Estabilidad institucional como bien valorado por el electorado

Qué es

La estabilidad institucional es la propiedad de un conjunto de reglas —constitución, derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, reglas fiscales y monetarias— de sostenerse previsibles a través del tiempo y de los cambios de gobierno. La economía no la trata como un valor cívico sino como un insumo productivo. North (1990) definió las instituciones como las reglas del juego de una sociedad, cuya función es reducir la incertidumbre de la interacción humana y, con ella, los costos de transacción: sin reglas estables, cada contrato tiene que anticipar y precificar su propia ruptura.

La certeza jurídica no significa que las leyes no cambien, sino que cambian por procedimientos conocidos y con horizontes anticipables. Ahí aparece el problema clásico de la inconsistencia temporal: como mostraron Kydland y Prescott (1977), un gobierno con discreción plena tiene siempre el incentivo, una vez tomadas las decisiones privadas, de desviarse de lo que prometió —expropiar la inversión ya hundida, inflar la deuda ya emitida—, y los privados, que anticipan ese incentivo, invierten menos desde el principio. Una constitución es precisamente el dispositivo que hace creíble la promesa al atarse las manos por adelantado; Elster (2000) analizó ese mecanismo como una forma colectiva de precompromiso al estilo de Ulises y el mástil.

El punto empíricamente relevante es cuándo se paga el costo. No se paga cuando las reglas efectivamente cambian, sino cuando aparece la posibilidad de que cambien. La inversión productiva es en buena parte irreversible, así que esperar tiene valor de opción: ante un alza de incertidumbre conviene postergar hasta que se despeje, aunque el proyecto siga siendo rentable en valor esperado (Dixit y Pindyck, 1994). Baker, Bloom y Davis (2016) construyeron un índice de incertidumbre de política económica y documentaron que sus alzas anteceden caídas en inversión y empleo. De ahí la asimetría incómoda: un proceso constituyente que termina sin cambiar nada igual cobró peaje durante los años en que estuvo abierto.

Queda la pregunta que da nombre al concepto: ¿por qué el electorado valoraría explícitamente ese bien? Dos mecanismos, ambos con literatura formal.

El primero es el sesgo de statu quo bajo incertidumbre individual. Fernández y Rodrik (1991) mostraron que una reforma que beneficiaría a la mayoría ex post puede ser rechazada por la mayoría ex ante, si cada votante ignora si le tocará estar entre los ganadores. No es irracionalidad ni conservadurismo: es valor esperado cuando la varianza recae sobre uno mismo.

El segundo es la asimetría en la capacidad de cubrirse. Hirschman (1970) distinguió entre salida y voz como respuestas al deterioro de una organización. Quien tiene activos portables y diversificables —riqueza financiera, moneda extranjera, un segundo pasaporte— puede responder al deterioro institucional saliendo, y para él la ruptura de reglas es un riesgo cubrible. Quien tiene activos no portables —un empleo local, una vivienda, un negocio de barrio, ahorros previsionales en el sistema del país— solo dispone de la voz. Se sigue una predicción contraintuitiva: la demanda por estabilidad institucional no crece con el ingreso, crece con la imposibilidad de cubrirse. El grupo que más pierde con una ruptura no es el que más tiene, sino el que tiene lo suficiente para perderlo y ningún sustituto donde ponerlo.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 17 de agosto de 2026 (btm-2026-08-17), bajo el tema "La Constitución nunca fue el problema y la clase media la defendió", Pepe Arias planteó exactamente esa inversión de la intuición. Su pregunta fue: "¿quién defendió de esos dos grandes tsunamis a la constitución chilena? No fue la élite chilena." Según su lectura, la élite "tomó su plata y se fue a Miami" —salida, en el vocabulario de Hirschman— y quienes sostuvieron el texto vigente frente a los dos plebiscitos fueron bolsones de clase media, algo que él propone verificar analizando la concentración territorial del voto contra ambos textos.

El segundo tramo de su argumento separa el diagnóstico del instrumento: los problemas que estaban sobre la mesa antes del estallido —educación y pensiones— eran, sostuvo, solucionables por vía legislativa sin tocar la Constitución, y la vía constituyente convenía sobre todo a los políticos, porque significaba más poder para ellos. Traducido a la teoría, es un argumento de economía política: el costo de la incertidumbre lo pagaba difusamente el electorado, mientras el beneficio de reabrir las reglas se concentraba en quienes iban a escribirlas.

Conviene tomar la parte verificable y la interpretativa por separado. Que ambos textos propuestos fueron rechazados es un hecho; la atribución de esa defensa a un segmento socioeconómico concreto es la hipótesis de Arias, y el propio panelista la deja planteada como algo que hay que ir a mirar en los datos comunales, no como algo ya demostrado.

Relación con otros conceptos

Este concepto es la contracara doméstica del riesgo país: la prima soberana y el spread de la deuda son el precio de mercado que se le pone a la probabilidad de que las reglas no se respeten. Aguas arriba conecta con la incertidumbre de política económica, que actúa sobre la formación bruta de capital fijo por el canal del valor de espera, y con el costo de capital, porque una tasa de descuento más alta poda primero los proyectos de horizonte largo —infraestructura, minería, vivienda— que son justo los que emplean mano de obra menos calificada. Del lado monetario es la misma familia que la credibilidad del banco central y su independencia: instituciones diseñadas para que la promesa sobreviva al incentivo de romperla. Y por el lado de los hogares se enlaza con la dolarización de carteras y la fuga de capitales, que son la salida ejercida, y con la economía política de las reformas, que estudia por qué cambios de suma positiva quedan bloqueados cuando sus ganadores no pueden identificarse por anticipado.

Fuentes y lecturas

• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. Hay edición en español: Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica.
• Kydland, F. y Prescott, E. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3).
• Fernández, R. y Rodrik, D. (1991), "Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual-Specific Uncertainty", American Economic Review, 81(5).
• Baker, S., Bloom, N. y Davis, S. (2016), "Measuring Economic Policy Uncertainty", Quarterly Journal of Economics, 131(4).
• Hirschman, A. O. (1970), Exit, Voice, and Loyalty, Harvard University Press. En español: Salida, voz y lealtad, Fondo de Cultura Económica.