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Teoría

Regla fiscal

Visto en 15 apariciones de los programas.

Qué es

Una regla fiscal es una restricción numérica y permanente sobre algún agregado del presupuesto —el gasto, el balance, la deuda o los ingresos— que la autoridad se impone por adelantado para acotar su propia discreción. La definición canónica es la de Kopits y Symansky (1998): una restricción de largo plazo sobre la política fiscal, expresada en un indicador de desempeño agregado. Lo esencial es el "por adelantado": no es una meta que se revisa cuando incomoda, sino un amarre que existe precisamente para los años en que incomoda.

El problema que viene a resolver es el sesgo deficitario: la tendencia sistemática de los gobiernos a gastar más de lo que recaudan, incluso cuando no hay recesión que lo justifique. La teoría le da al menos tres orígenes distintos, y conviene distinguirlos porque cada uno pide un remedio distinto. El primero es la inconsistencia temporal de Kydland y Prescott (1977): un plan de consolidación que hoy conviene anunciar deja de convenir mañana, cuando toca ejecutarlo, y el público lo anticipa. El segundo es el problema del fondo común (Weingast, Shepsle y Johnsen, 1981): cada programa concentra sus beneficios en un grupo identificable y dispersa su costo en todos los contribuyentes, de modo que la suma de decisiones sectorialmente razonables da un gasto agregado excesivo. El tercero es estratégico: Alesina y Tabellini (1990) mostraron que un gobierno que espera perder la próxima elección tiene incentivo a endeudarse, porque así ata las manos de su sucesor. Buchanan y Wagner (1977) habían planteado antes el argumento político más crudo —la asimetría entre el gasto, que se ve y se agradece, y el impuesto, que se ve y se castiga.

Frente a eso, la teoría normativa del endeudamiento no dice "déficit cero". Barro (1979) formalizó el tax smoothing: como el costo de distorsión de los impuestos crece más que proporcionalmente con la tasa, conviene mantener la tasa impositiva estable y dejar que el déficit absorba los shocks transitorios. La deuda es el instrumento correcto para financiar una guerra, una pandemia o una recesión; el problema no es el déficit, es el déficit estructural, el que persiste con la economía operando en su nivel de tendencia. De ahí que las reglas modernas se escriban sobre el balance ajustado por ciclo y no sobre el balance observado: una regla de balance efectivo obligaría a recortar en plena recesión, es decir, a ser procíclica.

Las familias de reglas son cuatro —de deuda, de balance, de gasto y de ingresos— y tienen propiedades distintas. Una regla de deuda ancla la solvencia pero no dice nada sobre el año en curso. Una regla de balance estructural es la que mejor concilia sostenibilidad con estabilización, pero depende de estimar una variable inobservable (el PIB tendencial), lo que abre una puerta a la manipulación. Una regla de gasto —el gasto no puede crecer más que los ingresos estructurales— tiene la virtud de operar sobre lo único que la autoridad controla directamente, y por eso es la que suele mostrar mejor cumplimiento empírico. Kopits y Symansky (1998) propusieron ocho criterios para juzgar una regla: bien definida, transparente, simple, flexible, adecuada al objetivo, consistente con las demás políticas, respaldada por reformas que la hagan viable, y exigible. Ninguna regla real cumple los ocho: simplicidad y flexibilidad tiran para lados opuestos.

Chile es el caso más citado en la literatura. La regla de balance estructural rige desde 2001, se institucionalizó con la Ley 20.128 de Responsabilidad Fiscal (2006) y sumó un vigilante independiente con el Consejo Fiscal Autónomo (Ley 21.148, 2019). Su rasgo de diseño más relevante para lo que discutió el programa es que los dos parámetros que determinan el ingreso estructural —el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre— los fijan comités de expertos externos, no el Ministerio de Hacienda. Frankel (2011) argumentó que ahí está el aporte chileno: no en la fórmula, sino en sacarle al ejecutivo la mano sobre los supuestos.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 3 de agosto de 2026, bajo el tema "La estimación de ingresos como punto crítico de la ley de presupuestos", Willy Díaz puso el dedo en la asimetría fundacional del presupuesto público: "Los gastos son ciertos y los ingresos son estimados".

El argumento del programa es que esa asimetría no es un detalle contable sino la vía institucionalmente correcta para expandir el gasto. Nadie tiene que violar una norma: basta con proyectar ingresos optimistas. El gasto queda aprobado por ley y se ejecuta completo; el ingreso, si no llega, deja un hueco que se financia con deuda —y para entonces el presupuesto ya está firmado y comprometido. El remedio que planteó el programa es exactamente una regla fiscal: que el gasto no pueda crecer más que los ingresos bien estimados.

Ese adjetivo es donde está todo. La literatura documenta que el optimismo en las proyecciones oficiales es sistemático, no aleatorio: Frankel (2011) mostró que los sesgos de los organismos presupuestarios oficiales tienden a ser positivos y a crecer con el horizonte de proyección, y Jonung y Larch (2006) usaron esa evidencia para argumentar que las proyecciones que alimentan una regla deben venir de una entidad independiente del gobierno que las usa. Es la conclusión práctica del punto de Willy Díaz: una regla escrita sobre ingresos que estima el mismo que quiere gastarlos no restringe nada. La restricción se vuelve real recién cuando el numerador y el denominador los calcula alguien distinto de quien firma el cheque.

Relación con otros conceptos

La regla fiscal es una respuesta al sesgo deficitario y opera con la misma lógica de compromiso que la independencia del banco central y las metas de inflación: en los tres casos se sacrifica flexibilidad para comprar credibilidad. Su fundamento cuantitativo es la sostenibilidad de la deuda pública, es decir, la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno y la aritmética entre la tasa de interés y el crecimiento; su fundamento normativo, el suavizamiento tributario de Barro. Se implementa a través del balance estructural o ajustado por ciclo, que exige estimar el PIB potencial o tendencial y, en Chile, el precio de largo plazo del cobre. Su propósito macroeconómico es evitar la prociclicidad fiscal —gastar la bonanza y ajustar en la crisis— y preservar el espacio para que operen los estabilizadores automáticos. Cuando una regla se incumple de forma repetida, aparece el riesgo de dominancia fiscal, que traslada el problema desde el presupuesto hacia la política monetaria y la inflación. Y su complemento institucional son los consejos fiscales independientes, que no deciden pero verifican los supuestos.

Fuentes y lecturas

  • Kopits, G. y Symansky, S. (1998), Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper No. 162, Fondo Monetario Internacional.
  • Barro, R. (1979), On the Determination of the Public Debt, Journal of Political Economy.
  • Alesina, A. y Tabellini, G. (1990), A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, Review of Economic Studies.
  • Frankel, J. (2011), A Solution to Fiscal Procyclicality: The Structural Budget Institutions Pioneered by Chile, NBER Working Paper No. 16945.
  • Marcel, M., Tokman, M., Valdés, R. y Benavides, P. (2001), Balance estructural del Gobierno Central: metodología y estimaciones para Chile, 1987-2000, Estudios de Finanzas Públicas, Dirección de Presupuestos.

Apariciones