Estabilidad de las reglas del juego

La estabilidad de las reglas del juego es la propiedad de un marco institucional —constitución, leyes económicas, régimen tributario, derechos de propiedad— que hace previsible cómo serán tratadas mañana las decisiones que se toman hoy. No es inmovilidad: es que los cambios ocurran por procedimientos conocidos, con plazos anticipables y sin que cada elección ponga en discusión los fundamentos.

Qué es

La expresión "reglas del juego" viene de la definición canónica de institución de Douglass North: las instituciones son "las reglas del juego de una sociedad, o más formalmente, las restricciones ideadas por los humanos que dan forma a la interacción" (North, 1990). Su tesis —la que le valió el Nobel en 1993— es que el desempeño económico de largo plazo depende menos de la dotación de recursos que de la calidad y persistencia de esas restricciones, porque son ellas las que definen la estructura de incentivos bajo la cual la gente decide si invierte, ahorra, contrata o litiga.

El mecanismo económico es directo. Una inversión de capital fijo —una planta, un hospital, una concesión de treinta años— es en gran medida irreversible: una vez hundido el capital, no se recupera vendiéndolo. Cuando el futuro regulatorio es incierto, esperar tiene valor propio: la opción de invertir más tarde, con mejor información, vale más que ejercerla hoy. Dixit y Pindyck (1994) formalizaron ese resultado y mostraron que la incertidumbre eleva el umbral de rentabilidad que un proyecto debe superar para justificarse, muy por encima del que sugiere el criterio clásico del valor presente neto. La consecuencia práctica es contraintuitiva: la incertidumbre institucional no solo desvía inversión hacia otros países, sino que posterga la que se haría igual, y esa postergación no aparece en ninguna estadística de fuga de capitales.

El segundo mecanismo es el de la inconsistencia temporal, planteado por Kydland y Prescott (1977) —también premio Nobel, en 2004—. Una autoridad puede anunciar hoy una política óptima y tener, mañana, un incentivo genuino a desviarse de ella: prometer que no expropiará y expropiar después de que el capital ya está hundido, o comprometerse con una meta de inflación y sorprender con emisión. Si los agentes anticipan la desviación, la promesa no es creíble desde el primer día y el resultado de equilibrio es peor para todos, incluso si la autoridad es bienintencionada. De ahí que las soluciones sean institucionales y no discursivas: bancos centrales autónomos, reglas fiscales, quórums calificados, tratados de protección de inversiones. Todas comparten la misma lógica de amarrarse las manos, en la línea de Buchanan y Tullock (1962), que distinguen entre las reglas del juego —que se acuerdan en el nivel constitucional, cuando nadie sabe todavía a quién favorecerán— y las jugadas dentro del juego.

Hay un costo del otro lado, y conviene decirlo: reglas demasiado rígidas envejecen mal. Una constitución que no puede adaptarse a cambios demográficos, tecnológicos o distributivos acumula presión por fuera del cauce institucional, y esa presión termina saliendo de golpe. La literatura de Acemoglu y Robinson (2012) insiste en que las instituciones inclusivas se sostienen porque procesan el conflicto, no porque lo congelan. El punto óptimo no es la inmutabilidad sino la rigidez calibrada: alta para lo fundamental, con mecanismos de reforma legítimos y usables para el resto.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 4 de septiembre de 2026 (bdm-2026-09-04), bajo el tema "La necesidad de estabilidad constitucional de largo plazo", Willy Díaz aplicó exactamente esa distinción al caso chileno. Su argumento no fue que una constitución deba ser intocable —al contrario, sostuvo que debe actualizarse cada cierto tiempo a las condiciones cambiantes de la sociedad—, sino que un segundo proceso constituyente bien hecho habría comprado estabilidad por cuarenta o cincuenta años y descomprimido la presión permanente por volver a cambiarla. Su lectura fue que la soberbia de la mayoría republicana desaprovechó esa oportunidad: "Me hubiera gustado que hubiera sido de verdad un esfuerzo serio por darle estabilidad a Chile."

Lo interesante del planteamiento es que trata la estabilidad como un activo que se produce, no como una herencia. Un texto constitucional aprobado por una mayoría estrecha y percibido como el programa de un sector no genera estabilidad aunque esté vigente: deja instalado el incentivo a revertirlo en la próxima elección. La amplitud del acuerdo, en esa lectura, no es un gesto de cortesía política sino el insumo técnico de la durabilidad.

Relación con otros conceptos

Es la contracara institucional de la incertidumbre económica y de su medición mediante índices de incertidumbre de política económica. Se conecta directamente con la inversión —en particular la irreversible—, con el riesgo país y los premios por riesgo soberano, y con el costo de capital que enfrenta una economía pequeña y abierta. Comparte fundamento con la credibilidad de la política monetaria y la autonomía del banco central: ambas son casos particulares del problema de compromiso. También se relaciona con los derechos de propiedad, con el estado de derecho y con la certeza jurídica tributaria; y, por el lado del crecimiento, con la productividad total de factores, dado que buena parte de las diferencias de ingreso entre países que la contabilidad del crecimiento deja sin explicar se atribuye a calidad institucional.

Fuentes y lecturas

• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
• Kydland, F. E. y Prescott, E. C. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3), 473–491.
• Dixit, A. K. y Pindyck, R. S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
• Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
• Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business.