Evaluación de programas como respaldo de los recortes presupuestarios

Qué es

La evaluación de programas es el examen sistemático de si un programa público logra lo que promete, a qué costo y en comparación con qué alternativa. Cuando un gobierno debe recortar gasto, la evaluación se usa como respaldo técnico: permite justificar por qué se reduce o elimina un programa y no otro, en función de su desempeño y no solo de su visibilidad o de quién lo creó.

La idea descansa en tres preguntas que la literatura de evaluación ha ordenado hace décadas (Rossi, Lipsey y Freeman, 2004):

1. Diseño: ¿el programa ataca un problema bien identificado, con una lógica causal plausible entre lo que hace y lo que espera lograr?
2. Implementación: ¿llega a quien debe llegar, con la cobertura y calidad comprometidas?
3. Resultados e impacto: ¿produce cambios atribuibles al programa? Esto exige construir un contrafactual, es decir, estimar qué habría pasado con los beneficiarios sin el programa. Los manuales estándar de evaluación de impacto (Gertler et al., 2016) explican cómo hacerlo con experimentos aleatorios, diferencias en diferencias, regresión discontinua o pareamiento.

Sobre esa base se agrega la mirada de eficiencia: aunque un programa tenga efectos positivos, cada peso que usa tiene un costo de oportunidad. Si otro programa logra más por peso gastado, reasignar recursos mejora el resultado global del presupuesto.

El problema de fondo es de economía política. Como planteó Olson (1965), los beneficios de muchos programas se concentran en grupos pequeños y organizados, mientras que su costo se reparte entre todos los contribuyentes, que tienen poco incentivo individual para defender el recorte. Por eso los afectados suelen ganar el debate público aunque el programa rinda poco. A esto se suma la inercia presupuestaria: Wildavsky (1964) describió cómo el presupuesto tiende a construirse de forma incremental, sobre la base del año anterior, de modo que lo existente rara vez se cuestiona a fondo. La evaluación publicada busca romper ambas dinámicas al poner sobre la mesa información verificable que compita con el relato del grupo afectado.

En Chile, la Dirección de Presupuestos (Dipres) mantiene desde fines de los noventa un sistema de evaluación de programas gubernamentales cuyos resultados se vinculan, al menos formalmente, a la discusión presupuestaria. Este esquema forma parte de la tendencia internacional hacia el presupuesto por resultados (Robinson, 2007).

Conviene tener presentes los límites. Una evaluación puede ser débil metodológicamente, medir productos en vez de impactos o llegar tarde. Además, un programa mal evaluado no siempre debe eliminarse, porque a veces corresponde rediseñarlo. El respaldo técnico ordena la decisión, pero no reemplaza el juicio político sobre prioridades.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio [bdm-2026-10-09] (9 de octubre de 2026), bajo el tema "Composición de los recortes del Presupuesto 2027", se analizó dónde se concentran las reducciones de gasto del proyecto de ley. El diagnóstico fue que los recortes caen en tres bloques: subsidios territoriales, fondos concursables y programas emblemáticos de gobiernos anteriores.

A partir de esa composición, Pepe Arias descartó la lectura de que el ajuste persigue a programas de un signo político determinado:

"entonces claramente aquí uno podría decir no hay sesgos partidistas, hay un foco sobre tipos de programas"

Es decir, el criterio parece estar en la naturaleza del instrumento (transferencias territoriales, concursos, programas de alta visibilidad) y no en su origen político.

El punto central del segmento, sin embargo, fue el de la transparencia. Se pidió publicar la evaluación que respalda cada recorte, con el argumento de que, sin información, en el debate público se impone el eslogan del afectado. Como ejemplos de esa dinámica se mencionaron Yo Elijo mi PC y la Ley Cholito, casos en que, según lo planteado en el programa, la discusión quedó dominada por el mensaje de quienes defendían esas iniciativas más que por un análisis de su desempeño. Es una aplicación directa de la lógica de beneficios concentrados y costos difusos: si el gobierno no muestra la evidencia, el recorte queda indefenso frente a un grupo movilizado.

Relación con otros conceptos

La evaluación de programas se apoya en el análisis costo-beneficio y en el análisis costo-efectividad, que traducen los resultados a una métrica comparable entre programas. Ambos se fundan en el costo de oportunidad: mantener un programa de bajo rendimiento implica renunciar a otro uso del mismo recurso.

Se vincula con el presupuesto por resultados, que intenta conectar la asignación de recursos con el desempeño medido, y con el presupuesto base cero, que propone justificar cada partida desde cero en lugar de partir del gasto histórico, en contraste con el incrementalismo presupuestario.

Desde la economía política, dialoga con la teoría de la acción colectiva y de la captura por grupos de interés, que explican por qué programas con beneficios concentrados sobreviven aunque su evaluación sea mala. También se relaciona con la consolidación fiscal: cuando un gobierno debe ajustar el gasto para cumplir una meta de balance estructural, la evaluación ayuda a que el ajuste sea selectivo y no un recorte parejo.

Por último, la inferencia causal y el problema del contrafactual son la base técnica de cualquier evaluación de impacto seria.

Fuentes y lecturas

• Gertler, P., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. y Vermeersch, C. (2016), La evaluación de impacto en la práctica (2.ª ed.), Banco Mundial y BID.
• Rossi, P., Lipsey, M. y Freeman, H. (2004), Evaluation: A Systematic Approach (7.ª ed.), Sage.
• Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action, Harvard University Press.
• Wildavsky, A. (1964), The Politics of the Budgetary Process, Little, Brown.
• Robinson, M. (ed.) (2007), Performance Budgeting: Linking Funding and Results, Palgrave Macmillan / FMI.