Duración del mandato y horizonte de expectativas

Qué es

El horizonte de expectativas es la distancia hacia adelante sobre la cual los agentes económicos —quien decide una inversión, quien contrata a plazo, quien fija un precio— consideran que vale la pena proyectar. No es infinito ni es un dato técnico: está acotado por hasta dónde las reglas del juego se perciben estables. La duración del mandato presidencial es uno de los determinantes institucionales de esa distancia, y opera por cuatro canales bien documentados.

El primero es la credibilidad. Kydland y Prescott (1977) mostraron que un plan anunciado hoy puede dejar de ser óptimo para quien lo anunció cuando llegue el momento de cumplirlo, y que los agentes anticipan esa tentación y descuentan el anuncio. Barro y Gordon (1983) agregaron la pieza que importa acá: lo que disciplina al gobernante es la reputación, y la reputación se construye en un juego repetido. Un mandato corto ofrece menos repeticiones, menos tiempo para acumular reputación y más incentivo a desviarse cerca del final.

El segundo es el sesgo deficitario por rotación. Alesina y Tabellini (1990) formalizaron por qué un gobierno que espera ser reemplazado por otro con preferencias distintas se endeuda más de lo que se endeudaría si esperara seguir: los recursos que ahorre los gastará un sucesor con otras prioridades, así que ahorrar es regalar. Cuanto más corta la tenencia esperada y más polarizado el sistema, mayor el sesgo. Persson y Tabellini (2000) reúnen esa literatura en el manual estándar.

El tercero es el ciclo político-económico. Nordhaus (1975) planteó el ciclo electoral clásico —expansión antes de la elección, ajuste después—; Rogoff (1990) lo reformuló con expectativas racionales, donde el gobernante señaliza competencia distorsionando la composición del gasto. Mandatos más cortos significan elecciones más frecuentes y, por lo tanto, más ciclos por década.

El cuarto es el que conecta todo con la inversión real. Con costos hundidos e irreversibilidad, la incertidumbre sobre la política futura eleva el valor de la opción de esperar: postergar no es indecisión, es la respuesta óptima (Dixit y Pindyck, 1994). Julio y Yook (2012) documentan en 48 países que la inversión corporativa cae en los años de elección nacional y se recupera después, y que la caída es mayor donde el resultado es más incierto. Detrás está la crítica de Lucas (1976): si el agente cree que una política es transitoria, no ajusta su conducta como si fuera permanente, y el efecto esperado de la política no se materializa.

En Chile esto no es abstracto. La Ley 20.050, de 2005, redujo el período presidencial de seis a cuatro años a partir del gobierno que asumió en 2006; la Constitución sigue prohibiendo la reelección inmediata. Antes de esa reforma, Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Lagos (2000-2006) gobernaron seis años. A eso se suma un detalle presupuestario que casi nadie menciona: la Ley de Presupuestos del primer año de un gobierno la tramita y despacha el gobierno saliente, de modo que un mandato de cuatro años tiene en la práctica tres presupuestos propios.

La conclusión analítica es incómoda para quien espera que el problema se resuelva alargando el mandato: lo que extiende el horizonte no es la duración del período sino la probabilidad percibida de continuidad del marco de reglas. Por eso las economías que logran horizontes largos con mandatos cortos son las que tienen instituciones que sobreviven a la alternancia —un banco central autónomo, una regla fiscal, un marco tributario que no se reescribe cada cuatro años—. Chile construyó dos de esas: la autonomía del Banco Central (1989) y la regla de balance estructural (2001).

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 8 de septiembre de 2026, en el bloque «Gobiernos de cuatro años y el horizonte de las expectativas», Willy Díaz puso el problema en términos de aritmética de calendario: "cuando eran gobiernos largos las expectativas se podían ajustar a seis años".

Su diagnóstico fue que se recibe una economía destartalada, con un déficit fiscal grande y un problema de expectativas que hoy no se resuelve, y que con mandatos de cuatro años el primero es de instalación y de administrar lo que dejaron —lo que coincide, sin que él lo mencione, con el presupuesto heredado—. Recién hacia mediados de 2028, si empieza a percibirse la probabilidad de un segundo gobierno con ideas parecidas, el horizonte de proyección vuelve a ser de seis años y, en su lectura, la economía mejora naturalmente.

Vale la pena hacer la cuenta que él deja implícita: a mediados de 2028 quedan unos dos años del período en curso y, si el mercado le asigna probabilidad alta a la continuidad, se le suman los cuatro del siguiente. Seis. Es exactamente la duración que la reforma de 2005 eliminó, reconstruida por expectativa de continuidad en vez de por ley. Y cerró con la advertencia metodológica: el escenario político importa no por la política misma, sino porque de ahí se lee el diseño y la administración de la política económica.

Relación con otros conceptos

Este concepto es una aplicación de las expectativas racionales al terreno institucional, y su pariente más directo es la inconsistencia temporal de la política económica, que explica por qué un anuncio creíble vale más que una medida sorpresiva. Del lado fiscal conecta con el sesgo deficitario y con la regla de balance estructural, que existe precisamente para que el compromiso no dependa de quién gobierne. Del lado monetario, con la credibilidad de la política monetaria y la autonomía del banco central, el caso de manual de una institución diseñada para tener horizonte más largo que el ciclo electoral. Del lado financiero, con el premio por plazo de la curva de rendimientos y con la prima por riesgo país, que suben cuando el horizonte se acorta. Y del lado de la inversión, con la irreversibilidad y el valor de la opción de esperar, y con la incertidumbre de política económica como variable macroeconómica medible por derecho propio.

Fuentes y lecturas

• Kydland, F. y Prescott, E. (1977), Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy 85(3).
• Alesina, A. y Tabellini, G. (1990), A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, The Review of Economic Studies 57(3).
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press.
• Dixit, A. y Pindyck, R. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
• Julio, B. y Yook, Y. (2012), Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles, The Journal of Finance 67(1).