Santidad de los contratos (pacta sunt servanda)

Qué es

Pacta sunt servanda es una expresión latina que significa "los pactos deben cumplirse". Es uno de los principios más antiguos del derecho y dice que un acuerdo celebrado válidamente obliga a las partes. Ninguna puede desconocerlo de forma unilateral. En Chile está escrito casi literalmente en el artículo 1545 del Código Civil de Andrés Bello: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

Para la economía, la santidad de los contratos es mucho más que una regla jurídica. Es la base sobre la que descansan casi todos los intercambios que no ocurren en el mismo instante. Cuando alguien presta plata, contrata un seguro, firma un arriendo o cotiza para una pensión, entrega algo hoy a cambio de una promesa futura. Si esa promesa puede romperse con facilidad, por la contraparte o por el Estado, la gente exige compensaciones mayores, acorta los plazos o simplemente no hace el trato. El resultado es menos inversión, menos crédito y menos especialización.

Douglass North desarrolló esta idea en su obra sobre instituciones (North, 1990). Su argumento es que el desempeño económico de largo plazo depende de que existan reglas que hagan cumplir los acuerdos a bajo costo. Sin un tercero confiable que garantice los contratos, el intercambio se limita a círculos pequeños donde todos se conocen. Junto a Barry Weingast mostró que lo crucial es que el propio Estado quede atado a sus compromisos. En la Inglaterra posterior a 1688, los límites institucionales al poder de la Corona para desconocer deudas y expropiar se tradujeron en un acceso mucho más barato al financiamiento (North y Weingast, 1989).

El principio tiene excepciones reconocidas, y eso no lo debilita. Los contratos pueden anularse por vicios del consentimiento, objeto ilícito o causas que la ley establezca de antemano. El problema económico aparece cuando las reglas se cambian después de firmado el contrato y alteran retroactivamente lo que cada parte esperaba recibir. Ese riesgo de cambio ex post es lo que los inversionistas incorporan en el precio.

Hay también una dimensión de economía política. Romper contratos suele ser popular en el corto plazo, porque los beneficios son visibles y concentrados. Los costos, en cambio, son difusos y diferidos: se reparten entre muchos y aparecen años después. Es el mismo problema de inconsistencia temporal que Kydland y Prescott (1977) analizaron para la política económica. Una autoridad con discreción tiene incentivos a desviarse de lo prometido, y los agentes, al anticiparlo, se comportan de manera menos eficiente desde el inicio.

Cómo lo explicó el programa

En el episodio del 20 de octubre de 2026 [bdm-2026-10-20], el programa dedicó un segmento a las "Lecciones de economía política de los retiros". El análisis repasó los retiros de fondos previsionales aprobados en Chile y los resumió en cuatro lecciones. La primera fue directa: los contratos importan.

Las otras tres se conectan con ella. Los atajos constitucionales usados para eludir la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de seguridad social tienen límite. La urgencia no exime de respetar el procedimiento. Y nada es gratis. Este último punto lo resumió Pepe Arias: "Pagaron los pensionados, pagaron las compañías y pagamos todos los contribuyentes".

La frase muestra cómo se reparte el costo de alterar acuerdos de largo plazo una vez firmados:

• Los pensionados recibieron liquidez inmediata a cambio de pensiones futuras más bajas.
• Las compañías que habían suscrito contratos calculados con otras reglas tuvieron que absorber el cambio.
• Los contribuyentes terminan financiando, por la vía fiscal, el refuerzo de las pensiones que quedaron disminuidas.

El cierre del segmento entregó una regla práctica coherente con el principio: quien proponga nuevos retiros debe explicar quién paga y cuánto. El programa también subrayó que los políticos que impulsaron la medida no asumen responsabilidad por esos costos. Es la asimetría típica entre beneficios visibles hoy y costos dispersos mañana.

Relación con otros conceptos

La santidad de los contratos es inseparable de los derechos de propiedad. Un contrato es, en el fondo, una transferencia de derechos, y su valor depende de que esos derechos estén asegurados. También se vincula con los costos de transacción: cuanto menos confiable es el cumplimiento, más recursos se gastan en negociar, vigilar y litigar.

En finanzas, la seguridad jurídica se refleja en la prima por riesgo y en el costo de capital. Los países donde la ley protege mejor a acreedores e inversionistas tienen mercados financieros más profundos (La Porta et al., 1998).

La teoría de los contratos incompletos (Hart, 1995) agrega un matiz importante. Ningún contrato puede prever todas las contingencias, por lo que siempre habrá espacio para renegociar. La cuestión es si esa renegociación ocurre entre las partes o la impone un tercero sin su consentimiento.

Por último, el concepto se cruza con la credibilidad de la política económica y la inconsistencia temporal. Por eso suelen preferirse reglas estables, instituciones independientes y procedimientos legislativos que actúan como compromiso frente a la tentación de cambiar las condiciones a mitad de camino.

Fuentes y lecturas

• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
• North, D. C. y Weingast, B. R. (1989), "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England", The Journal of Economic History, 49(4).
• Kydland, F. E. y Prescott, E. C. (1977), "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, 85(3).
• La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1998), "Law and Finance", Journal of Political Economy, 106(6).
• Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2012), Por qué fracasan los países, Deusto.
• Wikipedia, "Pacta sunt servanda": https://es.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda