas políticas es la brecha temporal y distributiva entre los beneficios de una medida anunciada desde la política y los costos que esa medida genera. Los beneficios suelen ser visibles, concentrados y cercanos: una jornada más corta, un salario mínimo más alto, mejores pensiones. Los costos, en cambio, aparecen después, se reparten entre muchos actores y rara vez se atribuyen a la decisión que los originó. Pueden tomar la forma de menos contratación, más informalidad, mayor endeudamiento público o menor inversión.

La idea tiene raíces en varias ramas de la economía.

• Economía política y ciclos electorales. Como planteó Nordhaus (1975) en su modelo del ciclo político de negocios, los gobiernos tienen incentivos a favorecer resultados visibles antes de una elección y a postergar los ajustes. Trabajos posteriores mostraron versiones del mismo fenómeno con votantes racionales (Rogoff, 1990).
• Ilusión fiscal y elección pública. Buchanan y Wagner (1977) argumentaron que la democracia tiende a sesgarse hacia el déficit. Los votantes perciben con claridad el gasto o el beneficio, pero no el costo futuro que lo financia.
• Inconsistencia temporal. Kydland y Prescott (1977) mostraron que una política que parece óptima hoy puede dejar de serlo mañana, y que la discreción sistemática produce peores resultados que las reglas creíbles. Las promesas que no internalizan sus efectos de segunda vuelta son un caso de este problema.

En el mercado laboral el mecanismo es concreto. Las regulaciones que elevan el costo de contratar, ya sea por menos horas pagadas al mismo salario, un piso salarial más alto o mayores cotizaciones de cargo del empleador, no recaen solo sobre quien firma el cheque. La literatura sobre incidencia tributaria muestra que parte de ese costo puede trasladarse a los trabajadores vía menores salarios futuros. Gruber (1997) estudió este traspaso justamente con datos de Chile. La parte que no se traslada se refleja en menos puestos de trabajo. El efecto llega con rezago, porque las empresas ajustan sus dotaciones de a poco, sobre todo dejando de contratar más que despidiendo.

Este concepto no implica que esas reformas sean necesariamente malas. Pueden tener beneficios sociales reales. Lo que destaca es un problema de contabilidad incompleta: si el debate público solo mira el lado del beneficio, el costo igual se paga, aunque más tarde y por otros.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio [btm-2026-10-29] (29 de octubre de 2026), bajo el tema "Desempleo y costo de las promesas políticas", Manuel Bengolea vinculó la tasa de desempleo de 9,8% con decisiones legislativas recientes:

"lo que estamos viendo hoy día en el mercado laboral fueron las promesas de la clase política 40 horas salario mínimo reforma de pensiones"

La lectura del programa fue que estas tres medidas, cada una defendible por separado, sumadas encarecieron la contratación. El golpe sería mayor en las pymes, que tienen márgenes más estrechos y menos capacidad para absorber alzas de costos laborales o reorganizar turnos.

El programa también distinguió dos componentes del desempleo. Uno es cíclico y debería mejorar a medida que se recupere la actividad. El otro es estructural y, según se planteó, es grave y no está siendo abordado. Esa distinción es clave para el concepto: el costo diferido de una promesa no desaparece cuando mejora el ciclo, porque queda incrustado en la estructura de costos del empleo.

Esta es la interpretación del panel. La evidencia empírica sobre el efecto de cada medida en el empleo es materia de debate, y separar su impacto del ciclo económico requiere análisis cuidadoso.

Relación con otros conceptos

El concepto se relaciona de cerca con el desempleo estructural, la parte del desempleo que persiste aunque la economía crezca, porque responde a costos, regulaciones o desajustes de habilidades y no a la demanda agregada. Cuando el desempleo cíclico se prolonga, puede convertirse en estructural. Blanchard y Summers (1986) llamaron a este fenómeno histéresis: los trabajadores que pasan mucho tiempo fuera del empleo pierden capital humano y vínculos con el mercado.

También conecta con la teoría insider-outsider (Lindbeck y Snower, 1988). Las regulaciones que protegen o mejoran las condiciones de quienes ya tienen empleo formal (los insiders) pueden dificultar la entrada de quienes buscan trabajo (los outsiders). Por eso el costo diferido suele recaer en jóvenes, mujeres que se reincorporan y trabajadores de baja calificación.

En lo fiscal, se vincula con la sostenibilidad de la deuda pública y la equivalencia ricardiana: un beneficio financiado con deuda hoy implica impuestos o recortes mañana. Finalmente, se cruza con la economía informal. Cuando contratar formalmente se encarece, parte del ajuste no aparece como desempleo sino como empleo sin contrato ni cotizaciones.

Fuentes y lecturas

• Nordhaus, W. (1975), "The Political Business Cycle", Review of Economic Studies, 42(2).
• Kydland, F. y Prescott, E. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3). https://doi.org/10.1086/260580
• Buchanan, J. y Wagner, R. (1977), Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, Academic Press.
• Gruber, J. (1997), "The Incidence of Payroll Taxation: Evidence from Chile", Journal of Labor Economics, 15(3).
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.