Seguridad física de los activos como condición de la inversión

Qué es

Un activo productivo —una central eléctrica, un camino, una planta— es, antes que un flujo de caja, un objeto físico expuesto. La seguridad física de los activos es la condición de que ese objeto no sea destruido, ocupado, saboteado o inutilizado por terceros, y que si lo es, exista alguien capaz de repararlo o compensarlo. Cuando esa condición no se cumple, la inversión no se encarece: sencillamente deja de hacerse.

Conviene separar dos riesgos que la conversación pública suele mezclar. Uno es la expropiación de derecho: el Estado cambia las reglas, nacionaliza, revoca permisos. El otro es la inseguridad de hecho: el Estado mantiene las reglas, pero no logra hacerlas cumplir, y el daño lo provocan actores privados. El resultado económico se parece, aunque el mecanismo es distinto. Como planteó North (1990), la función económica primaria de las instituciones es reducir la incertidumbre y los costos de transacción, y el servicio más básico que presta un Estado es hacer exigibles los contratos y proteger la propiedad; un Estado que dicta buenas reglas pero no las hace cumplir provee, en términos de incentivos, algo muy parecido a malas reglas. Acemoglu, Johnson y Robinson (2001) documentaron que las diferencias de ingreso de largo plazo entre países se explican en buena medida por la calidad de las instituciones que protegen la propiedad, y Knack y Keefer (1995) mostraron que los indicadores de "orden y ley" y de riesgo de expropiación predicen la tasa de inversión mejor que la mayoría de las variables macro habituales.

El puente hacia las finanzas de la empresa está en la irreversibilidad. Dixit y Pindyck (1994) formalizaron la idea de que la mayoría de las inversiones reales son hundidas —el hormigón vertido no se traslada— y que, ante incertidumbre, esperar tiene un valor de opción: postergar preserva la posibilidad de no perder. La inseguridad física opera exactamente sobre ese margen. No hace falta que el activo sea destruido; basta con que la probabilidad de destrucción sea alta y difícil de estimar para que la opción de esperar valga más que el proyecto.

La irreversibilidad tiene además un costado contractual. Williamson (1985) llamó especificidad de activos al hecho de que una inversión, una vez inmovilizada en un lugar y un uso, pierde valor fuera de ellos; eso deja al inversionista en posición de rehén frente a quien controle el entorno. Vernon (1971) describió el caso extremo con el nombre de obsolescing bargain: el poder de negociación del inversionista extranjero es máximo antes de invertir y se derrumba el día que el proyecto está enterrado en el suelo del país anfitrión.

En la práctica, el fenómeno entra a la valoración por dos puertas. Entra por los flujos esperados, como pérdida probable (probabilidad de ataque × daño + lucro cesante + primas de seguro), y entra por la tasa de descuento, como prima de riesgo país o de proyecto. Los manuales de finanzas corporativas advierten que la primera puerta es la correcta y la segunda la tentadora: inflar la tasa de descuento a ojo castiga por igual todos los años del proyecto y esconde el supuesto, mientras que ajustar los flujos obliga a decir cuánto y cuándo. Existe además un mercado formal para transferir este riesgo —pólizas de violencia política y terrorismo, y garantías multilaterales como las que otorga MIGA del Banco Mundial contra guerra y disturbios civiles—, cuyo precio es, en los hechos, la medición que hace el mercado de la seguridad de un territorio.

Cómo lo explicó el programa

El caso llegó al programa el 9 de mayo de 2025, a propósito del ataque a la central Rucalhue y de la reacción de la embajada china. Pepe Arias fijó la escala del problema con una sola cifra: "en 17 minutos, 20 personas atacan este proyecto y generan daños por 4.000 millones de pesos en infraestructura".

Lo que hace didáctica esa frase es la asimetría. Diecisiete minutos y veinte personas contra un daño del orden de US$4 millones: el costo de atacar es ínfimo frente al costo de lo atacado, y esa razón —no el monto absoluto— es lo que un inversionista mira, porque le dice que el ataque es repetible. Un activo grande, inmóvil y de larga maduración es justamente el que peor puntúa en esa métrica.

El segundo tramo del episodio es el que traslada el tema desde la crónica policial a la economía. El embajador chino no pidió solo que se detuviera a los responsables: exigió que el Estado garantice un ambiente seguro para trabajadores y proyectos chinos, y además compensación. Son dos demandas distintas. La primera trata la seguridad como lo que técnicamente es —un bien público que el Estado provee o no provee— y la convierte en condición explícita de permanencia del capital. La segunda le pide al Estado que actúe como asegurador de última instancia del riesgo que no logró prevenir. En ambos casos la seguridad física deja de ser un asunto de orden público y pasa a ser una variable del contrato de inversión, discutida al nivel de la política exterior.

Relación con otros conceptos

Este concepto es la cara física de los derechos de propiedad: un título perfecto sobre un activo destruido no vale nada. Se conecta con el riesgo país y con la prima por riesgo que se incorpora al costo de capital, y con la inversión extranjera directa, que es la más sensible porque combina activos hundidos con un inversionista que puede elegir otro país. Por el lado de la teoría de la empresa emparenta con los costos hundidos, la especificidad de activos y el problema del hold-up; por el lado de la decisión, con la irreversibilidad y el valor de la opción de esperar. Y en el nivel agregado se toca con la seguridad como bien público y con la externalidad que un ataque impone sobre proyectos que ni siquiera fueron atacados: el daño reputacional de un territorio lo pagan todos los que invierten en él.

Fuentes y lecturas

• North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press. El planteamiento canónico de las instituciones como reglas que reducen la incertidumbre; hay traducción al español en el Fondo de Cultura Económica.
• Dixit, A. K. y Pindyck, R. S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press. El tratamiento estándar de la inversión irreversible y del valor de la opción de esperar.
• Williamson, O. E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, Free Press. Especificidad de activos, apropiación de cuasi-rentas y el problema del rehén.
• Acemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, J. A. (2001), "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", American Economic Review 91(5), pp. 1369-1401.
• Abadie, A. y Gardeazabal, J. (2003), "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country", American Economic Review 93(1), pp. 113-132. La estimación más citada del costo económico de la violencia sobre una región, con el detalle de que las acciones de las empresas expuestas reaccionaron al alto el fuego.
• Brealey, R., Myers, S. y Allen, F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill (varias ediciones). Capítulos de riesgo y tasa de descuento: por qué el riesgo específico se ajusta en los flujos esperados y no a mano en la tasa.