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Teoría

Rendición de cuentas de la autoridad política

Visto en 21 apariciones de los programas.

Qué es

La rendición de cuentas —o accountability— es el mecanismo por el cual quien ejerce poder delegado debe justificar sus decisiones ante quienes se lo delegaron y enfrentar consecuencias cuando el desempeño es malo o la conducta impropia. En economía no es un asunto moral sino de incentivos: es la pata correctiva del problema de agencia.

El armazón teórico viene de la relación principal-agente formalizada por Jensen y Meckling (1976), que nació explicando por qué un gerente que no es dueño no maximiza el valor de la firma. El principal (el ciudadano, el accionista, el votante) delega en un agente (el político, el gerente, el regulador) que tiene mejor información sobre lo que hace y objetivos propios que no coinciden con los del principal. Sin observabilidad perfecta ni consecuencias creíbles, el agente captura los beneficios de sus decisiones y externaliza los costos. La rendición de cuentas es, en ese lenguaje, el conjunto de dispositivos que restablecen algo parecido a la alineación: información pública verificable, más una sanción que muerda.

Trasladada a lo público, la teoría distingue dos canales. Uno es la selección: las elecciones sirven para elegir buenos tipos y descartar a los malos. El otro es la disciplina o control: el político se porta bien hoy porque teme la sanción de mañana. Barro (1973) y Ferejohn (1986) modelaron este segundo canal —el voto retrospectivo como contrato implícito— y la literatura posterior mostró su fragilidad: si el votante no logra atribuir el resultado a la acción del político, o si el horizonte del político termina antes que la sanción, el mecanismo se apaga. Persson y Tabellini (2000) sistematizan cómo el diseño institucional —reglas fiscales, separación de poderes, transparencia presupuestaria— modifica la fuerza de ese control.

La aplicación fiscal es la más directa. Kydland y Prescott (1977) mostraron que una autoridad con discreción y sin costo por incumplir tiende a la inconsistencia temporal: anuncia una cosa para obtener el beneficio del anuncio, hace otra cuando llega el momento, y el público —que aprende— deja de creerle. El resultado no es solo un déficit mayor sino un premio por riesgo permanente: se paga más caro el financiamiento hoy por la expectativa de irresponsabilidad futura. Ahí está el puente entre accountability y macroeconomía: la credibilidad es un activo, y se deprecia cuando no hay sanción.

Un matiz importante, porque es donde la conversación pública suele confundirse: rendición de cuentas no es lo mismo que castigo penal. La literatura distingue accountability horizontal (organismos del Estado que se fiscalizan entre sí: contralorías, tribunales, acusaciones constitucionales), vertical (el voto) y social (prensa, academia, reputación profesional). Cuando las tres fallan simultáneamente, el problema deja de ser un caso aislado y pasa a ser un equilibrio: la conducta deficiente se vuelve la estrategia dominante para cualquier agente racional, porque el costo esperado de dejar el desastre es cero.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 17 de agosto de 2026, bajo el tema "La ausencia de sanción como causa del deterioro institucional", Manuel Bengolea planteó el argumento en su forma más económica y menos moralista:

"es gratis dejar la escoba, no hay accountability. Entonces, si es gratis, yo también quiero."

La frase es exactamente el problema de agencia enunciado desde el lado del agente. Bengolea no denunciaba una falla de carácter: describía una función de pagos. Si perjudicar las finanzas públicas, la credibilidad institucional o el sistema educacional tiene un costo esperado de cero —y quienes lo hicieron en los últimos diez o quince años conservan cargos políticos relevantes o hacen clases en universidades prestigiosas—, entonces la conducta no es una anomalía: es la respuesta óptima. El "yo también quiero" es la conclusión lógica, no una provocación.

El programa apuntó además a un canal específico que quedó inactivo: las acusaciones constitucionales, herramienta de accountability horizontal, no se usaron para controlar el manejo fiscal. Es el punto exacto donde la teoría advierte que el mecanismo se apaga: no basta con que la institución exista en el papel, tiene que ejercerse para que el agente actualice sus expectativas. Una sanción que nunca se aplica no disciplina a nadie; peor, enseña que no se aplicará.

Relación con otros conceptos

Es el reverso institucional de la credibilidad de la política fiscal: el mercado no cobra un premio por riesgo mirando promesas, sino mirando el historial de consecuencias. Se conecta con la independencia del banco central, que es precisamente el caso donde Chile resolvió el problema por diseño —sacar la decisión monetaria del alcance del ciclo político equivale a admitir que la disciplina electoral era insuficiente para esa función—. Se vincula también con el riesgo moral, su gemelo en el sector financiero: quien no absorbe las pérdidas de sus decisiones toma más riesgo del socialmente óptimo. Y con la captura del regulador, donde el fallo de accountability no es la ausencia de sanción sino la alineación del fiscalizador con el fiscalizado.

Fuentes y lecturas

  • Jensen, M. y Meckling, W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics.
  • Kydland, F. y Prescott, E. (1977), Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy.
  • Ferejohn, J. (1986), Incumbent Performance and Electoral Control, Public Choice.
  • Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.
  • Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012), Por qué fracasan los países, Deusto (edición en español).

Apariciones