Costo político de la expectativa incumplida

Qué es

El costo político de la expectativa incumplida es la pérdida de apoyo, confianza y capacidad de gobernar que sufre una autoridad —y, por contagio, el sistema político entero— cuando genera una expectativa que después no se materializa. La clave es que el daño no se mide contra el bienestar objetivo del ciudadano, sino contra la brecha entre lo que se anunció y lo que efectivamente llegó. Un beneficio que nunca se prometió y nunca existió no cuesta nada; el mismo beneficio prometido, legislado y no entregado cuesta caro.

Ese carácter relativo tiene fundamento en la teoría de la decisión. Kahneman y Tversky (1979) mostraron que las personas evalúan resultados respecto de un punto de referencia y que las pérdidas pesan sistemáticamente más que las ganancias equivalentes. Anunciar un derecho no es un acto neutro: reubica el punto de referencia. A partir de la promesa, no recibirlo deja de registrarse como "una mejora que no ocurrió" y pasa a registrarse como una pérdida, con toda la asimetría emocional y electoral que eso implica.

La versión política del mismo mecanismo la formularon Hirschman y Rothschild (1973) con el "efecto túnel": el conductor detenido en un taco tolera que la fila de al lado avance, porque interpreta ese movimiento como señal de que la suya avanzará pronto. La tolerancia es un crédito contra una expectativa. Si la fila propia no se mueve, el crédito se agota y la paciencia inicial se convierte en un resentimiento más intenso que el que habría existido sin promesa alguna. En la misma línea, Davies (1962) había propuesto que las crisis de legitimidad no siguen a la miseria sostenida, sino a un período de expectativas crecientes seguido de una reversión brusca.

El tercer pilar es el control retrospectivo. Fiorina (1981) y Ferejohn (1986) modelaron al votante como alguien que, sin poder auditar la gestión, castiga o premia comparando resultados contra un estándar; la promesa incumplida provee ese estándar de forma explícita y verificable. Y aquí aparece el puente hacia la economía monetaria y fiscal: Kydland y Prescott (1977) mostraron que una autoridad que anuncia un plan y luego se desvía de él destruye el valor informativo de sus anuncios futuros, y Barro y Gordon (1983) formalizaron esa reputación como un activo. Perdida la credibilidad, el mismo objetivo exige después más recursos —más tasa, más concesiones, más gasto— para producir el mismo cambio de conducta. El costo político termina siendo un costo económico contable.

La forma fiscal específica del problema es la aprobación de derechos sin financiamiento. Weingast, Shepsle y Johnsen (1981) explicaron por qué ocurre: cuando el beneficio es concentrado e identificable y el costo es difuso y compartido, cada legislador enfrenta incentivos a aprobar y ninguno a nombrar la fuente. Buchanan y Wagner (1977) llamaron ilusión fiscal a la asimetría de percepción entre el gasto visible y el impuesto invisible o diferido. Y Alesina y Drazen (1991) modelaron la postergación como una guerra de desgaste: mientras cada parte espera que sea la otra la que pague el ajuste, esperar es individualmente racional aunque colectivamente destructivo. El resultado es un derecho en el papel sin la caja para ejecutarlo, es decir, una expectativa creada por ley con incumplimiento programado.

La asimetría temporal es lo que hace que el problema se reproduzca: quien anuncia captura el rédito hoy y el costo de credibilidad lo paga el sistema mañana, repartido entre todos los actores políticos, incluidos los que no participaron. La confianza institucional funciona como un recurso de propiedad común, y se sobreexplota exactamente como cualquier otro.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 9 de septiembre de 2026 (btm-2026-09-09), bajo el tema "Derechos aprobados sin financiamiento y el desencanto político", el panel discutió la costumbre legislativa de aprobar beneficios dejando la pregunta del financiamiento para después. Libardo Buitrago lo puso en términos de una restricción, no de una preferencia: "lo que no puede seguir ocurriendo es que cada trámite legislativo apruebe derechos y postergue la pregunta de quién paga".

El argumento que desarrolló es precisamente el mecanismo descrito arriba, y su conclusión es la parte que interesa retener: legislar así genera expectativas de solución a problemas que no se van a resolver, y el producto de esa cadena es el desencanto, que él identificó como lo más peligroso que tiene la política. No es una advertencia moral sobre la irresponsabilidad fiscal: es la observación de que el daño mayor no está en el déficit, sino en el deterioro del vínculo entre lo que la autoridad dice y lo que el ciudadano espera.

El programa ofreció además el antídoto en forma de cuatro preguntas que deberían acompañar a cada proyecto antes de votarse: cuánto cuesta, quién paga, a quién va dirigido y si el fisco puede asumirlo en la contingencia actual. Es la exigencia de dar la discusión con las cifras sobre la mesa. Vale la pena notar que las cuatro preguntas apuntan a lo mismo: obligar a que la expectativa se cree recién cuando existe la capacidad de cumplirla, que es la única forma conocida de no pagar este costo.

Relación con otros conceptos

El mecanismo descansa sobre la inconsistencia temporal de la política y sobre la credibilidad de la autoridad como activo depreciable, la misma lógica que sostiene la credibilidad del banco central en el frente monetario. Su origen fiscal está en el problema del fondo común, en la ilusión fiscal y en la restricción presupuestaria intertemporal del Estado, que es la que convierte un derecho sin financiamiento en deuda futura o en un beneficio que se licúa. En el diseño institucional chileno, el contrapeso previsto es la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de gasto, junto con el informe financiero que acompaña a cada proyecto y la regla fiscal.

Del lado del diseño del beneficio, el costo se agrava cuando la promesa es amplia y el financiamiento angosto, que es la tensión entre universalidad y focalización, y cuando el beneficio recae sobre una fuente de financiamiento que ya está comprometida en otros usos. Hacia los mercados, la acumulación de compromisos sin caja se lee en la sostenibilidad fiscal y en la prima de riesgo soberana. Y en el plano electoral, conecta con la rendición de cuentas de la autoridad política y con el ciclo político-económico, donde el incentivo a anunciar hoy y cobrar después está incorporado al calendario.

Fuentes y lecturas

• Kahneman, D. y Tversky, A. (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", Econometrica, 47(2).
• Hirschman, A. O. y Rothschild, M. (1973), "The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development", The Quarterly Journal of Economics, 87(4).
• Kydland, F. y Prescott, E. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3).
• Alesina, A. y Drazen, A. (1991), "Why Are Stabilizations Delayed?", The American Economic Review, 81(5).
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.