Reasignación de agua entre uso urbano y uso agrícola

Qué es

Reasignar agua entre usos es mover el recurso —o el derecho a usarlo— desde una actividad hacia otra cuando la escasez relativa cambia. El criterio económico es el mismo que ordena cualquier insumo escaso: una asignación es eficiente cuando el valor marginal del último metro cúbico se iguala entre todos los usos, descontados los costos de llevarlo de un lugar a otro. Mientras ese último metro cúbico rinda más en la ciudad que en el potrero, existe una ganancia de intercambio sin explotar, y la magnitud de esa brecha —no el volumen total consumido— es lo que mide cuánto se pierde por no reasignar.

De ahí viene la asimetría que define el problema en casi todo el mundo, Chile incluido: la agricultura concentra del orden de tres cuartos del consumo de agua, pero es el uso con menor valor por metro cúbico; el consumo humano y la industria pagan órdenes de magnitud más. La consecuencia es aritmética antes que ideológica: una reducción marginal en el uso agrícola resuelve un déficit urbano enorme, porque el usuario grande le está transfiriendo al chico. Young y Loomis (2014) dedican buena parte de su manual a por qué medir ese valor marginal es difícil —el agua rara vez se transa a un precio observable— y a por qué ignorarlo lleva a decidir por volúmenes en vez de por valor.

Hay tres mecanismos para reasignar. El administrativo (prioridad legal al consumo humano), el de mercado (derechos de aprovechamiento transables, que en Chile existen desde el Código de Aguas de 1981 y fueron acotados por la reforma de 2022) y uno indirecto que se discute menos: crear oferta nueva en un punto para liberar la existente en otro. Este último no mueve agua, mueve obligaciones.

La razón de que ese tercer camino exista es que el agua no es fungible entre lugares. El bien económico no es "agua", es agua en un punto, en un momento y con cierta calidad, y el costo de cambiar el primer atributo es sobre todo energía. Elevar un metro cúbico mil metros cuesta unos 2,7 kWh en el límite físico y del orden de 4 kWh con bombas reales: comparable a los 3 a 4 kWh/m³ que consume hoy la desalación por ósmosis inversa. Subir el agua puede costar tanto como fabricarla.

Eso convierte a la desalación en lo que Nordhaus (1973) llamó una tecnología de respaldo: una fuente disponible en cantidad prácticamente ilimitada a costo constante, que pone techo al precio sombra del recurso natural. Pero ese techo es local. Rige al nivel del mar y sube con la cota. Si el techo del agua desalada es bajo en la costa y alto en el valle, la asignación eficiente aplica el respaldo donde es barato —las ciudades costeras, con la gravedad a favor— y deja que el agua continental de la cuenca alta se quede donde el respaldo sería caro: el riego y la industria de arriba. La reasignación termina siendo contable y de derechos, no un ducto cuesta arriba.

Las advertencias son las de siempre en recursos comunes. El agua "liberada" puede no estar disponible del todo si el uso original devolvía caudal al sistema (retornos de riego), de modo que una transacción entre dos partes altera a terceros que no la firmaron. Y con derechos mal definidos o costos de transacción altos, el resultado eficiente que sugiere Coase (1960) simplemente no ocurre: la negociación no se hace, o se hace entre quienes pueden pagar los abogados.

Cómo lo explicó el programa

El tema apareció en Buenas Tardes Mercado del 14 de agosto de 2026 (btm-2026-08-14), bajo el título "Desalar para las ciudades y liberar el agua de arriba para el riego", y el argumento del panel fue exactamente el de la tecnología de respaldo local, expresado sin jerga.

El punto de partida fue el obstáculo: llevar agua desalada desde el mar hasta el valle obliga a elevarla, y ese costo de elevación es el que hoy hace difícil cuadrar el precio para la agricultura. Es decir, el problema no es desalar —es subir. La salida que planteó Iván Marambio consiste en dejar de mirar cada obra por separado y pensar el sistema completo: que las desaladoras abastezcan el consumo humano de las ciudades de la costa, donde la gravedad juega a favor, y que el agua continental de la parte alta quede disponible para la industria y el riego. En sus palabras: "Esa agua libera el agua de arriba y la usamos para la industria".

Lo que hace interesante la formulación es que reencuadra la pregunta. La discusión habitual es si la desalación "le sirve" o no a la agricultura, y la respuesta al costo de bombeo actual es que no. Reencuadrada como intercambio, la desalación le sirve a la agricultura precisamente porque no le llega: el beneficio agrícola es el caudal continental que deja de disputar con la ciudad.

Relación con otros conceptos

El razonamiento descansa en el costo de oportunidad —el valor del agua de riego es lo que rinde en su mejor uso alternativo, no lo que cuesta captarla— y en la tecnología de respaldo, que fija un techo al precio del recurso escaso. La ejecución práctica depende de los derechos de propiedad y de los costos de transacción, y su falla típica es una externalidad hidrológica sobre terceros. Como toda escasez, aquí también compiten la asignación por precio y la asignación por regla administrativa, con la particularidad de que el agua tiene un piso normativo (consumo humano) que ningún mercado puede vulnerar.

Fuentes y lecturas

• Young, R. y Loomis, J. (2014), Determining the Economic Value of Water: Concepts and Methods, 2ª ed., RFF Press / Routledge.
• Nordhaus, W. (1973), "The Allocation of Energy Resources", Brookings Papers on Economic Activity, 1973(3).
• Coase, R. (1960), "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, 3.
• Bauer, C. (1997), "Bringing Water Markets Down to Earth: The Political Economy of Water Rights in Chile, 1976-95", World Development, 25(5).
• Donoso, G. (ed.) (2018), Water Policy in Chile, Springer, serie Global Issues in Water Policy.
• Olmstead, S. (2010), "The Economics of Managing Scarce Water Resources", Review of Environmental Economics and Policy, 4(2).