Traslado del costo de la política social a privados

Qué es

El traslado del costo de la política social a privados ocurre cuando el Estado persigue un objetivo redistributivo o de protección (vivienda asequible, estabilidad laboral, acceso a un servicio) sin financiarlo con su presupuesto, sino obligando a un agente privado a cargar con él. En vez de cobrar un impuesto y pagar un subsidio, el gobierno dicta una regla: el arrendador no puede subir el arriendo más de cierto porcentaje, el empleador tiene que pagar un beneficio, la empresa de servicios no puede cortarle el suministro a quien no paga. El beneficio llega igual al protegido, pero la cuenta la paga otro.

Richard Posner le puso nombre a la idea en su artículo sobre la tributación mediante regulación (Posner, 1971). Su argumento es que muchas regulaciones funcionan como un impuesto implícito a un grupo, combinado con un subsidio a otro, y que nunca pasan por el presupuesto. Para el político esto tiene un atractivo evidente: la medida no aparece como gasto fiscal, no exige subir impuestos visibles y el costo queda repartido entre personas concretas que suelen ser menos numerosas (y menos simpáticas para la opinión pública) que los beneficiados.

El análisis económico agrega dos ideas.

Primero, la incidencia. Quien paga legalmente no es necesariamente quien termina soportando el costo. Es la lección clásica de la teoría de incidencia tributaria (Harberger, 1962; Fullerton y Metcalf, 2002): la carga se reparte según las elasticidades de oferta y demanda. Lawrence Summers (1989) aplicó esto a los beneficios obligatorios que se le imponen al empleador. Si los trabajadores valoran el beneficio, parte de su costo se traslada a salarios más bajos. Jonathan Gruber (1994) lo encontró empíricamente en los seguros de maternidad obligatorios en Estados Unidos, donde el costo se trasladó casi entero a los salarios del grupo cubierto. Dicho de otro modo, el mandato no siempre consigue que pague quien el legislador quería.

Segundo, la respuesta de la oferta. Si el agente gravado puede salir del mercado, lo hace. Un arrendador que espera recibir menos renta, enfrentar contratos más largos de lo que quiere o no poder recuperar su propiedad ante un impago tiene alternativas: vender, dejar la vivienda vacía, pasarla a arriendo de temporada o turístico, o simplemente no construir para arrendar. El "impuesto" implícito reduce la rentabilidad esperada de ofrecer el bien, y la oferta se contrae. Con menos oferta, sube el precio para quienes buscan entrar al mercado. La protección beneficia a quienes ya tienen el contrato y perjudica a los que vienen después.

Esta asimetría entre quienes están dentro y quienes están fuera aparece una y otra vez en la evidencia sobre control de arriendos. Diamond, McQuade y Qian (2019) estudiaron la expansión del control de arriendos en San Francisco. Los arrendatarios cubiertos se beneficiaron, pero los propietarios afectados redujeron en torno a 15 % la oferta de arriendo (convirtiendo unidades a otros usos), lo que empujó al alza los arriendos de toda la ciudad. Richard Arnott (1995) matizó que no todo control de arriendos es igual y que los esquemas "de segunda generación", más flexibles, tienen efectos menos dañinos. El mecanismo de fondo, sin embargo, sigue ahí.

Por último, hay un problema de transparencia. Un subsidio financiado con impuestos se discute en el presupuesto, tiene un monto conocido y se puede evaluar. Un costo trasladado por regulación es invisible para las cuentas públicas, así que es difícil saber cuánto cuesta en realidad la política, quién la paga y si el mismo objetivo se habría logrado más barato por otra vía.

Cómo lo explicó el programa

En Buenos Días Mercado del 5 de octubre de 2026 ([bdm-2026-10-05]), a propósito de la regulación del arriendo en España, el panel repasó seis años de medidas en contra del propietario: contratos mínimos largos, moratoria de desahucios, topes a los reajustes y declaración de zonas tensionadas. El diagnóstico fue que el conjunto contrajo la oferta de arriendo y terminó subiendo los precios, justo lo contrario de lo que se buscaba.

Pepe Arias puso el foco en quién financia esa protección. El objetivo social, que la gente no quede en la calle o que el arriendo no se dispare, puede ser legítimo, pero su costo no salió del Estado sino del dueño de la vivienda: "Entonces el gobierno hizo esta ley, pero el que paga no es el gobierno." Esa frase resume la idea de Posner. La política aparece como gratis en el presupuesto y se cobra en el balance de un privado, que reacciona retirando oferta.

Relación con otros conceptos

El concepto es un caso particular de la incidencia tributaria: la regulación opera como un impuesto implícito, y su carga final depende de las elasticidades y no de a quién nombra la ley. Está muy ligado al control de precios. Un precio máximo por debajo del de equilibrio genera escasez, colas, mercados paralelos y deterioro de la calidad, porque el oferente no tiene incentivo a mantener el bien. También se relaciona con los beneficios obligatorios del mercado laboral (Summers), donde el mismo mecanismo se traslada a salarios o a empleo.

Se conecta además con la teoría de la elección pública. Un gobierno prefiere instrumentos de costo difuso o fuera del presupuesto porque su beneficio político es visible y su costo no. Y se conecta con la inconsistencia temporal y la seguridad jurídica: un inversionista que ve cambiar las reglas a mitad del contrato exige más retorno o deja de invertir, y eso amplifica la contracción de la oferta en el largo plazo. La alternativa que suele proponer la teoría es el subsidio a la demanda o la transferencia focalizada financiada con impuestos generales, que reparte el costo entre todos los contribuyentes y deja que el precio siga funcionando como señal.

Fuentes y lecturas

• Posner, R. A. (1971), "Taxation by Regulation", Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1).
• Summers, L. H. (1989), "Some Simple Economics of Mandated Benefits", American Economic Review, 79(2).
• Gruber, J. (1994), "The Incidence of Mandated Maternity Benefits", American Economic Review, 84(3).
• Diamond, R., McQuade, T. y Qian, F. (2019), "The Effects of Rent Control Expansion on Tenants, Landlords, and Inequality: Evidence from San Francisco", American Economic Review, 109(9).
• Arnott, R. (1995), "Time for Revisionism on Rent Control?", Journal of Economic Perspectives, 9(1).