Política pública de fomento a la innovación

Qué es

La política pública de fomento a la innovación es el conjunto de instrumentos con que un Estado intenta que se produzca más conocimiento nuevo —y que se use— del que el mercado produciría por su cuenta. Su justificación no es una preferencia por lo moderno: es un argumento de falla de mercado, y quien lo dejó escrito en su forma canónica fue Arrow (1962). El conocimiento tiene tres rasgos incómodos. Es no rival (que yo use una fórmula no impide que usted la use), es difícil de apropiar (una vez divulgada, el inventor captura solo parte del valor que creó), y su producción es indivisible y riesgosa (hay que pagar el costo fijo completo antes de saber si funciona). De ahí se sigue que el retorno social de investigar excede al privado, y que una empresa maximizadora invierte menos de lo socialmente óptimo. Nelson (1959) había llegado a lo mismo un poco antes para el caso de la ciencia básica, donde la brecha entre ambos retornos es mayor.

El segundo pilar teórico es de crecimiento. En los modelos clásicos el progreso técnico entraba como maná; Romer (1990) lo puso adentro: las ideas son insumos no rivales, así que acumularlas genera rendimientos crecientes y el crecimiento de largo plazo depende de cuántos recursos se destinan a producirlas. Aghion y Howitt (1992) agregaron la otra cara, la destrucción creativa: cada innovación destruye la renta de la anterior, lo que introduce un sesgo político —los incumbentes tienen más que perder hoy que los entrantes que ganar mañana— y explica por qué el fomento a la innovación tiene enemigos organizados y beneficiarios difusos.

Los instrumentos se ordenan en pocas familias, y la evidencia sobre ellas es desigual. Bloom, Van Reenen y Williams (2019) revisan el menú y lo ordenan por retorno: la inversión en capital humano científico y la apertura a talento extranjero aparecen con la mejor razón costo-efectividad de largo plazo; los incentivos tributarios a I+D y los subsidios directos funcionan con elasticidad razonable en el mediano plazo; las patentes son las más ambiguas, porque el mismo derecho de exclusión que paga la invención encarece la siguiente. Sobre el crédito tributario en particular, Hall y Van Reenen (2000) concluyeron —revisando dos décadas de estudios— que en promedio un dólar de renta cedida compra aproximadamente un dólar de I+D adicional: no es magia, pero tampoco es el desplazamiento total que temían los críticos.

Hay dos objeciones que la buena política toma en serio. La primera es de información: el Estado no sabe qué tecnologías van a servir, y esa era la crítica clásica a la política industrial. La respuesta contemporánea no es negarlo, sino diseñar para ello —fondos concursables, portafolios diversificados, cofinanciamiento que exija que un privado ponga su propio dinero como señal, y evaluación de impacto con contrafactual explícito—. La segunda es de economía política: un instrumento de fomento es también una renta, y toda renta atrae captura. Mazzucato (2013) sostiene la posición contraria y vale enunciarla en su versión fuerte: el Estado no solo corrige fallas, históricamente asumió el riesgo radical que ningún privado tomó (internet, GPS, los componentes del teléfono inteligente), y si financia la cola de las pérdidas debería participar de la cola de las ganancias.

Chile es un caso de brecha entre institucionalidad y gasto. Existe un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2018), una agencia ejecutora (ANID), un crédito tributario a la I+D privada de 35% (Ley 20.241, ampliada en 2012) y programas de CORFO con reputación internacional. El gasto agregado en I+D, sin embargo, se mueve en torno a 0,4% del PIB, contra un promedio OCDE cercano a 2,7%. El diagnóstico incómodo es que el problema no ha sido principalmente la ausencia de instrumentos, sino la baja demanda privada por usarlos.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 11 de septiembre de 2026, discutiendo qué debe hacer el país frente a la inteligencia artificial, Carolina Pérez Echeverría ordenó la respuesta en tres pilares que reproducen bastante bien la estructura de la literatura: apoyar la innovación, crear gobernanza y reglas del juego —porque toda tecnología trae riesgos—, y capacitar para que las personas pierdan el temor, acercando las herramientas a las pymes y a las personas.

Lo notable de esa formulación es que el tercer pilar no es un adorno. Pérez Echeverría lo planteó como un problema de disposición: "en vez de tener este miedo que paraliza, tener esta mentalidad de crecimiento" —la expresión viene de Dweck (2006)—. Traducido a términos económicos, es la observación de que el subsidio a la adopción no compra adopción si el costo relevante no es el precio de la licencia sino el costo de aprendizaje y la incertidumbre sobre el propio puesto de trabajo. Y el énfasis en pymes apunta a una falla distinta de la de Arrow: ahí el problema no es que el inventor no capture el retorno, sino que la empresa chica carece de la escala y del capital organizacional para convertir una herramienta disponible en productividad medida.

Relación con otros conceptos

Esta ficha se apoya en las externalidades de conocimiento y en la naturaleza de bien público de la información, que son su justificación; y en el crecimiento endógeno y la destrucción creativa, que explican por qué importa y quién se resiste. En el tramo de implementación conecta con el capital organizacional complementario a la tecnología —sin rediseño de procesos, la inversión no aparece en la productividad—, con la brecha entre adopción declarada y uso efectivo de una tecnología, con la inversión en capital humano y con la resistencia al cambio por temor al reemplazo. Del lado institucional se cruza con la gobernanza del uso de inteligencia artificial, con las fallas de coordinación que motivan el autodescubrimiento de Hausmann y Rodrik, y con la captura regulatoria como riesgo permanente de cualquier instrumento que reparta rentas.

Fuentes y lecturas

• Arrow, K. (1962), Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, en R. Nelson (ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity, NBER / Princeton University Press.
• Romer, P. (1990), Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy 98(5).
• Hall, B. y Van Reenen, J. (2000), How Effective Are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence, Research Policy 29(4-5).
• Bloom, N., Van Reenen, J. y Williams, H. (2019), A Toolkit of Policies to Promote Innovation, Journal of Economic Perspectives 33(3).
• Mazzucato, M. (2013), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press.