Costo asimétrico de refutar una simplificación falsa

Qué es

Producir una afirmación falsa y refutarla no cuestan lo mismo, y esa diferencia tiene consecuencias económicas medibles. La formulación popular se le debe a Alberto Brandolini (2013), que enunció lo que hoy se conoce como ley de Brandolini o principio de asimetría: la energía necesaria para refutar una tontera es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. No es un teorema, pero describe una regularidad que la economía sabe modelar, porque en el fondo es un problema de estructura de costos, de incentivos y de un insumo escaso.

El insumo escaso es la atención. Simon (1971) lo planteó con una frase que quedó: una abundancia de información genera una pobreza de atención, y por lo tanto la atención pasa a ser el recurso que hay que asignar. Toda simplificación y toda refutación compiten por ese mismo presupuesto fijo de minutos, y ahí la asimetría opera por tres vías distintas.

La primera es de producción. Un eslogan es una proposición única y autocontenida: se entiende sin premisas previas. Una refutación es una cadena —premisa, mecanismo, conclusión— y cada eslabón es una oportunidad de perder al oyente. Bastiat (1850) describió exactamente esta desventaja al distinguir lo que se ve de lo que no se ve: el mal economista se queda con el efecto inmediato y visible, que es gratis de comunicar; el bueno tiene que hacer visible una cadena de efectos posteriores, y eso cuesta un desarrollo. La asimetría, entonces, no es de honestidad: es de longitud del argumento.

La segunda es de demanda. Downs (1957) mostró que el votante individual tiene un incentivo débil a informarse, porque la probabilidad de que su voto sea decisivo es prácticamente cero mientras el costo de estudiar el asunto es real y presente. Eso es la ignorancia racional, y significa que el mercado de refutaciones enfrenta una demanda estructuralmente baja. Caplan (2007) fue más lejos: cuando sostener una creencia no tiene costo privado, la gente consume las creencias que le resultan agradables, y esos sesgos no son aleatorios sino sistemáticos —en particular, un sesgo antimercado que hace que cualquier alivio tributario a una empresa se lea de entrada como una transferencia a alguien.

La tercera es de vida útil. El costo marginal de repetir el eslogan es cero, y la mera repetición aumenta la credibilidad percibida de un enunciado con independencia de su verdad —el efecto de verdad ilusoria documentado por Hasher, Goldstein y Toppino (1977)—. La refutación, en cambio, no se acumula: hay que volver a producirla frente a cada audiencia nueva, y aun así no borra del todo la creencia original, fenómeno que Lewandowsky y coautores (2012) llaman efecto de influencia continuada.

Junten las tres y la refutación queda descrita como un bien público: no rival, no excluible, con beneficios difusos y costos concentrados en quien la produce. Olson (1965) explica el resultado previsible: se ofrece por debajo de lo socialmente óptimo. El corolario de economía política es el que importa para el diseño de reformas: el espacio de políticas viables se restringe a las que se pueden defender en una frase, y una medida técnicamente correcta pero explicable solo en tres párrafos parte con una desventaja que no tiene nada que ver con su mérito. Fernández y Rodrik (1991) modelaron una versión emparentada de este sesgo hacia el statu quo cuando los beneficiarios de la reforma no saben de antemano que lo serán.

El caso tributario es el ejemplo canónico, porque el punto que hay que explicar es justamente el que la teoría estándar de incidencia enseña primero: quien paga legalmente un impuesto no es necesariamente quien soporta su carga económica. Harberger (1962) formalizó ese análisis para el impuesto corporativo y mostró que la carga se reparte entre capital, trabajo y consumidores según elasticidades, no según a quién le llega la boleta.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 10 de septiembre de 2026 (btm-2026-09-10), bajo el tema "Populismo y el costo de desmentir", Pepe Arias lo enunció en una línea: "Se necesita mucho más energía para desmentir una tontera que para decirla". El programa lo llamó principio de asimetría de las tonteras.

El caso que usó para ilustrarlo fue la ley de reconstrucción. Bajar el impuesto de primera categoría de 27% a un rango de 23-25% se leyó de inmediato como "que los ricos paguen menos impuestos": ocho palabras, ninguna premisa. Explicar por qué esa lectura es incompleta exige, en cambio, un desarrollo entero: que el impuesto a la empresa no es el impuesto a la persona, y que al retirar las utilidades el dueño paga igual su global complementario, con el tributo empresarial operando como crédito contra ese impuesto personal.

Vale agregar una precisión que refuerza el punto en vez de debilitarlo. En Chile el régimen general es semi-integrado: el crédito por primera categoría se imputa solo en parte al global complementario —salvo para residentes de países con convenio, donde es total—, mientras que el régimen Pro Pyme sí está plenamente integrado. Es decir que la corrección del eslogan necesita, a su vez, una sub-corrección. Cada capa de precisión es un costo adicional que el eslogan no paga, y esa escalera es exactamente el fenómeno que el programa estaba describiendo.

Relación con otros conceptos

El ejemplo del programa descansa sobre la incidencia tributaria y sobre la integración del impuesto a la renta, que es el mecanismo que impide sumar el impuesto corporativo y el personal como si fueran dos cargas independientes. Del lado de la demanda de argumentos, el concepto se apoya en la ignorancia racional y en la economía de la atención: la refutación es cara de producir y su comprador tiene poco incentivo a pagarla. Conviene no confundirlo con la asimetría de información, que trata de quién sabe qué; acá lo asimétrico es el costo de transmitir algo que ambos lados podrían saber.

Como la refutación es no rival y no excluible, cae bajo la lógica de los bienes públicos y de la acción colectiva, con la subprovisión que eso implica, y genera una externalidad positiva que nadie internaliza. En economía política conecta con el populismo económico —la preferencia por medidas de beneficio visible y costo diferido—, con el sesgo hacia el statu quo en las reformas y con la credibilidad como activo: quien gasta reputación explicando cosas complejas está invirtiendo en un capital que solo rinde si el público lo reconoce. Finalmente, es un caso de costos de transacción aplicados al debate público, en la línea de Coase: cuando comunicar es caro, el resultado no depende solo de quién tiene la razón.

Fuentes y lecturas

• Bastiat, F. (1850), Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas (ed. en español: Lo que se ve y lo que no se ve).
• Downs, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, Harper & Row.
• Harberger, A. (1962), "The Incidence of the Corporate Income Tax", Journal of Political Economy 70(3).
• Caplan, B. (2007), The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies, Princeton University Press.
• Gruber, J. (2019), Public Finance and Public Policy, 6.ª ed., Worth Publishers (capítulos de incidencia tributaria e impuesto a las empresas).
• Lewandowsky, S., Ecker, U., Seifert, C., Schwarz, N. y Cook, J. (2012), "Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing", Psychological Science in the Public Interest 13(3).