Información hidrológica como bien público

Qué es

Un bien público, en el sentido técnico que fijó Samuelson (1954), no es "un bien que provee el Estado": es un bien con dos propiedades objetivas. Es no rival —que yo lo consuma no deja menos disponible para el resto— y no excluible —resulta caro o imposible impedir que lo use quien no pagó—. De ahí se sigue el resultado incómodo que todo manual introductorio ordena bajo ese título (Mankiw dedica un capítulo entero a bienes públicos y recursos comunes): dejado al mercado, un bien así se produce por debajo de lo socialmente deseable, porque nadie logra cobrar por algo que no puede negar.

La información es el caso extremo. Arrow (1962) lo formuló estudiando la invención: el costo marginal de que un dato más sea usado por otra persona es cero, de modo que el precio eficiente también es cero; pero producirlo costó un monto fijo que nadie recupera vendiéndolo a cero. A eso se suma la paradoja del comprador: no puede saber cuánto vale la información antes de conocerla, y una vez que la conoce ya no necesita comprarla.

La información hidrológica hereda las dos propiedades sin ambigüedad. Cuánta agua lleva efectivamente una cuenca, cuánta se extrae, cuánto demora en reponerse una napa después de un año seco: son estaciones de aforo, pozos de monitoreo y modelos de recarga calibrados durante años —caros de construir, casi gratis de copiar una vez publicados—. Y hay un agravante propio del recurso: los usuarios individuales no solo carecen de incentivo para financiar la medición de la cuenca completa; tienen incentivo activo a no revelar lo que saben de su propio pozo, porque un acuífero declarado sobreexplotado es un derecho de agua que vale menos y una restricción regulatoria que llega antes.

El punto se vuelve estructural cuando se nota que el agua misma es lo opuesto a un bien público: es rival (el metro cúbico que riega un predio no riega el de al lado) y difícil de excluir, o sea un recurso de uso común, la categoría que Ostrom (1990) documentó en cientos de cuencas del mundo. Su hallazgo central para este concepto es que las cuencas que se gobiernan bien —sin colapsar ni requerir estatización— comparten un requisito no negociable: monitoreo creíble y compartido. La información es la precondición de la institución, no un adorno posterior. Sin medición no hay derecho de propiedad que se pueda fiscalizar, ni mercado de aguas que asigne el recurso al uso más valioso, ni regulación proporcionada al daño. Bauer (2004), analizando justamente el Código de Aguas chileno de 1981, describe el problema en esos términos: un mercado de derechos montado sobre un recurso cuya disponibilidad real se conoce mal transa títulos, no agua.

Hay una última razón, financiera, para pagar el dato antes que la obra. Arrow y Fisher (1974) mostraron que cuando una decisión es irreversible y la incertidumbre se resolverá con el tiempo, esperar información tiene un valor económico propio (el valor cuasi-opción). Un embalse o una planta desaladora son inversiones grandes, hundidas y de vida larga; la red de medición que dice si esa cuenca los amerita cuesta órdenes de magnitud menos. Construir primero y medir después no es solo desprolijo: es destruir valor de opción.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 14 de agosto de 2026 (btm-2026-08-14), bajo el tema "El promedio nacional del agua oculta el problema real", Iván Marambio desarmó la cifra que se repite en cada debate hídrico: que más del 80% del agua de los ríos chilenos termina en el mar. "Es una aseveración que es un promedio en definitiva y que, como todo promedio, es bastante injusto", dijo.

La objeción es económica antes que hidrológica. El agua es un bien prácticamente no transable entre cuencas: su valor por tonelada es bajo frente al costo de moverla, así que cada cuenca funciona como un mercado separado que nadie arbitra. Promediar mercados que no se comunican produce un número que no describe a ninguno. En la formulación del programa: el agua sobra donde no se necesita. De ahí que las soluciones sean distintas según la geografía —embalses en el sur, donde hay caudal que regular (Maule, Ñuble, O'Higgins); desalación en el norte, donde no lo hay— y que, pese a las lluvias del invierno, convivan embalses grandes al 15%.

El cierre del argumento es exactamente el concepto: antes que cualquier obra falta información por cuenca —cuánto se ocupa y cuánto demora en reponerse una napa—, que hoy existe solo en un par de casos. Nadie la produce en cantidad suficiente porque a nadie le conviene privadamente producirla, y sin ella cualquier decisión de inversión se toma sobre un promedio nacional que, como todo promedio, es injusto.

Relación con otros conceptos

Es un caso particular de falla de mercado, emparentado con las externalidades: quien mide genera un beneficio que no captura. Se apoya directamente en la tragedia de los comunes y en la teoría de los recursos de uso común, donde el monitoreo es lo que separa una cuenca gobernada de una sobreexplotada. Toca la asimetría de información por el lado del ocultamiento estratégico, y los derechos de propiedad, porque un título sobre un recurso no medido es un derecho mal definido. Por el lado de la inversión conecta con costos hundidos, irreversibilidad y opciones reales: el dato compra la opción de no construir la obra equivocada. Y metodológicamente ilustra la falacia de agregación, el error de leer un promedio como si describiera a sus componentes cuando la dispersión es la variable relevante.

Fuentes y lecturas

• Samuelson, P. A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics, 36(4). https://doi.org/10.2307/1925895
• Ostrom, E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press. (Hay edición en español en el Fondo de Cultura Económica, El gobierno de los bienes comunes.)
• Arrow, K. J. y Fisher, A. C. (1974), Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility, Quarterly Journal of Economics, 88(2).
• Bauer, C. J. (2004), Siren Song: Chilean Water Law as a Model for International Reform, Resources for the Future Press.
• Banco Mundial (2011), Chile: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Región para América Latina y el Caribe.