Sobreprecio en las compras públicas

Qué es

El sobreprecio en las compras públicas es la diferencia sistemática entre lo que el Estado paga por un bien o servicio y lo que ese mismo bien o servicio cuesta cuando lo compra alguien que arriesga plata propia. No es un fenómeno de corrupción por definición: puede haberla, pero la mayor parte de la brecha se explica por incentivos, no por delito.

El punto de partida teórico es la ausencia de un acreedor residual. En una empresa privada hay alguien que se queda con lo que sobra después de pagar todos los costos, y por eso tiene un interés directo y personal en apretar cada peso. Alchian y Demsetz (1972) mostraron que esa figura existe precisamente porque monitorear el esfuerzo ajeno es caro: quien recibe el residuo tiene el incentivo más fuerte para vigilar. En una repartición pública ese residuo no le pertenece a nadie. Si el administrador ahorra un millón, no se lo lleva; si gasta de más, tampoco lo paga. Lo que sí enfrenta es un castigo asimétrico: si el proyecto se cae por comprar barato, la responsabilidad es suya y visible; si compra caro y el proyecto funciona, no pasa nada. El comportamiento óptimo para él es pagar de más.

Sobre eso se monta el problema principal-agente clásico (Jensen y Meckling, 1976): el principal —la ciudadanía, vía autoridad política— no observa el esfuerzo del agente que compra, sino solo el resultado. Milton y Rose Friedman (1980) lo redujeron a una tipología que sigue siendo la explicación más económica del asunto: hay cuatro maneras de gastar, y la peor combinación es gastar plata ajena en beneficio de un tercero, porque ahí no importan ni el precio ni la calidad. La compra pública es, estructuralmente, esa cuarta categoría.

El lado de la oferta completa el cuadro. Los proveedores no son ingenuos: saben quién está al otro lado del mesón y cotizan en consecuencia. Cuando la licitación publica un presupuesto de referencia, ese número deja de ser un techo y opera como ancla: las ofertas se acomodan apenas por debajo en vez de converger al costo. El requisito de "tres cotizaciones", que parece un control de precio, controla en realidad la forma del procedimiento; si las tres provienen del mismo universo de oferentes que conoce el presupuesto, las tres estarán ancladas al mismo número. Y si además hay pocos oferentes habituales y compras repetidas, se dan las condiciones que la literatura de subastas identifica como fértiles para la colusión tácita (McAfee y McMillan, 1992).

La distinción más útil para diseñar remedios la introdujeron Bandiera, Prat y Valletti (2009), que midieron sobre compras públicas italianas cuánto del exceso de gasto era despilfarro activo (sobreprecio con beneficio privado para el funcionario, es decir corrupción) y cuánto despilfarro pasivo (ineficiencia sin beneficio para nadie: procedimientos rígidos, falta de capacidad técnica, aversión a la responsabilidad). Su hallazgo —que la porción pasiva domina— tiene una implicancia incómoda: endurecer los controles anticorrupción puede aumentar el sobreprecio total, porque agrega trámite y aversión al riesgo justo donde el problema no era el robo. Laffont y Tirole (1993) formalizaron el trade-off en el diseño de contratos: un contrato a precio fijo entrega todo el incentivo a bajar costos pero traslada el riesgo al proveedor, mientras que uno a costo más margen elimina el riesgo y también el incentivo.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 18 de agosto de 2026 de Buenos Días Mercado, bajo el tema "El sobreprecio de las compras públicas y la ausencia de dueño", un panelista lo puso en la lógica del oferente que se sienta a cotizarle al Estado: "aquí las lucas no le importan a nadie, así que tírate parrilla nomás". Es la formulación de vereda del argumento del acreedor residual: el privado que licita no está calculando el costo, está calculando cuánta indiferencia hay al otro lado.

El caso citado al aire fue un baño de hospital con presupuesto de 3 millones de pesos, arreglado por 300 mil con un maestro particular: diez veces menos. Y el detalle decisivo no fue el precio, sino el procedimiento: el administrador habría pedido tres propuestas de 3,1, 3,2 y 3,5 millones y se habría quedado tranquilo con la más barata. Tranquilo, además, con razón desde su punto de vista: cumplió la norma, eligió el mínimo del set y la plata no era suya. El control existía y funcionó exactamente como está diseñado; lo que no hizo fue tocar el nivel de precios.

De ahí la conclusión operativa que dejó el programa: el foco de control debe ser el objetivo del programa, no el monto ejecutado. Fiscalizar ejecución presupuestaria premia gastar; fiscalizar resultado premia resolver. Es la diferencia entre presupuestar por insumos y presupuestar por desempeño, y explica por qué el indicador de "porcentaje de presupuesto ejecutado" —que casi todo servicio público reporta con orgullo— es, leído con rigor, una medida de gasto y no de logro.

Relación con otros conceptos

El sobreprecio es una manifestación de riesgo moral en contratos incompletos, emparentado con la restricción presupuestaria blanda que Kornai describió para las empresas estatales: cuando el rescate es previsible, la disciplina de costos desaparece antes que el dinero. Del lado de los proveedores conecta con la búsqueda de rentas, donde el esfuerzo empresarial se desvía desde producir más barato hacia posicionarse mejor frente a quien adjudica, y con la selección adversa, porque un mecanismo que premia al que sabe navegar bases de licitación no selecciona necesariamente al que produce mejor. También toca el costo de oportunidad en su versión más concreta: nueve de cada diez pesos del ejemplo del baño no se perdieron en el aire, financiaban otro baño que no se hizo.

Fuentes y lecturas

• Alchian, A. y Demsetz, H. (1972), Production, Information Costs, and Economic Organization, American Economic Review 62(5).
• Jensen, M. y Meckling, W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 3(4).
• Friedman, M. y Friedman, R. (1980), Free to Choose: A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich (cap. 4, las cuatro maneras de gastar).
• Bandiera, O., Prat, A. y Valletti, T. (2009), Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment, American Economic Review 99(4). DOI: 10.1257/aer.99.4.1278
• Laffont, J.-J. y Tirole, J. (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press.
• Rose-Ackerman, S. (1978), Corruption: A Study in Political Economy, Academic Press.