Sobredotación de personal en el sector público

Qué es

Hay sobredotación cuando una organización mantiene más personal del que su producción requiere: el trabajador adicional aporta un producto marginal cercano a cero. No es holgazanería individual ni mala fe; es una propiedad de la planta, no de las personas. La economía del desarrollo le puso nombre temprano —desempleo disfrazado— para describir trabajadores ocupados formalmente cuyo retiro no reduciría el producto total (Robinson, 1936; Lewis, 1954). El caso clásico era el campo; el argumento es general.

En una empresa privada el fenómeno se corrige solo, porque la nómina compite contra el margen y alguien se queda con el residuo. En el sector público faltan las dos cosas. La restricción presupuestaria es blanda —el déficit de un servicio se cubre desde arriba y rara vez amenaza su existencia (Kornai, 1986)— y el jefe de la repartición no captura el ahorro de reducir su planta, sino que pierde presupuesto, personal y atribuciones. De ahí la tesis central de la escuela de elección pública: el burócrata maximiza el presupuesto de su agencia, no su eficiencia, y lo hace con ventaja informativa sobre quien lo financia (Niskanen, 1971). Parkinson (1955) lo había formulado antes como sátira con estructura de teorema: los funcionarios se multiplican por dos mecanismos —el jefe prefiere subordinados a rivales, y los subordinados se generan trabajo entre sí— y el resultado no guarda relación con la carga real.

A eso se suma un uso deliberado del empleo estatal como transferencia. Contratar es una forma de redistribuir ingresos que es selectiva, verificable por el beneficiario y difícil de revertir, lo que la vuelve políticamente superior a un subsidio equivalente (Alesina, Baqir y Easterly, 2000; Robinson y Verdier, 2013). Bajo esa lectura, la sobredotación no es una falla del sistema: es el sistema funcionando.

La dificultad decisiva es de medición. Los servicios públicos no se venden a precios de mercado, así que las cuentas nacionales valoran su producto por la suma de sus costos —fundamentalmente, sueldos—. Eso convierte la pregunta en una identidad: medido así, ningún funcionario sobra jamás, porque su remuneración es el producto que se le imputa. Por construcción, la sobredotación no puede detectarse desde dentro de la contabilidad. Hay que observar el servicio por fuera, y ahí el terreno tampoco es fácil: la producción estatal es multitarea, con dimensiones observables (tiempos de atención) y no observables (calidad de una fiscalización, cuidado de un expediente), y juzgar por lo primero castiga lo segundo (Wilson, 1989; Dixit, 2002).

Cómo lo explicó el programa

El panel del BDM del 22 de septiembre de 2026 tomó el caso de 485 funcionarios apartados de sus funciones durante años y lo convirtió en algo más útil que una denuncia: un experimento. La pregunta de un panelista fue "¿Se ha deteriorado sustancialmente el servicio público en razón de estas suspensiones de cuatro años?". Si la respuesta es no, sostuvo el programa, la conclusión se sigue sola: esos cargos sobran. Mientras tanto el Estado paga dos veces —al suspendido y a quien cubre su función— y una suspensión que se prolonga sin resolverse termina operando como una renta vitalicia.

El razonamiento es una prueba de producto marginal por sustracción, y es exactamente el tipo de evidencia externa que las cuentas públicas no pueden entregar. Vale la pena, eso sí, separar dos diagnósticos que el caso mezcla y que tienen remedios distintos. Si la función quedó cubierta por un reemplazante, el insumo laboral efectivo nunca bajó: lo que el no-deterioro revela entonces es que la persona era prescindible, no que el cargo lo fuera, y el problema es el doble pago, no la dotación. La sobredotación queda probada solo donde el puesto quedó vacío y nada pasó. Conviene además descontar dos efectos: la carga pudo absorberse intensificando el trabajo de los colegas —costo real, pero invisible en cualquier indicador de cobertura—, y parte de la holgura de una organización es reserva con valor de opción frente a alzas de demanda, no puro desperdicio (Cyert y March, 1963).

La segunda observación del programa es la más incómoda y la más sólida. Un procedimiento que paga durante su tramitación y no tiene plazo efectivo invierte los incentivos de quien lo enfrenta: dilatar domina a resolver. Y si la separación deja de ser una amenaza creíble, desaparece el mecanismo que disciplina el esfuerzo en cualquier relación laboral con supervisión imperfecta (Shapiro y Stiglitz, 1984). El costo entonces no es solo fiscal —aunque el gasto en personal sea de los ítems más rígidos del presupuesto—: es la pérdida del único instrumento que alinea al funcionario promedio, que no está suspendido ni sobra.

Relación con otros conceptos

La sobredotación es la forma pública del desempleo disfrazado, y su medida es el producto marginal del trabajo. Persiste porque la restricción presupuestaria blanda desactiva la señal de costo, y se explica desde la teoría de la elección pública y el problema principal-agente entre el ciudadano, el político y la agencia. Cuando el empleo se usa como pago político, el puente es el clientelismo y la búsqueda de rentas. Su contracara honesta es la enfermedad de costos de Baumol: parte del encarecimiento estatal es genuina, no exceso de planta, y confundirlas lleva a recortar donde sí se produce. Y el margen disciplinario conecta con los salarios de eficiencia y con la rigidez del gasto público.

Fuentes y lecturas

• Niskanen, W. (1971), Bureaucracy and Representative Government, Aldine-Atherton.
• Kornai, J. (1986), "The Soft Budget Constraint", Kyklos, 39(1).
• Alesina, A., Baqir, R. y Easterly, W. (2000), "Redistributive Public Employment", Journal of Urban Economics, 48(2).
• Dixit, A. (2002), "Incentives and Organizations in the Public Sector: An Interpretative Review", Journal of Human Resources, 37(4).
• Shapiro, C. y Stiglitz, J. (1984), "Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device", American Economic Review, 74(3).